El Govern de Cataluña ha aprobado este lunes por la noche un decreto ley que permite a la autoridad sanitaria, en caso de pandemia, imponer restricciones a la actividad o al desplazamiento de personas.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reunido de forma extraordinaria esta tarde a su Ejecutivo para aprobar el texto, con el objetivo de poder decretar este martes el confinamiento de Lleida, eludiendo el veto de la juez que había impedido confinar esa zona al considerar la resolución "desproporcionada" e "indiscriminada".
La modificación de la ley 18/2009 sobre salud pública y de medidas urgentes frente al riesgo de brotes de coronavirus, según ha informado la Generalitat en un comunicado, "faculta a la autoridad sanitaria para que, en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueda adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales".
Un decreto para poder imponer las restricciones
Tras la aprobación del Decreto Ley, este martes se dictará una nueva resolución con medidas específicas para Lleida y la comarca del Segrià y se pedirá nuevamente la autorización judicial para dar la "protección legal a las medidas" que se han adoptado.
La Generalitat de Cataluña decidió este domingo endurecer las restricciones para intentar frenar el brote de Covid-19 en la comarca de Segrià, que suma cerca de 1.500 contagios, y ordenó confinar en sus casas a los ciudadanos de Lleida y otras siete localidades de la zona -Alcarràs, Serós, Soses, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las unidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat-, al tiempo que limitaba la actividad de bares y restaurantes a la comida para llevar y prohibía entrar o salir de esos municipios, entre otras medidas.
Sin embargo, ese endurecimiento de las restricciones quedó en el aire después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, a petición de la Fiscalía, rechazara validar su aplicación al considerar que el Govern pretendía "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial de unas medidas similares a las del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno central.
Limitación en el tiempo e informes sanitarios
Entre los reparos de la juez y la Fiscalía a la hora de ratificar el confinamiento en Cataluña, destacaban la gravedad de las medidas, que chocaban con derechos constitucionales, y la falta de garantías, que sí contemplan otros mecanismos como el estado de alarma.
Ahora, el nuevo decreto aprobado por el Govern establece que las medidas, "en principio, no tienen que ser superiores a los 15 días", a excepción que se justifique que es necesario un plazo superior.
Según especifica, siempre que sea posible, la resolución formulará recomendaciones para evitar riesgos de contagios. En el caso de ser necesarias medidas obligatorias, dicha obligatoriedad tendrá que ser advertida expresamente. Además, la resolución deberá indicar expresamente la existencia o no de servicios esenciales.
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Asimismo, siempre según el nuevo decreto ley, para adoptar las restricciones, será necesario emitir un informe por parte de las autoridades sanitarias para dar cuenta de la situación de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia y la suficiencia de las medidas.
En esta línea, el Govern ha incorporado en el decreto ciertos indicadores epidemiológicos como la incidencia acumulada de casos que han iniciado con la sintomatología en los últimos siete días, la evolución del número diario de casos que inician síntomas y la evolución de casos diagnosticados, entre otros.
También contempla indicadores de asistencia sanitaria en relación a la Covid-19 como la incidencia acumulada de realización de pruebas PCR en los últimos siete días y la proporción de camas de críticos ocupados por casos positivos y la ocupación total, entre otros.
"Reforzar la seguridad jurídica"
El Ejecutivo catalán defiende que se ha introducido esta habilitación legal para "reforzar la seguridad jurídica de las decisiones que toma el Govern y las autoridades sanitarias competentes".
"Ni en el confinamiento de la Conca d'Òdena (Barcelona) ni en otros supuestos de comunidades autónomas que han tomado medidas similares ningún juez lo ha requerido", apunta la nota del Govern.
Antes, este lunes, Torra ha desacreditado la decisión de la juez de Lleida que no ha avalado el confinamiento domiciliario, llegando a acusar a la magistrada y al fiscal de "jugar con la salud" de los ciudadanos, al tiempo que pedía a los vecinos de las ciudades afectadas que cumplan las medidas a pesar de que por el momento no están validadas y no dejan de ser "recomendaciones".
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"Todas las decisiones que tomamos están dirigidas a proteger la salud y lo seguiremos haciendo más allá de la instancia que sea y que no tiene como prioridad la salud", ha asegurado Torra este lunes, antes de aprobar el decreto, en una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, quien, a su vez, ha reclamado que "todos los poderes apoyen, que ninguno juegue a hacer política".
En su comparecencia ante los medios este lunes, Torra ha subrayado que el Govern no acepta la decisión de la jueza y que sus miembros "asumimos las consecuencias", si bien ha insistido en que no pretende "entrar en un juego de competencias ni enzarzarnos en una situación judicial", a pesar de que no ha descartado que la Generalitat recurra el auto que invalida su resolución de este domingo.
En cualquier caso, la respuesta inmediata será la aprobación de un decreto con medidas contra el coronavirus que se referirá a toda Cataluña -y que, por lo tanto, puede incluir restricciones para atajar el brote detectado en L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de la comunidad-, en el que se incluirán las medidas recogidas en la resolución inicial, con el ánimo de "reforzar su seguridad jurídica".
El president, por su parte, ha cargado contra lo que calificado de "obstáculos burocráticos" y ha recalcado que los miembros del Govern no se someterán a "presiones económicas o judiciales", mientras advertía que "las decisiones dependen de horas, es un lujo estar perdiendo el tiempo con competencias y resoluciones judiciales" ante "situaciones epidemiológicas muy adversas".
"Recomendaciones" y no obligaciones
Mientras tanto, y ante la incertidumbre de los ciudadanos que este lunes seguían sin saber si acatar o no las nuevas restricciones, Torra ha instado a cumplir las nuevas normas: "La gente está cumpliendo mayoritariamente la resolución, quiero agradecérselo", ha dicho, aunque no ha podido evitar hablar de "recomendaciones", dado que no tienen sostén legal.
“Los ciudadanos del Segrià saben lo que tienen que hacer, no tengo ninguna duda de que van a seguir todas las recomendaciones“
"Los ciudadanos del Segrià saben lo que tienen que hacer, no tengo ninguna duda de que van a seguir todas las recomendaciones que la Generalitat impulsó", ha reiterado Torra ante las preguntas de los periodistas, que pretendían saber si los Mossos d'Esquadra están controlando su cumplimiento y si, entre otras restricciones, están impidiendo salir o entrar de los ocho municipios afectados: "Los Mossos están velando para que el perímetro de todo el Segrià siga como está. Es evidente que van a cumplir las resoluciones judiciales", ha admitido.
Torra: "En Euskadi se prohibe el derecho de voto y no pasa nada. Nosotros tomamos esta medida y un juez dice que no es correcto"
Tanto Torra como Aragonès han descartado solicitar al Gobierno central que declare el estado de alarma en la región para poder imponer el confinamiento domiciliario. "Creemos que con el actual marco normativo, tenemos todas las herramientas para evitar un estado de alarma", ha señalado el vicepresidente, quien ha insistido en que "la prioridad es que se cumplan estas medidas para proteger la salud, hemos tomado las medidas adecuadas".
Torra ha comparado la situación con la prohibición del voto a los infectados con coronavirus en las elecciones de Galicia y País Vasco celebradas este fin de semana: "¿Se aplicó el estado de alarma en Galicia y Euskadi? Afecta a derechos fundamentales", ha recordado, pese a que esa medida afectaba unos centenares de personas y las de la Generalitat, a casi 160.000 ciudadanos. "Se prohíbe el derecho de voto y no pasa nada. Y nosotros, tomamos unas decisiones y resulta que un fiscal y una juez no lo ven correcto. No nos parece que sea la manera adecuada", ha lamentado.