El incesante repunte de contagios de COVID-19 de las últimas semanas en España, que este lunes ha superado los 405.000 casos tras registrar más de 19.000 durante el fin de semana, ha llevado a varias comunidades a endurecer las restricciones para contener la propagación del virus, pero con medidas que por el momento no se traducen en el freno de la actividad económica. Cataluña ya prohíbe las reuniones de más de diez personas, Murcia las limita a un máximo de seis y la Comunidad de Madrid pide evitar los encuentros "innecesarios".
Con el fin del estado de alarma el 21 de junio y el cese del mando único de Moncloa, la toma de decisiones en materia sanitaria corresponde a los gobiernos autonómicos, que en los últimos días están anunciando nuevas medidas en cada territorio. Hasta el viernes, las únicas que coincidía a nivel nacional eran la prohibición de fumar al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia social, la obligación de llevar mascarillas en todo momento y el cierre del ocio nocturno. Pero el rechazo de un juez en Madrid y otro en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) a estas tres restricciones ha generado desigualdad a lo largo del país.
En cambio, la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, que se aceleró en Aragón o Cataluña en julio, va homogeneizándose ya a lo largo del territorio nacional, con regiones como Extremadura, Baleares alertando de una situación epidemiológica similar a la de marzo, que califican ya como una segunda oleada de la pandemia al detectar transmisión comunitaria del virus.
Limitación de reuniones sociales
Dos meses desde el inicio de la llamada nueva normalidad, las autoridades han puesto el foco en los más de 1.000 brotes detectados en el país, la mayoría relacionados con reuniones sociales y familiares y el ocio nocturno. Sanidad advertía ya al inicio del verano que un brote -formado por un mínimo de tres contagios relacionados o uno en centros sociosanitarios- podía descontrolarse fácilmente y desencadenar un brote mixto, esto es, contagios que se inician en un ámbito para después extenderse a otro.
Entonces, Lleida y Aragón eran las zonas más afectadas por los brotes originados entre temporeros, lo que llevó al confinamiento de varios municipios leridenses y el retroceso de buena parte de Aragón a la Fase 2 del plan de desescalada del Gobierno. La pasada semana, el País Vasco declaraba la emergencia sanitaria y restringía las reuniones sociales, incluidos los niños.
Este lunes, la Generalitat de Cataluña también ha anunciado la prohibición de las reuniones de más de diez personas en toda la comunidad, tanto en el ámbito público como el privado, a excepción del entorno laboral y los transportes.
Cataluña prohíbe las reuniones de más de diez personas y hará medio millón de test en las aulas
Una decisión que también ha tomado Murcia, donde también se han restringido las reuniones a un máximo de seis personas, a pesar de que la comunidad registra una incidencia acumulada de 88,89 casos por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de los 166,18 contagios a nivel nacional. Allí, el aforo en bodas, bautizos y comuniones se reduce de 200 a 30 personas, mientras que los velatorios y actos fúnebres solo podrán congregar a 15, 25 si es en espacios al aire libre.
En Madrid, las autoridades han pedido a los ciudadanos que eviten las "interacciones sociales innecesarias", especialmente en las zonas del sur de la capital, con mayor incidencia, pero sin limitar la actividad económica y laboral. La excepción en la comunidad es Tielmes, donde el domingo se cerró la hostelería y se suspendieron las actividades colectivas de ocio. Con todo, el gobierno regional no descarta imponer más restricciones o llegar a confinamientos selectivos en determinadas zonas si la situación así lo requiere.
Llamamiento a evitar desplazamientos en Madrid y Aragón
La movilidad es uno de los factores que más influyen en la propagación del virus. Mientras varios países europeos imponen cuarentenas o exigen pruebas diagnósticas a viajeros procedentes de determinadas zonas españolas, los desplazamientos solo se ha restringido en determinadas localidades de forma temporal, como ya ha ocurrido en zonas de Lérida, Galicia, Valladolid, Burgos o Extremadura. "Ha tenido un componente muy importante desde el 21 de junio", según ha reconocido este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Aragón y Cataluña fueron las primeras comunidades en recomendar evitar los desplazamientos a sus ciudadanos, algo que en los últimos días pide también Madrid.
En cuanto a la hostelería, el cierre de locales se ha adelantado a la 1 de la madrugada, a excepción de Madrid y Ciudad real por el freno del juez.
Las residencias empiezan a blindarse
La tercera edad es el colectivo más vulnerable ante una pandemia que ya ha dejado más de 19.700 muertos en residencias de ancianos. Y aunque a lo largo del verano la edad media de los pacientes se ha reducido de los 62-63 años a una media de 35 años, los brotes detectados en varias residencias ya han disparado las alarmas.
Se extiende la preocupación por las residencias de mayores tras los últimos brotes de Covid-19
La alerta surgió en Madrid a principios de agosto con los primeros brotes en Valdemoro y San Martín de la Vega y los centros ya están en el nivel máximo de riesgo, lo que ha llevado a la comunidad a adoptar medidas: pruebas PCR para todos los nuevos empleados y aquellos que se reincorporen de vacaciones, para los nuevos ingresos y límite de visitas a una hora diaria. "Podemos reducir el efecto en las residencias, pero si sigue aumentando la transmisión, [el virus] acabará entrando", ha advertido Simón.
En Tudela (Navarra), las autoridades han decidido blindar las residencias tras detectar un brote con 13 ancianos contagiados y tres empleados en una residencia.
La vuelta al cole, la gran incógnita
Y entretanto, las incógnitas sobre la vuelta al colegio mantienen en vilo a padres y profesores de todo el país a apenas dos semanas del inicio del curso. A la espera de la reunión de Educación y consejeros este jueves, las autonomías ya han ido presentando sus propios planes para el inicio del curso.
Entre otras medidas, se propone realizar pruebas PCR al personal docente antes de la reincorporación, el uso de mascarillas en centros educativos, la limitación de alumnos por aulas en colegios, fórmulas semipresenciales a principios del curso o incluso la creación de un coordinador COVID-19 en constante comunicación con los centros de salud.
El Ministerio de Educación ha defendido a lo largo del verano que el curso debe ser presencial para proteger la educación, las relaciones sociales y la vulnerabilidad de colectivos con rentas más bajas que no disponen de los recursos tecnológicos para disfrutar de una educación a distancia y no contempla modificar la fecha del inicio del curso. "Si la situación no lo permite, habrá que replantearlo", ha asegurado Simón, que lleva varios días advirtiendo de la importancia de llegar a septiembre con el mínimo posible de contagios.