El Gobierno ha puesto en marcha la aplicación Asistencia COVID-19, disponible desde este 5 de mayo. Surge del acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con Telefónica, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y permitirá monitorizar a los usuarios que se la descarguen y que voluntariamente aporten sus datos en la lucha contra el coronavirus, incluida la geolocalización.
La aplicación se puede descargar para dispositivos Android e IOS y no estará activa en todo el territorio nacional, sino únicamente en aquellas Comunidades Autónomas adheridas: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, por el momento. La Comunidad de Madrid tiene desde el 24 de marzo su propia aplicación, aunque la empresa desarrolladora e interfaz son los mismos.
"Está a disposición de todas las comunidades autónomas. Se han adherido estas cinco, más Madrid, como apoyo y descongestión de sus sistemas ordinarios de gestión telefónica", confirma una fuente del citado Ministerio a RTVE.es.
A continuación, damos respuesta a las posibles dudas que pueda plantear esta aplicación:
¿Qué datos tengo que dar?
El usuario deberá facilitar una serie de datos divididos en cuatro tipos: personales (nombre y apellidos, número de móvil, DNI, dirección completa, fecha de nacimiento y género); de geolocalización; de salud (tos seca, fiebre, falta de aire, patologías previas, contacto con otros positivos, mucosidad nasal, dolor muscular, malestar general), y datos de interacciones con la aplicación.
Según la fuente ministerial, "son los mismos datos que se dan en el 112 o los servicios telefónicos específicos del coronavirus. La base es el mismo cuestionario y su tratamiento es igual".
¿Qué beneficios tiene para usuarios y administraciones?
La aplicación tiene, entre otros objetivos, los de permitir la autoevaluación a los usuarios, ofrecerle información acerca de medidas preventivas, consejos prácticos y recomendaciones, conectarles con el sistema sanitario de la comunidad en la que se encuentren y, a la inversa, conectar a estos sistemas con los posibles contagiados.
En opinión de Carlos Seisdedos, analista de inteligencia y experto en ciberseguridad consultado por RTVE, no tiene mucho sentido su puesta en marcha en la fase actual, "a menos que sea en previsión de una segunda escalada. Si únicamente es en esas cinco comunidades, algunas en Fase 1 y otras donde la presencia del COVID-19 ha sido testimonial, no tiene mucho sentido", aunque al mismo tiempo advierte de que en la calles se percibe "una falsa sensación de seguridad".
Para Economía, "es cierto que hoy estamos en otras cifras y la presión asistencial es distinta, pero el objetivo sigue siendo el mismo". Según el experto consultado, habría tenido más sentido en la primera fase de la escalada y haciendo una primera criba: "Sería suficiente con poderte autoevaluar y si los síntomas son de interés, que te dé la opción de mandar un mensaje para que se pongan en contacto contigo".
¿Por qué la geolocalización?
Es una de las medidas más polémicas y que ya suscitó controversia antes incluso de conocerse esta aplicación, cuando se puso en marcha un estudio de movilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ya el 27 de marzo, el BOE publicó una orden por la que se anticipaba el uso de estas tecnologías. En el caso de esta nueva aplicación, se advierte al usuario en las condiciones del fin de esta herramienta que etiquetan como opcional: "... para saber dónde te encuentras y poder ofrecerte las mejores medidas preventivas y de evaluación en cada momento", y también "para poder conocer en qué Comunidad Autónoma te encuentras y poder conectarte con el sistema de atención sanitaria que te corresponda. No se rastrea tu localización para finalidades distintas de las señaladas".
"Es importante saber en cada momento en qué lugar está el usuario, pero aunque estés en Cataluña y seas de Extremadura, estás usando la herramienta de Extremadura. Son datos que siempre tienen las autoridades sanitarias autonómicas", añaden desde el ministerio.
Si mis datos son confidenciales ¿quién puede acceder a ellos y para qué?
En la propia política de privacidad que se pone a disposición del usuario al instalar la aplicación se advierte: "El Responsable garantiza la seguridad, el secreto y la confidencialidad de tus datos, comunicaciones e información personal y ha adoptado las más exigentes y robustas medidas de seguridad y medios técnicos para evitar su pérdida, mal uso o su acceso sin tu autorización".
En esa misma política de privacidad se advierte de que los datos los usarán los profesionales sanitarios y las administraciones autonómicas adheridas para su uso con fines de salud pública. No obstante, también se advierte de un posible uso alternativo con objetivos como "finalidades estadísticas, investigación biomédica o archivo en interés público". En este caso los datos se tratarán "de manera agregada y anonimizada, así como por un periodo de tiempo acotado", advierten desde el ministerio.
Mientras, en las condiciones de uso se avisa de la posibilidad de "incluir dentro de sus contenidos enlaces con sitios pertenecientes y/o gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet". La misma fuente ministerial matiza: "Telefónica está trabajando con otras empresas -CartoDB, Mendesaltaren y Tritium Software, incluidas en el BOE- y estas a su vez tienen las misma obligaciones. Se hace para unos fines muy concretos y más allá la cesión es ilegal".
¿Esta aplicación será de código abierto?
Sí. Ya lo advierte el texto del BOE al principio en una de sus cláusulas: "La referida aplicación funcionará, liberando su código bajo un esquema de código abierto («open source») una vez acreditado su correcto funcionamiento".
El hecho de que sea de código abierto tiene un objetivo que explica Carlos Seisdedos: "Es para que en empresas como Isecauditors lo auditemos y podamos comprobar que no se utiliza la información con fines maliciosos, que se utiliza para los fines que dicen y que no se recopilan más datos de los que dicen".
También tiene otro fin, como apuntan en el ministerio: "Permite que cualquier otro pueda desarrollar una aplicación similar. Se pone a disposición de toda la sociedad, por ejemplo para los países de habla hispana".
¿De quién es la aplicación?
Según el BOE, es propiedad de la Secretaría General de la Administración Digital, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien tiene la titularidad, los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial.
Es una aplicación de descarga gratuita para el usuario. El acuerdo entre el Gobierno y Telefónica para su desarrollo, así como el hecho de que no tenga licencia por ser de código abierto, conlleva la ausencia de gestión comercial, según declaran a RTVE.es: "Es una iniciativa en la que cada operador, el sector público y el privado, ha puesto de su parte".
¿Qué riesgos puede tener usuarla?
El hecho de ser una aplicación de código abierto y abrir el acceso a los datos personales a terceros es un riesgo en sí, aunque por el tipo de datos no supone uno mayor que si se facilitaran medios de pago. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte en un documento de amenazas a la privacidad "por la urgencia en ofrecer soluciones en funcionamiento que relajen los controles y requisitos para proteger los datos de los ciudadanos", (El uso de las tecnologías en la lucha contra el COVID-19. Un análisis de costes y beneficios).
"El riesgo es el volumen de información que estamos dando, toda la información personal, y no saber quién hace el control de la misma", opina Carlos Seisdedos. "En el momento en que se nos dice que los datos pueden ser cedidos a terceros y no sabemos dónde va a ir esa información, tenemos un problema", añade.
Por otra parte, el hecho de que la información esté "compartimentada" en las comunidades autónomas supone un riesgo menor para Seisdedos a la hora de usarla "como herramienta de control masivo de la población". En ese sentido, desde el ministerio señalan que los datos "están a disposición de las autoridades de cada comunidad para un uso muy concreto, que es el sanitario. El único dato adicional es el de la geolocalización, que permite ratificar que la persona está donde dice estar".
¿Qué pasará con mis datos cuando deje de estar activa?
El acuerdo establece una duración inicial de tres meses prorrogables mes a mes. En caso de resolución antes de la fecha acordada, con 15 días de preaviso, no dará derecho a indemnización a ninguna de las partes.
Según la cláusula decimosexta del acuerdo, Telefónica y las empresas subcontratadas tienen la obligación de destruir los datos y acreditar su eliminación. Sin embargo, el experto ve cierta ambigüedad: "¿Quién va a auditar que se destruya toda esa información y que no se la queden las empresas? Podría darse el caso de que se filtraran datos y llegaran a manos de empresas de seguros, que están muy interesadas en datos sobre nuestra salud".
"Es una cuestión de ética y concienciación social", defienden a su vez desde el ministerio: "Las empresas no juegan con este tipo de cosas, saben a lo que se exponen. No se vigila el cumplimiento, pero se castiga el incumplimiento. Trabajamos con la legislación actual y la AEPD".
¿Puede llegar a ser de uso obligatorio una aplicación como esta?
La legislación actual de España hace actualmente inviable esta posibilidad, en opinión de Carlos Seisdedos. "Se llegó a decir que Google y Apple instalarían de forma automática las aplicaciones en nuestros terminales, pero es inviable".
Tampoco ofrecen información exacta las antenas de móviles con el GPS desactivado de los terminales, como recuerda la AEPD, pues "recogen habitualmente datos de posición de sus abonados, que calculan en función de la fuerza con que les llegan las señales de cada móvil a las distintas antenas de una zona".
Esta posibilidad ya se sugirió semanas atrás: "Su utilización anonimizada fue utilizada por el Instituto Nacional de Estadística para estudios de movilidad. Durante la gestión de la crisis de la COVID-19, el Gobierno y la Comisión Europea han pedido que las operadoras proporcionen este tipo de información anonimizada para ver los movimientos de población", añade la agencia.