El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado la existencia de una "policía política" ante las acusaciones de la oposición por "censurar". Ha defendido, sin embargo, que el Ministerio no podía "no actuar" ante bulos y desinformaciones que, entre otras cosas, "van contra la salud pública" y también contra aquellas que generan "estrés y alarma social". A su vez, algunos grupos han recriminado al ministro por haber desprotegido a los agentes y "abusar" de la llamada 'Ley Mordaza'.
Las acusaciones de censura por parte de la oposición han sido generalizadas durante la comisión de Interior celebrada este jueves en el Congreso y se han referido a la instrucción del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, al cuerpo para "minimizar el clima de crítica a la gestion de esta crisis" e identificar mensajes "susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". "No hay persecución política", ha defendido Marlaska.
En este sentido, el ministro ha aclarado que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dirigen para luchar contra las ciberestafas, delitos de pornografía infantil y también contra "quienes desinforman porque causan alarma social y estrés social" que afectan, principalmente, a personas "de vulnerabilidad". Ha puesto de ejemplo mensajes que "inundan las redes" relativas a falsas curas del coronavirus, acoso a profesionales sanitarios o mensajes de quienes se hacen pasar por médicos para lanzar bulos.
"¿Qué hacemos, no actuamos?", ha preguntado el ministro, quien ha defendido que "eso lo tienen que controlar y monitorizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" pero "no con finalidad política" sino "de seguridad". Ha criticado que el hecho de que se controlen mensajes que atacan a instituciones del Estado no implica únicamente al Gobierno, sino "desinformaciones que van contra la salud pública", como aquellas que dicen que de "no ir al Sistema Nacional de Salud porque está colapsado": "Es una cuestión de gestión ordenada de la crisis".
PP, Vox y Cs le acusan de desproteger a los agentes
Durante la comisión, la diputada del PP Ana Vázquez ha acusado a Marlaska de “sectarismo”, de “imponer la censura” y de “coartar la crítica y lo más elemental en democracia, que es el debate y la discrepancia”. También ha preguntado al ministro si dio la orden para que hubiera una instrucción del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil para detectar mensajes de desafección al Gobierno. “En su afán por monitorizarnos y silenciarnos, se ha olvidado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha añadido Vázquez, quien ha acusado a Marlaska de "abandonar" a los agentes.
“Le falta humildad y le sobra soberbia, vive en una realidad paralela”, ha espetado Vázquez, quien le ha transmitido que “tiene motivos para arrepentirse, pedir disculpas y más de 22.000 familias se lo están suplicando”.
Tanto PP como Vox han criticado también el cese del jefe de Servicios y de Seguridad Laboral de la Guardia Civil, José Antonio Nieto, durante la crisis sanitaria y han considerado que el motivo fue que alertaba desde enero de los medios de protección necesarios para los agentes. Y, junto con Ciudadanos, han aunado la petición de considerar a los enfermos por COVID y fallecidos en “acto de servicio”.
La destitución de Nieto "no fue una orden" de Interior
Respecto al cese de Nieto, Marlaska ha defendido que no fue una orden del Ministerio sino del superior de Nieto a raíz de que filtrara, según el ministro, un borrador interno "a terceras personas". Algo que fue una "falta de lealtad" que determinó la "circunstancia" por la que fue cesado de "un cargo de confianza".
Javier Ortega Smith (Vox) también ha criticado la “operación de censura a la oposición” que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno a través de Interior: “Se han preocupado de protegerse a ustedes y no a los españoles”. Ha reiterado también, como en otras ocasiones, que el estado de alarma llegó “mal y tarde”.
En la misma línea, Macarena Olona (Vox) ha preguntado por qué no procedieron a la compra de “material sanitario masivo” en febrero y ha acusado a Marlaska de “faltar a la verdad”, de “negligencia” y de “haber abandonado por completo a los colectivos que están bajo su mando”.
Desde Ciudadanos, Pablo Emérito Cambronero ha denunciado también como “hecho gravísimo” que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil dijera que el cuerpo trabajaba por “el objetivo de minimizar el clima de crítica a la gestión de esta crisis” y ha pedido a Marlaska no “escudarse” en la Guardia Civil ni creer que “las instituciones son del Gobierno”.
También le ha reprochado no haber considerado como “personal de alto riesgo de contagio” a los agentes, para los que ha pedido “test masivos”, En resumen, ha exigido al ministro que pida disculpas y abandone la “opacidad”: “Pida disculpas, sus decisiones no han sido las más adecuadas y las han tomado en solitario”.
“Marlaska: "Se protegió a los agentes desde el primer momento"“
Marlaska, por su parte, les ha respondido que "desde el primer momento se tomaron las medidas necesarias y precisas que demandaban los servicios de protección de riesgos laborales" para la seguridad de los agentes, hechos que sitúa desde finales de enero, y ha asegurado que "no faltaron elementos de protección" para estos trabajadores y la curva entre ellos también se está "frenando". Y sobre la situación de los agentes muertos y enfermos con coronavirus, ha asegurado: "No vamos a ser menos ahora con nuestros hombres y mujeres".
Críticas por el abuso de la 'Ley Mordaza' y los CIE
ERC, Bildu y la CUP han pedido la liberación de los internos de los CIE y han criticado supuestos abusos realizados en estos centros de internamiento de extranjeros. ERC y la CUP también han acusado al Gobierno de estar “encubriendo” con la llamada ‘Ley Mordaza’ un estado de excepción y de sitio.
“Marlaska defiende la proporcionalidad de los agentes“
Al respecto, Marlaska ha defendido que "hay que controlar la movilidad de alguna forma", en referencia a las sanciones. Ha vuelto a mostrar su compromiso con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana -llamada por algunos la 'Ley Mordaza'- pero ha asegurado que en la próxima ley "algunos aspectos tienen que estar". Ha aseverado, sin embargo, que los agentes actúan con "proporcionalidad", aunque ha reconocido se puedan identificar algunas "disfunciones", pero ha defendido que lo que hacen los agentes son denuncias que luego serán evaluadas por un juez.
Ha respondido así a las críticas como la de el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien ha considerado “injusto” que el Gobierno “utilice la ley mordaza” pese a que “prometieron derogarla”: “No tiene sentido a no ser que estén encubriendo de facto un estado de excepción”.
Rufían denuncia “abusos flagrantes policiales”
Así, Rufián ha denunciado la existencia de “abusos flagrantes policiales”. Aunque ha considerado como “bueno” que se “enfrenten bulos”, ha considerado que se debe hacer “de otra manera” y que si no fue un “lapsus” lo dicho por el general Santiago, ha exigido que dé explicaciones en esta comisión. Por último, ha pedido que se regule a los extranjeros de los CIE, centros donde se están produciendo “vulneraciones de los derechos humanos”.
JxCat ha acusado al Gobierno de “orquestar la censura” y ha denunciado la existencia de una “policía política”, afirmando que PSOE y Podemos han “hecho suya aquella Ley Mordaza que tanto prometieron derogar”. Ha criticado al Gobierno apostar por la “subordinación” de las comunidades autónomas y no por la “colaboración” y le ha acusado de “autoritarismo”. También ha asegurado que “el tiempo ha dado la razón a -Carles- Puigdemont” respecto al hacer “política virtual”.
El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha augurado “una oleada de recursos” a las sanciones que se están produciendo en las calles ya que puede haber un “uso excesivo de denuncias en base a la Ley Mordaza” y le ha pedido que se cese “el relato punitivo”. También ha considerado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “no están para trabajar sobre la verdad o sobre un determinado parecer sino sobre el incumplimiento del Código Penal” y ha advertido que con la orden de la monitorización de mensajes en redes sociales “se están metiendo en un jaleo”.
Para EH Bildu, el Gobierno está “utilizando al cubo” la 'Ley Mordaza' “que tanto se comprometieron a derogar” y ha pedido que se depuren responsabilidades para que no haya impunidad de los agentes ante actuaciones “desproporcionadas de brutalidad que no tienen ninguna razón”. Jon Iñárritu Ha puesto de ejemplo a uno de sus diputados a quienes las autoridades han propuesto para sanción cuando se desplazaba con autorización al Congreso de los Diputados y ha criticado que algunos “quieren emular al agente Torrente”. Otra de las críticas ha ido dirigida a la “militarización de la crisis y de la comunicación” del Gobierno “al estilo ‘Independance Day’”. Por otra parte, la formación ha pedido cerrar los CIE “y no abrirlos nunca más”.
Mireia Vehí, de la CUP, ha acusado al Gobierno de estar “usando el estado de alarma como si fuera un estado de sitio”, algo que “no tiene cabida” y ha criticado “los poderes infinitos del Ministerio de Sanidad”. Ha cargado también contra las actuaciones que se amparan en la seguridad y que “permiten que se pueda ir a trabajar pero no a despedir a los muertos”. Por último, ha acusado al Ejecutivo de estar aplicando la Ley Mordaza “más de lo que dice” y le ha pedido "vaciar las cárceles" para que los presos pasen el confinamiento en sus domicilios.
Marlaska defiende la gestión de los CIE
En su turno de respuesta, el ministro ha respondido que en los CIE se ha ido dejando en libertad, "de acuerdo con las autoridades judiciales", a los extranjeros que estaban en trámite de ser expulsados. Sobre los presos de las cárceles, Marlaska ha defendido que solo son 46 los internos contagiados y que la mayoría están hospitalizados. Pese a ello, ha determinado que hay más de 3.000 presos pasando el confinamiento en sus domicilios, aquellos de tercer grado y de segundo (con el artículo 100.2) autorizados por las Juntas de Prisiones.
Marlaska ha contado en la comisión del Grupos Socialista y de Unidas Podemos, ambos socios de gobierno. El partido morado ha defendido que se actúe ante bulos que tienen el fin de "desestabilizar las instituciones del Estado y también al Gobierno" y ha criticado el "linchamiento que se está haciendo al general Santiago" por parte de una "derecha", ha proseguido, cuya posición es "antipatriótica".