Un acuerdo privado de marzo de 2011 incrimina directamente a Juan Carlos I en la gestión de la estructura 'offshore' que supuestamente le habría permitido ocultar 64,8 millones de euros de Arabia Saudí, según el acta publicada este martes por el diario El Confidencial.
Los estatutos de la sociedad panameña utilizada para controlar el dinero, Lucum Foundation, contienen la rúbrica del rey emérito en sus tres páginas y lo sitúan como “primer beneficiario” de los fondos. Felipe VI figura como “segundo beneficiario” de la fortuna, según recoge el documento.
Según informó en marzo la Casa Real en un comunicado, el rey Felipe VI tuvo conocimiento hace un año de que aparecía como segundo beneficiario de la Fundación Lucum y renunció ante notario a sus derechos como beneficiario, Fue ya un año después y ante las informaciones reveladas en los medios de comunicación sobre las finanzas de su padre cuando renunció a la herencia y retiró la asignación pública al monarca emérito.
El documento publicado por El Confidencial revela que Lucum Foundation fue creada en Panamá el 31 de julio de 2008 por el gestor financiero suizo, Arturo Fasana, y un abogado de su confianza de la misma nacionalidad, Dante Canonica. Fasana se convirtió automáticamente en el presidente de la mercantil, y Canonica, en el secretario del consejo. La dirección de la compañía quedó fijada desde el primer momento en las oficinas de un despacho del país centroamericano que estaba especializado en el diseño de entramados opacos, Aba Legal Bureau, y que también participó en la creación de esta red, según señala el digital.
El documento admite que Lucum Foundation fue constituida para que actuara como pantalla de una cuenta en Suiza en el banco Mirabaud que, apenas unas semanas después, ingresó “una donación de 64.884.405 euros efectuada por el rey de Arabia Saudí en favor del Rey de España”.
La firma de Juan Carlos I aparece en el lateral izquierdo de las dos primeras páginas y justo en el centro de la tercera y última, junto a las de Fasana y Canonica.
Fasana declara que no existe ningún documento oficial que acredite la donación
Sin embargo, Fasana aseguró en su declaración ante al fiscal Yves Bertossa que cree que no existe ningún documento oficial que acredite que el dinero que tenía depositado el rey Juan Carlos I en una cuenta de una sociedad panameña procediese de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015.
Según publica este martes el diario El Español, así consta en la declaración que prestó en el marco de la investigación sobre el origen de los 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al monarca, y que se cree pueden proceder del pago de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca (Arabia Saudí) en 2011.
Fasana explicó al fiscal suizo que conoció al rey emérito en 2008 a través de su primo Álvaro de Orleans y que se reunió con él en Madrid, donde le trasladó que el rey Abdalá quería hacerle un regalo, declaración que coincide con la que prestó el abogado Dante Canónica, también investigado, y que sacó también a la luz el lunes El Español.
Fasana, al igual que Canónica, relató las gestiones que hizo para conocer la naturaleza de ese regalo, para lo que se reunió con el embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, que le aseguró que se trataba de "un puro regalo a su hermano".
Con la sola finalidad de recibir y gestionar la millonaria donación, Canónica y Fasana crearon la fundación Lucum, pero "desde el principio estaba claro que el beneficiario económico sería Juan Carlos I y que sería mencionado tal cual".
"Habíamos insistido mucho en eso", precisó en su comparecencia.
No se aseguró de si el rey emérito pagó sus impuestos
El banco Mirabaud fue el elegido para abrir la cuenta y este les dio su acuerdo para recibir los fondos, según explicó Fasana, que admitió que no se aseguró de si el rey emérito pagó sus impuestos por esa donación porque en aquella época "el 80% o más de los clientes extranjeros" no declaraba sus bienes en sus países de origen.
Todo cambió, dijo, cuando se aprobó la amnistía fiscal en España en 2012. Fue justo ese año cuando la banca Mirabaud obligó a Juan Carlos I a cancelar su cuenta al estallar el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana y comprobar que su cliente era portada de la prensa internacional por este suceso. Esa fue la versión que aportó Yves Mirabaud, expresidente del banco, al fiscal Yves Bertossa y que publica El País.
El rey emérito fue quien dio la orden de que se transfiriera todo el dinero, 64,8 millones, a una cuenta de su amiga Corinna Larsen, según consta en el acta de esta declaración.
Maribaud explicó al fiscal que telefoneó a Nicolas Gonet, dueño del banco suizo Gonet & Cie, para informarle del traslado de los 64,8 millones a su sucursal en el paraíso fiscal de Bahamas.
En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que es aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar por hechos ocurridos durante su mandato, aunque sí posteriores.
Las finanzas del rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por pandemia de COVID-19, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.