Hay diez medidas “urgentes” que las autoridades deberían aplicar para afrontar la crisis social que deja la pandemia del coronavirus, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Se trata de iniciativas que no suponen un “incremento presupuestario” pero que resultan “imprescindibles” para proteger a las personas vulnerables frente a la “pobreza y la exclusión social”.
En un comunicado, la entidad parte de la idea de que el sistema de protección social que ofrecen las Administraciones Públicas en materia social está “disperso y recortado” y a él “no acaba de llegar la financiación suficiente ni los cambios normativos para aplicarla”.
Ante esta situación, los gerentes de servicios sociales han ofrecido asesoramiento a las autoridades y han propuesto un decálogo de medidas concretas porque “se nos acaba el tiempo de parar la crisis social”.
1. Mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia
La primera medida propuesta pasa por acometer “reformas necesarias” en el Sistema de Atención a la Dependencia “que agilicen los trámites y simplifiquen los procedimientos” para dar respuesta inmediata en esta crisis - entre ellos los informes, las valoraciones, el plan individual de atención a las personas y las resoluciones-.
2. Agilizar y simplificar el Ingreso Mínimo Vital
La segunda propuesta consiste en simplificar, también, los procedimientos burocráticos del Ingreso Mínimo Vitaly establecer mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas para agilizar la transferencia de las personas beneficiarias de las rentas mínimas de inserción.
3. Ayudas de urgencia social
Por otra parte, la asociación considera "imprescindible" la regulación, por Decreto-Ley del Gobierno, de las ayudas de urgencia Social, "individualizadas y no periódicas", de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, reconociendo su naturaleza jurídica específica como 'Ayudas de Urgencia'.
4. Monitorización y "corredores de seguros" en residencias de mayores
En materia de residencias de mayores, los gerentes de servicios sociales proponen monitorizar los datos para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento, complementándolo con estudios de centros; y protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria.
Además, apuesta por diseñar "corredores seguros" para poder establecer los drenajes necesarios en las residencias para atender, según la gravedad, en hospitales o en centros residenciales COVID con servicios coordinados de Servicios Sociales y Sanitarios a las personas que lo requieran.
5. Teleasistencia para mayores que viven solos
La asociación considera necesario, a su vez, reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para "ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias", implantando la teleasistencia a las personas mayores que vivan solas.
6. Planes para menores en situación de riesgo
El sexto punto hace referencia a garantizar proyectos e itinerarios seguros de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo de acuerdo a la Ley de Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
7. Convivencia e inserción social en zonas desfavorecidas
El siguiente punto propone implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones.
8. Complementar las acciones del ‘Tercer Sector’
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también quiere promover "la complementariedad de las acciones del Tercer Sector -el relacionado con los servicios sociales-, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales".
9. Sistema Estatal de Información de los Servicios Sociales
Por otro lado, propone establecer un Sistema Estatal de Información de los Servicios Sociales que permita realizar una evaluación de "la eficacia y la eficiencia" de estos servicios tanto en Atención Primaria como Especializada en base a parámetros e indicadores comunes a todas las comunidades autónomas.
10. Asesorar a los gobernantes
El último punto del decálogo pasa por incorporar a los equipos asesores de expertos de los gobernantes a profesionales especialistas en la gestión de los Servicios Sociales, "poniendo en la agenda pública los Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar".
"Estas diez medidas se resumen en dos: Establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas y dejar hacer a quien sabe hacer", expone el comunicado.
Por úlitmo, la asociación pide que se mantenga la consideración a todo el personal de los Servicios Sociales como personal esencial durante el tiempo que dure la crisis social. Exige, a su vez, que se cumpla con una inversión del 20% del superávit de las entidades locales en servicios sociales que "autorizó el Gobierno de España y que todavía no se ha ejecutado en la inmensa mayoría de los ayuntamientos".