Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, junto a Oxfam Intermón han interpuesto una demanda contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por "inacción e insuficiencia y timidez" en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos contra la emergencia climática.
En el escrito, las tres ONG piden al alto tribunal que exija a España una reducción de emisiones del 55% en 2030 y la neutralidad climática en 2040 y que señale al Estado su responsabilidad en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.
Las organizaciones han determinado como puntos claves para litigar contra el Ejecutivo el incumplimiento de los plazos de presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de las Estrategias a Largo Plazo ante la Comisión Europea, que expiraron el 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 respectivamente.
En su escrito, exponen los motivos para iniciar la demanda contencioso-administrativa y, una vez que sea admitida a trámite, "cargarán" con todos los argumentos jurídicos y científicos.
Denuncian que el Gobierno "vulnera" los compromisos internacionales
En una rueda de prensa telemática, los tres grupos han explicado que con este primer pleito climático contra el Estado, quieren demostrar que el Gobierno "vulnera" los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para no superar los 1,5 grados, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no debería ser inferior al 55% en 2030 -respecto a 1990- y al cero neto en 2040.
Sin embargo, han lamentado que, en España, un país muy afectado por el cambio climático, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.
Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía, "reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes", ha alertado el director de Greenpeace, Mario Rodríguez. "No bastan las palabras es el momento de actuar, la ley nos ampara y la política no nos puede fallar una vez más", ha incidido Rodríguez.
"Consideramos que prevenir los peores efectos del cambio climático es un imperativo y aunque los esfuerzos del actual Gobierno de España van en la buena dirección y los valoramos positivamente, hemos de reconocer que son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París", ha manifestado Rodríguez.
En la misma línea se ha manifestado el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, para quien en estos momentos en que la pandemia de coronavirus muestra la crudeza de una crisis global, no se puede ignorar el problema climático y ha observado que con esta demanda "nos jugamos mucho como sociedad".
Ha recordado la "escasísima actuación de Gobiernos anteriores en materia climática, e incluso nulas", pero, a su juicio, esto no es excusa para materializar el gran compromiso con el Acuerdo de París.
El director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, ha calificado de "hito" esta demanda a la que se han sumado con la mirada puesta en el impacto social del cambio climático en las personas que más sufren sus consecuencias y que carecen de la capacidad para hacerle frente.
Lamentan que España lleva años emitiendo más en lugar de reducir
Los grupos han advertido de que "llevamos años emitiendo GEI por encima de lo establecido", para recordar que, durante el reparto para cumplir con la reducción de emisiones recogidas en el Protocolo de Kioto, a España se le permitió un incremento del 15% respecto a las de 1990, en lugar de reducirlas como a la mayoría de Estados de la Unión Europea.
A su juicio, lejos de respetar ese límite, España ha incrementado sus emisiones, y solo el impacto de la posterior crisis económica redujo las emisiones hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta hoy.
Para las organizaciones, con los objetivos previstos por el Gobierno para disminuir los GEI no se evitará el impacto de sequías, aumento del número de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar, situaciones que, afectarán, en mayor medida, a los más vulnerables.
En este sentido, Franc Cortada ha explicado que el cambio climático no afecta igual a todos, ya que países que apenas tienen responsabilidad en el problema sufren de forma exponencial sus impactos en el día a día y ha recordado que el 10% más rico del planeta es responsable del 50% de las emisiones de CO2 mientras que más del 50% de la población apenas emite el 10% del CO2 mundial.
Respecto a la demanda interpuesta, los servicios jurídicos de las organizaciones han explicado que, aunque esta prosperara en los próximos meses, se trata de "veredictos difíciles de llevar a cabo", porque el Estado carece de mecanismos necesarios para obligar a su ejecución, por lo que apelan a la sociedad para exigir su cumplimiento.
Es la hora -han coincidido los tres- de adoptar medidas pertinentes con "las obligaciones históricas y ambientales del país" y de aprobar planes de protección ambiental con una amplia participación pública y una evaluación ambiental estratégica.
Asimismo, denuncian que estos incumplimientos son, en definitiva, una "vulneración de los derechos humanos" porque el Tribunal Europeo ha manifestado que sin una protección adecuada al medio ambiente no se puede garantizar el derecho a la vida y a la salud, derechos esenciales para las generaciones presentes y futuras. "Este es un problema inaplazable", han sentenciado.
No es el primer litigio
El actual litigio no es el primer aviso al Gobierno, puesto que las tres ONG ya presentaron una reclamación ante la inactividad climática de la Administración General del Estado a la que conminaban a adoptar las medidas pertinentes para cumplir con las obligaciones históricas y ambientales del Estado, pero ante la falta de respuesta del Gobierno, las ONG inician la vía judicial.
Tampoco es la primera vez que se presenta un litigio contra un Gobierno por la inacción ante la emergencia climática. De hecho, recientemente se han multiplicado en el mundo y hasta la fecha se han presentado demandas en al menos 39 países.
Aunque la mayoría son contra las grandes corporaciones hay otros como el presentado ahora en el Tribunal Supremo que se dirigen contra los Estados en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda.