El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha celebrado "la victoria jurídica" que ha supuesto la anulación de la sentencia del caso Bateragune y ha anunciado que, al igual que el resto de los dirigentes de la izquierda abertzale que se encontraban condenados, reclamará una indemnización al Estado por "error judicial". Otegi considera que también se ha producido "una victoria política" ya que la izquierda independentista es "más fuerte" que hace diez años.
"Hemos pagado un precio muy duro pero estamos muy satisfechos con el trabajo que hicimos y, por este país, hemos estado dispuestos a pagar ese precio", ha asegurado en rueda de prensa Arnaldo Otegi, quien ha emplazado al Estado a decir "cuándo va a hacer una apuesta por las vías pacíficas y democráticas".
Para Otegi, es "curioso" que el fallo del Supremo se haya producido "quince días después" de celebrarse las elecciones vascas, a las que no pudo concurrir como candidato.
Operación urdida por las "cloacas del estado"
En su opinión, la operación que llevó a la cárcel a los encausados por el caso Bateragune fue "una operación de estado, sin base jurídica y urdida por las cloacas".
"Se llevó a cabo con un gobierno del Partido Socialista, pero nos enfrentamos a una operación diseñada con distintos objetivos", ha relatado, para añadir que entre estos se encontraba el de "impedir la paz en nuestro país". A su juicio, el Estado español "no tenía interés en que la izquierda independentista vasca cambiara de estrategia", ya que "algunos estaban más cómodos en otros escenarios".
Además, ha indicado que otros objetivos eran la división de la izquierda independentista y "destruir el proyecto independentista y socialista".
Pero, según ha señalado, estos objetivos no se han cumplido porque hace diez años "la izquierda era ilegal" pero, pasado ese tiempo, EH Bildu "es la primera fuerza municipalista" en Euskadi y Navarra y tiene un "crecimiento homogéneo en los siete territorios" -lo que incluye el País Vasco francés".
"La lectura es bien sencilla, hoy ellos son más débiles y la izquierda independentista es más fuerte, ha sido una victoria jurídica y política", ha añadido.
Seis años y medio de prisión
El Tribunal Supremo anuló el viernes la sentencia del caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenase a España por la parcialidad de una jueza. El exdirigente sindical Rafa Díez; Miren Zabaleta; Sonia Jacinto y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, además del propio Otegi, cumplieron penas de entre seis y seis años medio de prisión y fueron inhabilitados para cargo público por un delito de pertenencia o integración en organización terrorista al intentrar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune.
Arnaldo Otegi salió de la cárcel en marzo de 2016 tras cumplir los seis años y medio de condena, pero seguía estando inhabilitado, lo que le impidió concurrir en las elecciones vascas de ese mismo año.
Según ha anunciado el abogado Iñigo Iruin durante la comparecencia, tras la resolución del Supremo, los afectados van a solicitar que se declare "la responsabilidad patrimonial del Estado por los evidentes perjuicios causados por la administración de justicia" y la reclamación de indemnización.
El abogado ha señalado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en el caso del "error judicial" no es necesario otra sentencia que reconozca ese error porque el fallo del Supremo ya lo hace de forma "tácita", por lo que reclamarán la "responsabilidad patrimonial del Estado" y la indemnización correspondiente, para lo que tienen un plazo de un año.
Iruin ha explicado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son "jurídicamente obligatorias" para los Estados pero "no ejecutivas", por lo que son los tribunales nacionales los que deben establecer cómo se aplican.
El fallo del TEDH consideró que hubo una vulneración de los derechos de Otegi al ser juzgado por un tribunal "no imparcial" y ahora el Supremo ha declarado la "nulidad total" del proceso en la Audiencia Nacional y el propio TS, lo que incluye a los otros cuatro condenados. "No debieron ser condenados en ningún caso", ha sostenido.