Todas las comunidades autónomas, menos Madrid y el País Vasco, aplicarán el acuerdo de 14 puntos que ha propuesto el Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas de los niños el próximo curso, según ha informado este jueves en rueda de prensa la titular de Educación, Isabel Celaá, tras su reunión de manera telemática en la Conferencia Sectorial con los consejeros del ramo.
En la reunión telemática, Celaá ha presentado un documento para implantar en los centros educativos frente a la pandemia del coronavirus, que se suma a otro elaborado con Sanidad, en el que, se ha precisado este jueves, se respetarán las ratios legales de alumnos por clase.
En él, se establece el número de jornadas lectivas que habrá que cumplir (175) el próximo curso, que comenzará el mes de septiembre "en las fechas habituales", y que seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos, "adaptando su aplicación a los distintos centros y a las circunstancias concretas que puedan producirse en los mismos".
El borrador de protocolo habla de que se formen grupos de convivencia estable de un máximo de 20 alumnos en los cursos hasta 10 años -con un profesor y otro probablemente de apoyo-, pero que dichos colectivos no implican que las clases de todos los cursos sean de un máximo de 20 alumnos. Se mantendrán, por tanto, las ratios legales: de 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Los grupos de convivencia estables tienen "criterios de flexibilidad", ha apuntado después el secretario de Estado, Alejandro Tiana.
Además, en los primeros cursos de Primaria los alumnos no tendrán que mantener la distancia interpersonal de metro y medio, ni usar mascarillas en clase, porque formarán grupos estables de convivencia con entre 15 y 20 menores.
Celaá ha asegurado que los centros educativos adaptarán sus programaciones didácticas para "recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados" durante los meses de enseñanza a distancia por el coronavirus, y realizarán "planes de seguimiento y apoyo para los alumnos con más dificultades".
La ministra ha recordado asimismo que en última instancia, "se seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias", respetando lo dispuesto en el real decreto del 9 junio sobre la nueva normalidad.
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Protocolos de actuación y planes de contingencia
Con este acuerdo, las comunidades autónomas asumen la elaboración de protocolos de actuación para garantizar la higiene, limpieza y el control sanitario en los centros. Un trabajo que realizarán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirá medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.
Las comunidades también se encargarán de preparar los planes de contingencia ante las "eventualidades" que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar "las medidas necesarias" para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar "en condiciones de seguridad".
También recae en las comunidades autónomas reducir la brecha digital y "limitar" sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la "oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital" de profesores, familias y alumnos y pondrá en marcha, junto a las consejerías regionales, programas de cooperación territorial para "dar respuesta a la nueva situación".
Celaá ha recordado también que para paliar el impacto que ha supuesto la pandemia del coronavirus en la Educación, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas 2.000 millones de euros para reforzar el servicio educativo, que se entregará "a fondo perdido, sin retorno".
Consenso mayoritario sobre los 14 puntos
La ministra ha explicado que durante la reunión ha habido consenso mayoritario entre las comunidades "sobre los 14 puntos del acuerdo", aunque "por razones distintas" Madrid y País Vasco lo han rechazado. También ha explicado que se han adaptado "un par de aportaciones de enmiendas adicionales" a tres puntos "para lograr una mejor comprensión".
Se trata del punto 6 que, en su origen, establecía que "en el inicio y desarrollo del curso 20-21, las administraciones seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias". Al texto se le ha añadido los términos "estatales y autonómicas respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley vigente 21/2020 del 9 de junio, así como la distribución competencial existente".
Los mismos términos han sido adjuntados al punto 7, que señala que las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de protección de riesgo laborales, "en el marco de las autoridades sanitarias antes mencionado".
Además, en el punto 9, que se refiere al plan de inicio de curso con el que tienen que contar los centros educativos, se ha precisado que este se debe adaptar a las condiciones de la nueva normalidad, en cuanto a horarios y espacios, según lo que "determinen las administraciones educativas".
Las reticencias de Madrid y Euskadi
Por su parte, el consejero madrileño, Enrique Ossorio, ha señalado que votaba en contra del nuevo documento porque la propuesta "no resuelve los graves problemas para el inicio de curso", y este debe realizarse con "la mayor normalidad posible", ha recalcado en un comunicado.
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha argumentado en el encuentro que su Departamento ya está abordando acciones para el inicio del próximo curso en el "uso" de sus "competencias", de ahí que estime que no debe ser objeto de esta Conferencia Sectorial el acordar el desarrollo de una actividad sobre la que tienen potestad.
Cataluña se ha adherido al documento de 14 puntos, ha asegurado Celaá, aunque ayer se mostró crítica con el protocolo con Sanidad, especialmente por considerar que invadía competencias y se había hecho sin un debate previo con las autonomías. En un comunicado, la Consejería de Educación catalana mantiene el compromiso de priorizar la presencialidad de los alumnos en los espacios educativos para el curso 2020-21 e insiste en que la competencia en materia educativa es de la Generalitat.