El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que el Gobierno trabaja para que el "ingreso mínimo vital sea una realidad lo antes posible" porque "ya era una necesidad" antes de la crisis del coronavirus, y según ha señalado, ya había 10 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza y un 30% de pobreza infantil en España.
"Con esta crisis la situación de riesgo para muchos ciudadanos se multiplica y creo que es imprescindible trabajar para que haya un ingreso mínimo vital que no deje a nadie en la estacada", ha asegurado al ser entrevistado en el la segunda edición del Telediario de TVE, y en esa medida trabajan, tanto el Ministerio de Inclusión Social como el de Trabajo.
Iglesias ha agregado que "este virus no entiende de territorios, pero sí entiende de clases sociales" y considera que es "una obligación democrática" para cumplir "nuestra Constitución" y para que todos los ciudadanos sepan que el Gobierno "va a hacer que en esta crisis nadie se quede atrás".
Preguntado por si considera que faltó previsión por parte del Ejecutivo a la hora de gestionar esta crisis, Iglesias ha respondido que hay qu ser "enormemente humildes" y que el Gobierno "claro que ha cometido erores" y los cometerá.
Defiende "un gran acuerdo por lo público"
Al mismo tiempo cree que "hay que poner en valor" las acciones llevadas a cabo hasta ahora, y el hecho de que el representante europeo de la Organización Mundial de la Salud, según ha asegurado, haya hablado de España "como referente" por la labor que están haciendo los profesionales sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El vicepresidente del Gobierno también se ha referido a unos nuevos pactos de la Moncloa y ha apuntado que estos deben girar en torno a un gran acuerdo por lo público y por los derechos sociales porque "es la primera lección" que ha dejado la emergencia sanitaria de la COVID-19.
En este sentido, ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas para ese "pacto transversal" por lo público que permita salir de la crisis y, principalmente, para reforzar la sanidad pública y acabar con las "condiciones de precariedad" en las que trabajan algunos profesionales del sector sanitario.