Después de un paréntesis por la pandemia del coronavirus, los libaneses retoman las protestas a raíz de la muerte de un manifestante en la ciudad norteña de Trípoli, la segunda más grande del país. El miércoles 29 de abril, los manifestantes volvieron a la calle, lanzando cócteles molotov y piedras a las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos. El resultado: heridos por ambos bandos, 40 entre las fuerzas del orden y 50 entre los manifestantes.
Líbano está atrapado en su peor crisis económica y financiera desde el final de la guerra civil (1975-1990). Una crisis que se exacerbó con el estallido en octubre de 2019, de una protesta popular contra el gobierno, al que acusan de corrupción e incompetencia. La chispa fue una tasa sobre llamadas de voz a través de redes sociales como WhatsApp o Facebook, pero terminó teniendo motivos más profundos como las denuncias contra la clase dirigente.
El movimiento de protesta ha convulsionado al país entero en su exigencia de una reforma del sistema político y la dimisión de sus dirigentes. Los manifestantes forzaron el 29 de octubre la dimisión del primer ministro, Saad Hariri, pero exigen la de todos los demás sin excepción.
El coronavirus, una tregua forzosa
Las protestas que, en octubre, empezaron siendo pacíficas fueron radicalizándose progresivamente. El confinamiento y el toque de queda nocturno, debido al coronavirus, sirvieron momentáneamente para frenarlas pero han terminado por acentuar las dificultades de la población y reavivar su descontento.
Ahora, después del tiempo de confinamiento, los libaneses denuncian que han perdido el poco poder adquisitivo que les quedaba. Según estimaciones oficiales, en Líbano el 45% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La crisis se ha amplificado con las medidas para contener la propagación de la epidemia, con el parón de la economía y el cierre de comercios y lugares de ocio.
"Incluso si no podemos recuperar el dinero, nos vengaremos rompiendo las propiedades (...) El tiempo de la venganza ha llegado", ha afirmado a la agencia Efe Mohamed Deraei, de 27 años, frente a uno de los bancos atacados en el centro de Trípoli.
Los bancos, blanco de críticas y ataques
En los últimos días, varios bancos han sido quemados o saqueados. La calle les acusa de complicidad con el poder político y rechaza las restricciones draconianas a la retirada de dólares en efectivo que en marzo fue cortada por completo así como las transferencias extranjeras, medidas que han reavivado los temores a un corralito.
Los manifestantes acusan sobre todo al Banco Central por no detener la fuerte depreciación de la libra libanesa frente al dólar, con el que está indexada desde 1997, causando así una grave inflación.
Su gobernador, Riad Salamé, se defiende y culpa al gobierno, afirmando que el Banco Central financia al Estado y que las promesas de reformas del gobierno no se han concretado. "Por mi parte -ha asegurado Salamé en una rara entrevista en televisión- no sé si había verdaderamente voluntad de reformas pero sí que, desde el Banco Central, siempre las hemos reclamado".
La comunidad internacional prometió en 2018 una ayuda financiera de 11.000 millones de dólares en contrapartida de estas reformas que continúan siendo letra muerta. En consecuencia, los prestamos nunca fueron desbloqueados.
Esperando cambios que no llegan
El jueves 30 de abril, el primer ministro Hassan Diab anunció que el país demandaría una ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), después de la adopción de un plan para relanzar la economía en el que trabaja ahora su gobierno y que se espera esté listo para el miércoles 6 de mayo.
"Sin duda las condiciones sociales son muy difíciles -reconoció el primer ministro Hassan Diab- refiriéndose a la ayuda económica distribuida entre los más desfavorecidos". Diab elogió también "la sabiduría y disciplina" de las fuerzas del orden frente a los manifestantes, aunque la organización Human Rights Watch (HRW) haya denunciado un "uso injustificado de la fuerza letal".
Líbano sufre graves carencias en materia tanto de alimentación como de producción de electricidad o tratamiento de basuras. Su fragilidad política y económica se ha visto desbordada por la guerra en la vecina Siria. Además de varios atentados tanto en Beirut, la capital, como en otras regiones del país, ha tenido que acoger a más de millón y medio de refugiados sirios.
Tanto organizaciones libanesas como internacionales han dado reiteradamente la voz de alarma sobre el peso económico y social de esta afluencia masiva de población sin recursos en un país de 4,5 millones de habitantes.