Ya lo adelantó el anterior relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los Derechos Humanos, el australiano Philip Alston, al finalizar su visita a España el pasado mes de febrero: muchas familias tenían que elegir entre poner la calefacción y poder comer. Su sucesor, Olivier De Schutter, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las conclusiones de esta visita y sus recomendaciones para luchar contra la pobreza y la exclusión social, que alcanzan al 26,1% de la población general y casi al 30% de los niños y niñas.
Unas cifras, según la ONU, impropias de la cuarta economía de la Unión, que antes del coronavirus experimentaba un crecimiento constante y, sin embargo, seguía dejando atrás a casi la mitad de su población, que considera que el desempleo y la inseguridad económica son sus principales problemas.
"Han fallado a las personas que viven en la pobreza"
El informe del relator destaca que en España "sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, hay una alta tasa de desempleo y una situación de desempleo juvenil crónico, existe una crisis de vivienda de enormes proporciones y los programas de protección social son muy insuficientes. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad y, en gran medida, los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza".
“Los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza“
De Schutter celebra que, desde la visita de Alston, las cosas han cambiado en la línea en la que la ONU empujaba al Gobierno: medidas para regular el precio del alquiler, proteger a los trabajadores migrantes y la instauración de una renta mínima son "alentadoras", según el relator.
Entre las necesidades urgentes sin atender sigue estando la educación, con especial atención a la universalización de la gratuidad de la enseñanza preescolar. El informe destaca que el sistema educativo español "segrega y es cada vez más anacrónico".
Y el plato fuerte: la ONU anima a España a realizar una reforma fiscal "de gran calado que permita garantizar un fuerte efecto redistributivo, reducir el fraude fiscal y la elusión de impuestos". También a cambiar su "mentalidad burocrática" que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valorar más el formalismo que el bienestar de las personas".
Desigualdad y protección social
El informe es claro en sus conclusiones: "España obtiene lo que paga en protección social. Gasta comparativamente poco y los resultados lo demuestran. En 2017 destinó el 16,6 % del PIB a la protección social, por debajo del promedio del 18,8% de la Unión Europea".
“En España, la asistencia social no combate eficazmente la pobreza“
Esto se traduce en que "en España, la asistencia social no combate eficazmente la pobreza". Según Cáritas, en 2018 había 1,8 millones de personas en situación de pobreza y solo la mitad tenía algún tipo de ayuda. Además estas prestaciones son, para la ONU, "extremadamente bajas, como ocurre con la prestación nacional por hijas o hijos a cargo para las familias de renta baja (solo 341 euros al año) y las familias en situación de pobreza severa (588 euros)".
Ayudas que contrastan con las que se dan a otro tipo de familias: "Son cantidades incluso inferiores a las desgravaciones por hija o hijo a cargo existentes para las familias de renta media-alta", destaca el relator.
Renta mínima
La ONU acogía positivamente las primeras intenciones del nuevo gobierno PSOE-Unidas Podemos sobre salvaguardar los derechos sociales y mejorar la protección. Especialmente ha sido bien recibida la instauración de una renta mínima, aunque no cumple las "características mínimas" que el relator considera más deseables.
"Portabilidad de una comunidad autónoma a otra; compatibilidad con la realidad del mercado laboral, de manera que las personas beneficiarias no pierdan la prestación por aceptar un trabajo mal remunerado o temporal; una cuantía suficiente que tenga en cuenta el costo de la vida para evitar que las personas beneficiarias vivan en la pobreza; un enfoque individualizado y flexible de la administración que reduzca al mínimo los onerosos trámites burocráticos" son algunas de estas características.
Sanidad y Educación
El informe destaca que España puede estar "orgullosa de su excelente sanidad pública y su cobertura casi universal" tras revertir la reforma que la limitaba, aunque destaca las lagunas del sistema: la salud dental y la mental no son, en muchas ocasiones, públicas, y algunos migrantes siguen sin cobertura.
También muestra su preocupación por "la creciente privatización e algunos elementos de la sanidad pública y existe el riesgo de que la búsqueda de beneficios pase por delante de la prestación de servicios".
En cuanto a la educación, el relator destaca los altos índices de abandono escolar, debidos, entre otros factores, a la alta segregación del sistema: "Un alarmante 4% de la población estudiante y el 72% de las niñas y niños en situación vulnerable estudian en escuelas que, a efectos prácticos, pueden calificarse de segregadas, donde el alumnado es mayoritariamente pobre, romaní y migrante, además de presentar una gran concentración de estudiantes con mayores necesidades".
Vivienda digna y barata
La vivienda es, según este informe de Naciones Unidas, uno de los problemas más acuciantes para nuestro país. Destaca el relator que en España "se ha hecho muy poco para garantizar el derecho a la vivienda".
Especialmente llamativo encuentra la inexistencia de un parque de viviendas de alquiler "de bajo coste", "a pesar de la evidente necesidad" ante el aumento de los precios. Y recalca sus críticas a las administraciones por "permitir que sociedades de inversión y de capital privado compren viviendas asequibles y de bajo costo y luego aumenten sustancialmente los precios y obliguen a sus habitantes a abandonarlas".
“Mucha gente tiene que elegir entre calentar su casa y alimentar a sus hijos“
Uno de los aspectos más llamativos para Philip Alston, que realizó la visita a España antes de dejar el cargo, fue que "casi el 10% de la población no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2018; mucha gente tiene que elegir entre calentar la casa y alimentar a sus hijas o hijos. España debería ampliar el acceso a los bonos sociales de descuento de la factura eléctrica".
El relator también comprobó como la pobreza se ceba con los más débiles: mujeres, menores, migrantes y romaníes.
Reformar la fiscalidad
En sus conclusiones, el informe propone cambios legislativos urgentes para crear una renta mínima, garantizar el derecho a la vivienda, evitar la segregación educativa y acabar con la burocracia.
El gasto en protección social debería aumentar significativamente, indica la ONU, y de ahí la recomendación más destacable de todas, la que serviría para financiar todo el sistema: la reforma fiscal.
Según la ONU, España debe "aumentar la progresividad del sistema tributario e incrementar los ingresos tributarios totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea, lo que permitirá obtener los recursos necesarios para financiar adecuadamente la protección social".
En el mismo sentido, recomienda luchar fehacientemente contra la elusión de impuestos y el fraude fiscal, incluso "facultar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para que lleve a cabo auditorías y estudios de investigación por iniciativa propia, sin necesidad de que se lo solicite una autoridad pública".
“El crecimiento sin redistribución no conseguirá acabar con la pobreza“
"El crecimiento por sí solo, sin una redistribución mucho más robusta de la riqueza, no conseguiría combatir eficazmente la pobreza", ha detallado Olivier De Schutter en su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y concluía: "Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos".