La reanudación de la mesa catalana entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña suspendida durante el estado de alarma complica, de momento, la posibilidad apuntada desde el Ejecutivo de aprobar los presupuestos para 2021 con un amplio respaldo parlamentario cuando aún ni siquiera se ha presentado el proyecto de estas cuentas.
Un apoyo que iría más allá de los socios de la investidura de Pedro Sánchez, con formaciones como Ciudadanos, para lograr un acuerdo "cuanto más transversal, mejor", según ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Además de hacer un llamamiento a todos los partidos para unirse en torno a unos presupuestos indispensables para la reconstrucción económica y social de España, Marlaska ha recordado este lunes que la sociedad "ha dicho por activa y por pasiva que quiere acuerdos, diálogo, compromiso y cooperación de las fuerzas políticas, y apoyo al Gobierno en materia presupuestaria".
ERC sostiene que deben reunirse "lo antes posible"
El responsable de Consumo, Alberto Garzón, que ha abogado por retrasar el diálogo entre el Gobierno central y el catalán para después de las próximas elecciones catalanas, en vez de en el mes de julio, como estaba previsto.
Sus palabras han puesto en guardia a ERC, cuya portavoz, Marta Vilalta, ha criticado al ministro por apostar por el retraso en las negociaciones, ha apuntado que su partido "esperaba más de Unidas Podemos", y ha remarcado que la mesa debe reunirse "lo antes posible" en el mes de julio.
Almismo tiempo, pensando en las cuentas públicas del próximo año, ha admitido que las relaciones con el Ejecutivo "están tocadas" debido a la "recentralización" durante el estado de alarma y "por sus dudas sobre los aliados que desea tener".
Desde estos posibles aliados, la portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha advertido al Ejecutivo de que será "difícil" llegar a un acuerdo sobre los presupuestos del año que viene si se pone en marcha la mesa de diálogo sobre Cataluña que ERC quiere reactivar cuanto antes.
Sin embargo, no se ha referido a ello como una línea roja para la negociación presupuestaria, que ella misma establece en que las cuentas de 2021 defiendan a la clase media, sean realistas y atiendan "a la excepcionalidad" de la situación provocada por el COVID-19, según ha defendido en rueda de prensa.