Después de una larga reunión, el Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEmás allá del estado de alarma hasta finales de junio, según han confirmado a Radio Nacional fuentes próximas a la negociación.
El Comité Confederal de UGT y la Ejecutiva de CC.OO. han aprobado el borrador mientras que la CEOE ha dado el visto bueno, aunque con posiciones muy críticas por parte de algunas patronales que quieren que se revise teniendo en cuenta la situación de cada sector.
En concreto, importantes patronales rechazan la cláusula de salvaguarda del empleo durante seis meses, según fuentes empresariales a EFE que apuntan el malestar que ha generado en la patronal el no haber recibido el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria o VOX a su posición en contra del mantenimiento obligatorio del empleo para las empresas que realizaran estos ERTE.
Hasta el 30 de junio
La prórroga de los ERTE por fuerza mayor será hasta el 30 de junio manteniendo la protección por desempleo y la exoneración de cotización como hasta ahora, aunque con porcentajes menores para las empresas que reanuden parcialmente la actividad, aunque el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.
El preacuerdo detalla que la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos se extenderá hasta el 31 de diciembre y que no podrán acogerse al ERTE de fuerza mayor las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
La fuerza mayor total implicará la exoneración del 100 % de las cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75 % para las de más empleados, mientras que la parcial supondrá exenciones desde el 30 al 85 % dependiendo de las circunstancias, además a la hora de reincorporar trabajadores, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.
El documento concreta que las empresas no podrán repartir dividendos en este ejercicio a no ser que devuelvan a la Seguridad Social las cuotas íntegras.
Flexibilidad para mantener el empleo
Estas medidas están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde que se reanude la actividad. En el borrador del decreto, se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo empezará a contar desde la incorporación efectiva al trabajo de personas afectadas por el ERTE, aunque sea parcial y no afecte a toda la plantilla.
Se considera que la empresa no cumple si despide a cualquier trabajador del ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal). En caso de incumplimiento, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.
Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores según los términos establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Concursal.
Comisión de seguimiento
El decreto crea una comisión de seguimiento tripartita de proceso de desconfinamiento integrada por el Gobierno y los agentes sociales y que se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes. El objetivo de esta comisión será el de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito laboral "durante la fase de excepcionalidad atenuada", intercambiar datos y efectuar propuestas.
El objetivo de esta negociación sobre los ERTE era conseguir que, tras el estado de alarma, aquellos sectores que necesiten mantener los ERTE puedan hacerlo para salvaguardar el empleo y evitar cierres empresariales y que aquellos que se vayan recuperando puedan reincorporar a trabajadores incluidos en estos procedimientos de manera progresiva, a los que las ayudas se les irán modulando.
La regulación que estableció el Gobierno con la crisis sanitaria facilitaba la presentación de ERTE por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. La Seguridad Social informó el pasado martes de que 3,38 millones de ocupados estaban incluidos en ERTEs.