La Fiscalía General del Estado ha informado de que hay abiertas 38 diligencias penales de investigación penal a residencias de mayores, la mayor parte en la Comunidad de Madrid, donde hay 19 investigaciones por la gestión de la pandemia del coronavirus. También hay abiertas 124 diligencias dentro del ámbito civil.
El Ministerio Público, que advierte de que "ésta no es una foto fija" respecto a las investigaciones desarrolladas a las residencias, ha informado este viernes de que las distintas Fiscalías Superiores también han elaborado 124 informes de seguimiento a estos centros.
Según la Fiscalía, "a día 15 de abril" ha "constatado abiertas" 19 investigaciones en Madrid; 7 en Cataluña; 5 en Castilla-La Mancha; 2 en Castilla y León y Murcia; y 1 en Canarias, en Valencia, y en Cantabria.
Sin embargo, el Ministerio Público admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información. Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.
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La Fiscalía no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos, aunque fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que, en las citadas 38 diligencias penales se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato, si bien aún no puede concretarse porque generalmente se investigan hechos y luego se califican.
200 denuncias por muertes en residencias
Hasta la fecha, hay alrededor de 11.000 ancianos fallecidos con coronavirus en residencias a falta de test generalizados. La Comunidad de Madrid y Cataluña suman entre ambas casi 7.000.
El Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras, precisan a Efe fuentes de esta institución.
Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID-19, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. "Se les ha dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CC.AA.", han aseverado las fuentes.
En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.