Dos de los testigos citados en el juicio del Pazo de Meirás para dirimir si, como sostiene la Abogacía del Estado, es un bien público o una propiedad privada como argumenta la familia Franco, han ratificado la prestación de servicios en el inmueble por parte de personal de administraciones hasta la muerte del dictador y en el caso de agentes de la Guardia Civil en años posteriores.
Así lo ha manifestado un vecino de Meirás, que ha explicado que había guardias civiles vigilando el inmueble, una tarea que en este caso se mantuvo hasta la década de los ochenta, así como "trabajadores de la Comandancia de obras y jardineros del Ayuntamiento de A Coruña para preparar el pazo", ha dicho sobre las semanas previas a la llegada de Franco y su familia en los meses de verano.
Este testigo ha expuesto que, tras el fallecimiento de Franco, se mantuvo en años posteriores la función de vigilar por parte de los guardias civiles desplazados al mismo, a los que se sumaban los guardias hortelanos, el último fue también un agente de la Guardia Civil que estuvo desde 1982 hasta 1990.
Otro testigo, funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, ha apuntado que en la década de los 60 "y algunos años de los 70" los bomberos de esta ciudad "llevaban agua al pazo" y participaron en las labores de extinción del fuego de 1978. "Había cinco o seis salidas", ha dicho sobre los desplazamientos de los bomberos antes del incendio, pero también de jardineros y, en algún caso, canteros.
"El Pazo es del pueblo"
Más de medio centenar de personas se han concentrado ante la antigua sede de la Audiencia Provincial de A Coruña coincidiendo con el inicio de este juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás. Con gritos como "El pazo es del pueblo", "Franquismo nunca más" o "Devolución del pazo de Meirás", se mantuvieron en el acceso a la sede judicial desde primera hora de la mañana.
Miembros de Iniciativa Galega pola Memoria, que agrupa al medio centenar de asociaciones de memoria histórica de la comunidad, y de los '19 de Meirás' portaron pancartas con los lemas "Fascismo, nunca más. Fin de la impunidad ya" y otra "Acción civil pro-devoluvión".
Uno de los asistentes a la concentración fue el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien en declaraciones a los medios, afirmó tener "grandes esperanzas" en que el juicio "acabe de una vez con el expolio" y también "con este anacronismo que aún es el franquismo en esta democracia, que dicen consolidada".
Regueira mostró su "orgullo" de que la Diputación "liderara" la reclamación que ahora acaba con el procedimiento judicial, tras convocar a la Xunta pola Devolución do Pazo y emitir un informe jurídico sobre la propiedad del bien. "Espoleamos al resto de administraciones porque, hasta que la Diputación de A Coruña no dio ese primer paso, la verdad es que ni la Xunta ni el Estado hicieron nada al respeto", explicó.
Un grupo de manifestantes se concentra a las puertas de los Juzgados de A Coruña EFE/Calabar
Primer paso
También la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, participó en la concentración a media mañana y defendió que "es de justicia que el pazo se devuelva". "Es una reparación a las víctimas, es caminar hacia la verdad y tiene que ser un primer paso para que otros pozos negros que quedan del franquismo se vayan abriendo", apuntó.
Ante los medios de comunicación, Pontón reconoció el trabajo de asociaciones de memoria histórica e historiadores en este proceso y pidió seguir haciendo "presión social y política" para que también se devuelvan otros "bienes expoliados por el franquismo", como la Casa Cornide de A Coruña.