El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el ingreso mínimo vital (IMV) a más de 80.000 hogares hasta el 17 de agosto de un total de 750.000 solicitudes. De ellas, 74.000 ayudas se han concedido de oficio. Las otras 6.000 representan apenas un 0,8% de las solicitudes presentadas.
Según datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta el momento la Seguridad Social ha analizado 143.000 de esas solicitudes. Según ha detectado el INSS, un 7,5% del total de las solicitudes se han recibido por duplicado. Además, cerca de un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento han llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento), lo que implica que la entidad comunique al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida.
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Hasta la fecha, entre las revisadas hay más de 25.800 solicitudes pendientes de documentación. Por otro lado, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes. Más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema. Estos datos llegan después de informar a través del portal de transparencia a la Asociación Víctimas del Paro de que desde mediados de junio hasta el 7 agosto se habían aprobado 3.966 solicitudes.
El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de mayo esta prestación para los hogares más vulnerables, que cumplía in extremis un compromiso del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. La cuantía oscila entre los 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros dos adultos con tres hijos o tres adultos y dos niños.
Denuncian falta de personal y problemas presupuestarios
El presidente de la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, denuncia como posible causa del retraso un "problema presupuestario" y falta de personal en la Seguridad Socialpara dar respuesta con más celeridad a las solicitudes. "Creemos que es un problema económico. No hay otra explicación, teniendo en cuenta que esas personas no han cobrado siquiera en agosto", ha afirmado.
“A este ritmo de 4.000 cada dos meses no sé cuanto tardarían en llegar a las 800.000 familias”, ha lamentado, haciendo referencia al número de hogares que el Gobierno estima que podrían beneficiarse de la prestación, esto es, aproximadamente 2,3 millones de personas.
Entre ellas está Estefanía López, que solicitó el ingreso mínimo vital a mediados de junio y asegura que cumple todos los requisitos. Todavía no ha obtenido una respuesta. "No saben nada. No hay ningún registro a mi nombre y yo tengo un papel que demuestra que lo he echado. No está ni denegado, ni visto ni nada", ha relatado a TVE.
Otros muchos solicitantes temen que pasados los 90 días se declare el silencio administrativo y no les llegue el ingreso.
Al menos 74.000 familias cobrarán desde hoy el ingreso mínimo vital
El Ministerio asegura que tendrá carácter retroactivo
De acuerdo con fuentes del Ministerio consultadas por RTVE, los trabajos iniciales se concentraron en comprobar que 74.000 familias cumplían y podían recibir de oficio esta renta, mientras se recibían las primeras solicitudes. Como Escrivá, señalan errores, duplicidades y falta de documentación que se suma a los problemas para que las oficinas de la Seguridad Social funcionaran de manera normal por los protocolos de seguridad de la crisis sanitaria.
Por su parte, aunque reconocen la posible existencia de errores, desde la Asociación Víctimas del Paro apuntan a problemas de claridad y concisión en el Boletín Oficial del Estado al detallar los documentos necesarios para la solicitud.
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado este jueves que a quienes hayan realizado la solicitud del ingreso mínimo vital (IVM) hasta el 15 de septiembre, y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio.
Las tramitaciones continúan, asegura el Ministerio, y se ha llegado a acuerdos con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos para que la gestión sea más ágil, pero desde UGT califican la gestión de "caótica" y critican el exceso de requisitos. "El Gobierno ha quedado en resolverlas antes del 1 de septiembre. Yo quiero decirle al Gobierno que las solicitudes de comer no tienen plazos", ha replicado el Secretario General del sindicato, Pepe Álvarez, quien en una entrevista en RNE ha pedido un "sistema más automático" para que la prestación llegue a las familias.
La solución, según la Asociación Víctimas del Paro, pasa por aumentar el presupuesto, eliminar requisitos y contratar más personal para agilizar el trámite de las solicitudes.