Las residencias de ancianos afrontan la segunda ola de la epidemia en España bajo una gran presión. Tras el “abandono” sufrido en marzo por las autoridades y más de 20.000 muertes, ahora hacen frente a los rebrotes con plantillas mermadas, profesionales “agotados” y temor a un nuevo colapso sanitario. Aunque dicen estar más preparados que al principio de la pandemia de coronavirus, el sector echa en falta una coordinación clara a nivel estatal y reclama una inversión pública mayor para garantizar la atención segura que los mayores merecen. Denuncian, además, la “criminalización” del sector por parte de autoridades y medios de comunicación.
Una de las situaciones más preocupantes es la del personal, “totalmente insuficiente” según denuncia Comisiones Obreras (CCOO). En lugar de haberse dado un refuerzo en las plantillas, que ya se vieron sobrepasadas con los brotes de la pasada primavera, el sindicato ofrece datos alarmantes, con un éxodo de médicos y enfermeros de residencias a la Sanidad Pública de entre el 15% y el 30% y de gerocultores en torno al 20%, cuando el decálogo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) establece la necesidad de un aumento del ratio entre un 20% y un 25% para hacer frente a la COVID-19.
Además, el absentismo entre los trabajadores de las residencias ronda el 20% motivado por “bajas por depresión, ansiedad y problemas físicos por sobrecarga”, sin contar en este dato las bajas por contagios de coronavirus, que van variando día a día. El sindicato ha calculado a su vez que un 5% de estos profesionales se ha acogido a jubilaciones anticipadas.
“Las personas que se mantienen en activo están agotadas. A muchos se les ha suspendido las vacaciones y a otros se les ha hecho volver por los rebrotes”, explica la responsable de Dependencia de CC.OO., María Victoria Gómez.
Añade que la “estampida” de profesional sanitario hacia la Sanidad Pública se debe a que ésta “ofrece mejores condiciones con mejor salario” llegando a triplicar en ocasiones al que los médicos y enfermeros de residencias reciben por un “trabajo durísimo”.
Pero aparte de perder profesionales de la salud, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, señala que "el principal miedo" del sector de las residencias es "que haya otro colapso sanitario" como el vivido en primavera. Pascual, que denunció en el Congreso que los centros habían recibido en marzo órdenes para no trasladar a los ancianos a los hospitales, incide en que los usuarios de las residencias tienen derecho a la Sanidad Pública: "Todos deben de tener claro que nos tienen que dar asistencia sanitaria".
Más preparadas, pero sin coordinación estatal
Pascual destaca que, a pesar de haberse dado este traspaso de sanitarios, está habiendo una negociación con el Gobierno al respecto y que la voluntad es “cubrir” todas las bajas. Añade, además, que los centros están ahora más “preparados” y que el balance es “mucho más positivo que en marzo”, especialmente en lo referido en la sectorialización y los protocolos de separación de casos positivos y sospechosos.
Explica, a su vez, que se han alcanzado acuerdos con algunas comunidades autónomas como Cataluña y Navarra para garantizar el “cribaje mediante PCR” mensual y masivo a los profesionales de las residencias y que está habiendo negociaciones con las restantes para la misma cuestión. Pascual subraya que los profesionales son “el vector de entrada” del coronavirus en las residencias “más complicado” de controlar.
Ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en una residencia mallorquina, que ha tenido que ser intervenida por el Govern y donde se han registrado ya seis muertes y la mitad de contagios entre los residentes. También ha tenido que ser intervenida otra residencia en A Coruña, intervenida el domingo por la Xunta de Galicia por un brote con más de 20 residentes contagiados, así como siete de sus trabajadores.
Precisamente, Pascual reclama a las autoridades que ofrezcan más “seguridad” al sector. “Hay 17 modelos autonómicos diferentes y nos hemos convertido en un búnker, porque se ha cerrado mucho” restringiendo la salida y entrada de los mayores y sus familias para afrontar los rebrotes. “Es importante volver a abrir, pero con seguridad, con un sistema de detección rápida de coronavirus”, añade.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, critica también que no existe “un liderazgo que establezca un plan de contingencia de mínimo común denominador” por parte del Gobierno y que la reunión que prevé tener el Imserso con el sector para abordar esta situación no se dará hasta octubre. Por ello, considera que debería haber un “consejo interterritorial” sobre Dependencia para que haya un consenso y una orden “publicada en el Boletín Oficial del Estado” para poner de acuerdo a las empresas y entidades del sector.
Reclaman una “inyección” económica
Ramírez reclama también una “inyección” de dinero público para garantizar la seguridad en las residencias de todo el país, ya que el modelo funciona de forma distinta según las regiones y hay gobiernos autonómicos que proporcionan, dice, más ayuda que otros, o de forma desigual según sea el régimen de financiación del centro.
El Gobierno excluyó en mayo los servicios sociales del fondo de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas afrontaran los efectos de la pandemia, por lo que la inversión en residencias dependerá directamente de los fondos que reciban las consejerías de Sanidad.
José Manuel Ramírez reclama a su vez “medidas urgentes para no abandonar definitivamente” a las casi 400.000 personas dependientes que están en lista de espera para recibir ayudas, de las cuales 100.000 esperando además obtener plaza en una residencia, según calcula la entidad. En este sentido, denuncia que no se están manteniendo las tasas de reposición ya que siguen sin cubrirse unas 15.380 plazas que han quedado libres desde enero. "Al no cubrirlas con nuevos residentes, “suponen a las comunidades un gasto menos, lo cual es una situación absolutamente vergonzosa y vergonzante”.
Por último, critica la "criminalización" que ha sufrido el sector por parte de los medios de comunicación, de algunos políticos y de la Justicia, precisamente cuando la Fiscalía General del Estado mantiene 178 diligencias civiles y otras 228 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias.