El jefe de Compras de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) en 2006, Salvador Benjamín Íñiguez, ha declarado en el juicio del caso Gürtelconcedido a empresas de la trama con motivo de la visita del Papa ese año a Valencia no tenía precedente.
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de los veintidós acusados en esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguido por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de Francisco Correa, el líder de Gürtel, para instalar pantallas y equipos de megafonía en las calles de Valencia con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en julio de 2006.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la RTVV la señal de la retransmisión de la visita del Papa, el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara dicho montaje de pantallas y sonido por "un precio desorbitado" de más de siete millones de euros.
La Fiscalía mantiene que el entonces director general, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y el también acusado José Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.
Los acusados apuntan al exdirector de RTVV como responsable del contrato
El tribunal ha retomado las declaraciones de los acusados que aún faltaban por testificar, como Íñiguez; el ex secretario general del ente público Juan Prefaci; y la que fuera abogada del departamento jurídico María Encarnación Pérez.
Los tres acusados, que se enfrentan a 10 años de prisión, han señalado a García Gimeno como el responsable de la contratación de la retransmisión de la visita del Pontífice a Teconsa, empresa vinculada a la trama Gürtel. Según han explicado, la modificación de los estatutos de las empresas de RTVV permitía que el director general asumiera competencias en materia de contratación.
Salvador Benjamín Íñiguez ha explicado durante la sesión que por el volumen del contrato se debió haber convocado un concurso público, pero finalmente se tramitó por el procedimiento de urgencia y que así lo había decidido la Dirección General.
Además, ha añadido que su superior, el acusado Ricardo Calatayud, director del Departamento Económico-Financiero de RTVV en ese momento, le explicó que "esto no iba a ser un concurso" tal como le había indicado el director general. Y ha añadido: "Desde el principio mi jefe me dijo que se iba a encargar él de este expediente y que no tenía que hacer nada".
Prefaci Cruz ha mantenido que el procedimiento de contratación a seguir correspondía al director general y que él no participó "en nada".
Por su parte, Pérez Pallarés ha manifestado que se siente "utilizada". Ha explicado que ella desconocía que su superior, el director de los Servicios Jurídicos, tuvo una discusión con García Gimeno, al que advirtió de que no podía tramitar así este expediente "porque se iba a sentar en el banquillo", a lo que el segundo le dijo que no se preocupara, pero su jefe finalmente se apartó y le dejó a ella frente a este asunto.
Un juicio paralizado por el estado de alarma
El pasado 12 de marzo, dos días antes de declararse el estado de alarma, el tribunal celebró la última jornada de este juicio, en el que hay más de una veintena de acusados, entre ellos el ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, para quien la Fiscalía pide 40 años de prisión.
Juan Cotino, que también fue director general de la Policía, era uno de los principales acusados y llegó a declarar en el juicio, donde negó que participara en las decisiones para adjudicar los contratos investigados a empresas de la Gürtel. Cotino falleció por coronavirus el pasado 13 de abril y la Audiencia ya archivó la causa para él, donde la Fiscalía le pedía 11 años de cárcel, al haberse extinguido su responsabilidad penal.
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El juicio comenzó el 9 de marzo. En aquella jornada, trece acusados, incluido García Jimeno, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para confesar los hechos a cambio de una rebaja de penas.
También se comprometió a colaborar con la Justicia el supuesto número 3 de la Gürtel, Álvaro Pérez, "el Bigotes", para quien la Fiscalía pide 37 años; no así el considerado líder de la red, Francisco Correa, que se enfrenta a 38 años, ni su número 2, Pablo Crespo (37). Los tres cumplen condena por otras piezas.