“Nos hemos dejado la vida y vamos a pasar de héroes a villanos”. La frase de un médico intensivista resume una sensación creciente de buena parte de los sanitarios: se sienten en un disparadero en el que la gestión de las residencias y el triaje en los hospitales acaban siempre con un político o medio de comunicación apuntándoles directa o indirectamente, y temen que las denuncias de familiares de fallecidos puedan desembocar en procesos penales contra ellos.
Cuando todavía no ha terminado el calor del aplauso cerrado de toda la sociedad, muchos profesionales asisten con cierto estupor a que cale la idea de que pusieron en práctica protocolos ilegales y alertan del desconocimiento sobre su profesión y, sobre todo, piden que no se olvide que el sistema sanitario colapsó debido a la pandemia de la Covid-19.
La publicación ayer, 18 de junio, en el diario El País de una sesión clínica del Hospital de Parla a mediados de marzo ha sido el detonante para que las diez principales sociedades médicas del país se unan en un comunicado urgente en que explican que han tomado decisiones "de elevadísima complejidad valorando el balance riesgo de asignar cualquier terapia” y nunca con un criterio rígido “como pueda ser la edad".
La nota -firmada por las sociedades de medicina interna, geriatría, medicina de familia y comunitaria, urgencias y emergencias, intensiva, atención primaria, neumología y médicos de familia- recuerda “la situación de crisis sanitaria vivida, particularmente en Madrid” y que, aunque en ocasiones no han dispuesto “de todos los recursos óptimos que hubieran sido ideales”, en todo momento han manejado “criterios éticos y deontológicos”.
El vídeo del Hospital de Parla, una sesión clínica en la que se barajaban opciones ante los peores escenarios, ha rebosado un vaso ya colmado con la guerra política con los fallecidos en las residencias de Madrid entre Gobierno de España y Gobierno de la Comunidad de Madrid
Madrid niega que el Hospital de Parla limitase camas a personas mayores
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, mantiene que la responsabilidad de las derivaciones o no de residentes a los hospitales dependía de los geriatras de enlace de cada hospital, mientras que el vicepresidente Pablo Iglesias afirmó que el protocolo que el Gobierno de Ayuso mandó a las residencias era ilegal.
Es un ejemplo de que el hilo de la responsabilidad siempre acaba en un médico que toma una decisión frente a un paciente. Y, con la justicia comenzando su lento deshielo desde el 4 de junio, las querellas van a iniciar un proceso en el que pueden verse implicados los propios sanitarios.
Juristas reclaman denunciar a la administración y no a personas físicas
La Asociación Humanizando la Justicia publicó un manifiesto la semana pasada en el que, ante la avalancha de demandas, pedían no reclamar contra los sanitarios, sino contra los propios hospitales o administraciones, ya sean autonómicas o estatales
“Defendemos no reclamar contra la persona física porque entendemos que han entado en primera línea durante tres meses y, además, los procesos serán largos, la justicia española es lenta y entendemos que no se lo merecen y no es su responsabilidad”, explica Paloma Rodrigo, directora de dicha asociación.
El triaje y los medicamentos administrados serán los argumentos de las denuncias y, al igual que las sociedades médicas, solicitan a los demandantes no olvidar la crisis sanitaria, que Amyts (principal sindicato médico madrileño) define como colapso con el añadido que los sanitarios han expuesto su vida con manifiestas carencias de equipos de protección y son doblemente víctimas: como profesionales y como contagiados o fallecidos.
La Asociación defiende que lo más humano es evitarles el largo y penoso proceso, pero defiende, con dos informes jurídicos, que los sanitarios no serían condenados dado el estado de alarma y la presión asistencial que han vivido.
“No denunciarles no supone ningún perjuicio para cualquier tipo de reclamación de cualquier ciudadano ya que se puede reclamar contra la administración y ver cubierto tu daño”, aclara Rodrigo. “Los médicos tienen un seguro de responsabilidad y económicamente no van a pagar una cantidad reclamada, pero luego está la parte penal si el demandante entiende que se ha cometido un crimen por la selección de los pacientes o el desconocimiento del tratamiento de la enfermedad”, alerta.
Según datos de ayer mismo de la Fiscalía General del Estado, se están realizando 224 investigaciones penales y 194 civiles respecto a actuaciones en residencias, la mayoría en la Comunidad de Madrid. “Entendemos que han hecho lo que han podido con los medios que les han dado y que no implicarles es un modo que tiene la sociedad de agradecérselo”, concluye Rodrigo.