La madre de Luis cumplió 65 años en septiembre de 2019 y aún no sabe cuándo podrá cobrar su pensión de jubilación, aquella por la que ha estado cotizando durante los últimos 43 años como autónoma agraria. Lleva desde diciembre del pasado año intentando solicitar cita previa en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin éxito, asegura a RTVE, porque nadie responde al teléfono y el sistema online no funciona.
“A día de hoy, a falta de 5 días para cumplir los 66 años, continuamos intentando gestionar una cita para la prestación merecida”, lamenta Luis, quien en un último intento ha enviado, a solicitud de un abogado gestor, una petición de cita por carta, con la esperanza de que así puedan resolver cuanto antes la prestación de su madre.
Esta situación se repite a diario en la mayoría de provincias españolas, agravada desde la llegada del coronavirus. Según ha podido comprobar RTVE, a la hora de solicitar una pensión de forma presencial en una oficina de la Seguridad Social, ya sea de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o favor de familiares, la mitad de provincias no disponen de citas previas ni dan la posibilidad de pedirla para los próximos meses.
Es el caso de Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga o Las Palmas y otras 19 provincias junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El mensaje que aparece al gestionar la petición es el siguiente: “Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, puede intentar de nuevo su búsqueda volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación”.
Mensaje que aparece en la página web de la Seguridad Social al tratar de pedir cita en 24 provincias españolas RTVE.es
Desde el pasado mes de marzo, las oficinas de la Seguridad Social están desbordadas, sobre todo a raíz de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.
Luis nos cuenta que su madre intentó en julio pedir cita de forma presencial en una oficina de Toledo y que le indicaron que entonces “sólo gestionaban citas de asuntos referentes al ingreso mínimo o bajas médicas laborales de urgencia” y que, hasta nueva orden, no se iniciarían los trámites para atender nuevamente prestaciones por jubilación. “Esto fue asombroso”, recuerda con indignación.
Colapso también en la Sede Electrónica
Más complicado aún si cabe es realizar los trámites a través de la Sede Electrónica, una opción por la que se decantan aquellos que ya han renunciado a acudir a una de las oficinas de forma presencial. Daniel Vera, Graduado Social y Jurista especializado en Derecho Público, nos cuenta que tardó hasta seis horas en realizar una burocracia que, como máximo, en una hora está resuelta.
“Cualquier ciudadano hubiese desistido, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una solicitud de prestación por jubilación y los interesados son normalmente personas de más de 65 años de edad”, explica.
“La mujer acabó recurriendo a mí por la negligencia de la Seguridad Social“
En este caso, una mujer que cumplía todos los requisitos para solicitar la jubilación acudió a su despacho tras contactar por todos los medios y sin resultado con la Seguridad Social. “La mujer acabó recurriendo a mí por la negligencia de la Seguridad Social y la falta de presencialidad y atención telefónica al ciudadano”, asegura el abogado, quien lamenta que a pesar de ser un trámite completamente gratuito, las personas se ven obligadas a pagar a un profesional para poder cobrar la prestación.
“Para más inri, la página no está preparada ni si quiera para los profesionales que nos dedicamos a ello: se colapsó más de 10 veces debido a que todos los ciudadanos y profesionales utilizamos de golpe la Sede Electrónica al suspender la presencialidad”, señala Vera, lo que también evidencia “que en pleno 2020 seguimos con deterioros que no solo sufren los profesionales, sino el propio ciudadano que no conoce ni el uso del sistema clave”.
A esto hay que sumar los plazos de la Administración para resolver la solicitud. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona, la Seguridad Social tarda en solventar este trámite entre 30 y 45 días, por lo que Vera, que realizó la petición en julio, aún no ha recibido ningún tipo de notificación al respecto ni tampoco puede consultar su estado: “Los profesionales no podemos acceder al expediente si no es con el certificado o DNI electrónico de esa persona, algo que a día de hoy resulta absurdo y entorpece el trámite, debiendo esperar a que la Seguridad Social se lo notifique por correo ordinario al interesado”, denuncia.
El Ministerio se ampara en las medidas sanitarias
Desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá aseguran a RTVE que el colapso en la petición de citas se debe a que las medidas de seguridad por la COVID-19 les obligan a atender a menos personas que antes.
Es una cuestión únicamente sanitaria, explican, ya que cada vez que se atiende a una persona hay que desinfectar el mobiliario y los trabajadores deben lavarse con gel hidroalcohólico, lo que hace que con el mismo número de trabajadores se pueda atender a menos personas. Además, recuerdan que las oficinas estuvieron cerradas desde el 14 de marzo hasta el 25 de junio, por lo que muchas de las gestiones que no se realizaron entonces, se han dejado para este momento.
Para facilitar los trámites, desde el Ministerio apuntan a que han habilitado un buzón por cada provincia para enviar directamente la documentación y que se ha puesto en marcha el servicio ‘Te Ayudamos’, por el que se da una “cita previa virtual”, de forma que el ciudadano elige el momento en el que el técnico le llamará para atender su solicitud.
Así, afirman ser “conscientes” de que en algunas zonas la reapertura de la atención presencial ha agotado las citas previas, pero señalan que es prioritaria la salud de los trabajadores y ciudadanos y “desgraciadamente en este contexto" no pueden atender a las mismas personas que antes.
Los sindicatos denuncian la falta de personal
Los sindicatos, por su parte, denuncian que la gestión de estas ayudas sociales está provocando una sobrecarga de trabajo y que el personal de la Seguridad Social es “incapaz” de atender las demandas de los usuarios.
“El Ingreso Mínimo Vital ha venido a desbordar un problema que ha tenido la Seguridad Social desde hace varias décadas. Llevamos 30 años diciendo que esto hay que arreglarlo y nadie ha hecho nada”, explica el Coordinador Estatal de la Seguridad Social FeSP-UGT, Martín Lanzas, quien afirma que antes del coronavirus la Comunidad de Madrid estaba dando citas con un mes y medio de retraso.
24 horas - Pepe Álvarez (UGT): "La situación del IMV es irreal y se debe pagar de manera inmediata por humanidad" - Escuchar ahora
Así, el sindicato achaca los problemas de gestión no a las medidas sanitarias, sino a una plantilla envejecida, cuya media de edad supera los 55 años, y a la falta de personal. Y es que, según los datos de UGT, en enero de 2010 había un total de 31.897 empleados públicos en la Seguridad Social y en casi diez años este número se ha reducido alrededor de un 20 %, quedando en 25.841 personas. “Lo peor que nos podría ocurrir a la ciudadanía es normalizar esta situación y asumir que hay que esperar seis meses para realizar un trámite de este tipo”, advierte.
“Para solucionarlo hacen falta, como mínimo, unos 10.000 funcionarios“
Respecto a las nuevas medidas telemáticas, Lanzas considera que son solo “maquillaje” y que la situación real en la Seguridad Social es de “colapso” ya que “el sistema ha perdido la capacidad de asumir el volumen de gestión que se le demanda”. Así, asegura que el Gobierno pretende atender con el mismo personal un volumen de trabajo, que no cesa de aumentar, en prestaciones de jubilación, incapacidad, viudedad o a favor de familiares y a las que ahora se une el Ingreso Mínimo Vital. Para solucionarlo hacen falta, como mínimo, unos 10.000 funcionarios, señala.
“Nos hemos dirigido al secretario de Estado, al ministro y ahora, si no presentan un proyecto de reordenación, movilizaremos a los trabajadores no solo en su defensa, sino también del servicio que se ofrece a la ciudadanía”, concluye el coordinador.