"La situación de hecatombe en España se veía venir. (...) No era algo imprevisible y había sido advertido por los organismos conocedores de estos temas. Se veía venir. La población no lo veía, pero quién estaba al cabo de la calle era los expertos del CCEAS (Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias)".
El segundo informe forense sobre la manifestación del 8M y los riesgos relacionados con el Covid-19 señala con contundencia cómo no se advirtió a los ciudadanos del peligro cuando ya se conocía el alto contagio de un virus desconocido- y sin vacuna- que había partido de la ciudad china de Wuhan.
El documento, al que ha tenido acceso TVE, se enmarca en la investigación de un posible delito de prevaricación por el que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco y está firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio, el mismo día en que la Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso a la instructora para que archive la causa contra Franco, ya que valora que no hay delito "ni por acción ni por omisión".
El informe del forense reprocha a las autoridades que no hubieran informado a los ciudadanos de las "medidas higiénicas" necesarias de autoprotección cuando se producen aglomeraciones, algo avisado por la OMS, y también afirma que si se hubiera evitado la manifestación de Día Internacional de la Mujer se habría frenado una "amplia difusión" del coronavirus.
El informe dice que no se advirtió a los ciudadanos del "gran riesgo"
"Había miedo y prueba de ellos es que algunas manifestaciones fueron desconvocadas por los organizadores", analiza el médico, que insiste en que las autoridades sanitarias y políticas como el Ministerio de Sanidad, el CCEAS, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Escudero, o la Delegación del Gobierno tenían "un conocimiento adecuado" de lo que estaba ocurriendo, y la manifestación debería haber sido suspendida.
Julio Lorenzo Rego ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid "se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan" recomendando "distancia social" a los empleados que estuvieran en contacto con los ciudadanos.
Unas medidas de "gran atención y delicadeza" que chocan al forense porque es "como cuidar a los de casa y menospreciar a los de fuera".
Simón "infravaloró" el peligro porque afirmó que en España no había virus
"Quizás se minimizara el riesgo que entrañaba, diciendo que era como una gripe", añade radiografiando las informaciones ofrecidas a los medios el mes de marzo.
Y pone como ejemplo de esta "infravaloración" del peligro las declaraciones del 23 de febrero de "don Fernando Simón", director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCEAS), en las que aseguró que "En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad", unas palabras, señala el forense que "no se ajustan a la realidad -lo que no implica que sean deliberadamente contrarias a la verdad, pueden ser un error- y se pronuncian en televisión en un momento crucial para la expansión de la epidemia".
En el documento remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, el médico llega a la conclusión de que es "cierto y seguro" que de haberse evitado la celebración de manifestaciones en esos días clave "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", aunque reconoce que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones" antes del estado de alarma del 14 de marzo ha resultado infectada por Covid-19 "en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.".