La justicia de Ecuador ha ratificado la condena de 8 años de prisión por un delito de cohecho al expresidente Rafael Correa, imputado por el caso "Sobornos 2012-2016".
Tras dos semanas de deliberación, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ha respaldado la sentencia emitida en primera instancia contra el exmandatario y la mayoría de la veintena de condenados en el expediente, que deberán pagar también una indemnización.
En el caso de ser refrendada en tercera y última instancia, la sentencia supondrá también la inhabilitación política de Correa en su país.
"El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 -incluido Rafael Correa- y modifica la sentencia para dos", ha informado la Fiscalía General del Estado en redes sociales.
"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. 'Caso' y 'sentencia' más ridículos no puede haber", ha respondido en su cuenta personal de Twitter el exmandatario, que reside en Bélgica desde 2017 y es requerido por la justicia ecuatoriana.
"No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí", ha añadido Correa, lamentando la que es, en su opinión, "una de las páginas más oscuras de la historia de la patria".
Según su abogado, Fausto Jarrín, tras la decisión la Corte Nacional de Justicia debe notificar la resolución por escrito a las partes, tras lo cual restan "recursos horizontales de aclaración y ampliación". "De ahí recién cierran todo y tenemos que presentar la casación para que vaya a otra sala", ha explicado en declaraciones a Efe.
"Sobornos 2012-2016"
El caso "Sobornos" juzga una supuesta red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, por su supuesta participación en el delito de cohecho, condena ahora ratificada en segunda instancia.
Algunos de los acusados pidieron que se anule la sentencia por considerar que obedece a una supuesta "persecución política" por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa con el que se enemistó tras dejar el poder en 2017.
Compensación al Estado por los daños causados
En la sentencia, ahora ratificada, se establecen "parámetros proporcionales" de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores estén obligados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.
Los jueces nacionales Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz sí han aceptado, aunque de forma parcial, las apelaciones de los exaltos funcionarios Alexis Mera y Walter Solís, de forma que la suspensión de derechos civiles que se les había impuesto, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original.
Por su parte, para la exsecretaria presidencial Laura Terán la condena ha sido reducida a tres meses y seis días, mientras que el empresario Alberto Hidalgo pasa a considerarse "cómplice" y no "autor" de los delitos, lo que comporta una reducción en su pena a 32 meses de prisión.