El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto "un plan de choque" para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia que plantea, entre las principales medidas, aumentar las horas de atención domiciliaria y mejorar las prestaciones económicas, y contempla que se destinen 600 millones de euros que irían incluidos en los Presupuestos, según ha podido saber TVE.
Las "Propuestas para la puesta en marcha de un 'Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia'", como se titula el borrador al que ha tenido acceso TVE, se plantean para su debate y aprobación "consensuada" en el seno Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y su debate en la Mesa de Diálogo Social "con el fin de garantizar el máximo consenso en torno a este fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)".
Entre las medidas propuestas por el Gobierno se incluye también ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios, extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación, revisar el actual modelo de copago y reconocer la aportación de las entidades locales.
Reducir listas de espera y agilizar los trámites
El "plan de choque", según el documento, se centra en tres ejes de actuación: mejorar las prestaciones y servicios de los que se benefician las personas dependientes reforzando los derechos que reconoce la Ley de Dependencia, mejorar y simplificar la gestión del SAAD; y aumentar significativamente la financiación del Estado al SAAD, para asegurar que ambas cosas son factibles.
Entre los principales objetivos recogidos en las propuestas se encuentan reducir las listas de espera y trámites administrativos.
En concreto, para agilizar los trámites, el Ministerio de Derechos Sociales propone que los Planes de Atención Individual (PIA) puedan ser modificados en función de los cambios de circunstancia de las personas, sin que ello suponga "reiniciar complejos procedimientos administrativos" y "evitar la declaración de caducidad del procedimiento" por la inactividad involuntaria del interesado.
Otros objetivos, señala, son avanzar hacia un sistema de cuidados que facilite la atención domiciliaria de personas con dependencia moderada y grave, ampliar las prestaciones y servicios "revirtiendo la pérdida de derechos producida en 2012 y 2013", recuperar las cuantías máximas de las prestaciones económicas, priorizar la prestación directa de servicios frente a las prestaciones económicas, y asegurar una financiación adecuada de estas medidas mediante el incremento de la contribución de la Administración General del Estado.
Financiación del plan
En cuanto a la financiación, el plan de choque propuesto contempla que todas las comunidades y ciudades autónomas vean mejorada su financiación respecto a su situación actual. El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023) y supondrían un incremento en 600 millones de euros de la aportación del Estado la Administración al SAAD en el primer año, respecto a los niveles actuales.
El Gobierno asegura que la aplicación de estas medidas tendría un efecto positivo sobre la actividad económica y la creación de empleo, así como supondría un incremento de los ingresos tributarios. "Se estima que por cada euro más de presupuesto puede incrementarse en 40 céntimos la recaudación tributaria, con lo que el Plan de Choque se autofinancia parcialmente", indica el texto.
Respecto a la creación de empleo, "con el escenario del actual modelo de prestaciones y servicios, por cada incremento de un millón de euros invertido en el SAAD se crean más de 37 puestos de trabajo", por lo que en el primer año de aplicación serían unos 24.000 nuevos empleos.
La crisis del coronavirus, según el plan propuesto por el Gobierno, ha tenido "graves consecuencias" sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y a las listas de espera "crónicas" se añade la caída en todos los parámetros de gestión: descenso en el número de solicitudes, resoluciones y beneficiarios con derecho a prestación y "un importante retraso en la gestión de prestaciones".
Además, señala que esta crisis del COVID-19 ha tenido "un impacto muy notorio en los servicios tanto domiciliarios como residenciales" y que se prevé que genere importantes incrementos de coste.