El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este miércoles entregarle una victoria al presidente Donald Trump al dejar en vigencia el programa "Permanezca en México", que requiere que miles de personas que buscan asilo en la frontera sur esperen en México mientras se resuelven sus demandas.
El 28 de febrero, el Tribunal de apelaciones emitió un fallo de que bloqueaba la política, pero más tarde la suspendió de inmediato, al mismo tiempo que la administración de Trump le pedía a la corte suprema que interviniera.
La juez hispana Sonia Sotomayor, fue la única que se pronunció en contra de mantener vivo temporalmente el programa en una decisión que no entra a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política del Gobierno de Trump.
El Gobierno alegó que bloquear el programa "crearía problemas de seguridad nacional y pública"
El pasado jueves, el Tribunal de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, en California, ordenó el bloqueo del programa "Permanezcan en México". Sin embargo, horas después suspendió la orden de forma temporal para dar tiempo al Ejecutivo a responder.
En ese momento, El Gobierno de Trump recurrió al Supremo cuya decisión impide la entrada en vigor del bloqueo parcial del programa, que según lo dispuesto por la corte californiana, iba a dejar de aplicarse este jueves en California y Arizona, los dos estados fronterizos sobre los que tiene jurisdicción el Noveno Circuito.
El Departamento de Justicia alegó ante el Supremo que bloquear el programa crearía problemas de "seguridad nacional y pública", alegando que "más de 25.000 extranjeros que ahora están esperando en México se apresurarían inmediatamente a entrar en Estados Unidos".
"Una oleada de esa magnitud impondría una carga extraordinaria a Estados Unidos y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el Gobierno de México", alertó el abogado del Gobierno, Noel Francisco, en su petición al Supremo.
La demanda comenzó a aplicarse por un acuerdo del Gobierno mexicano
La política, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección de Migrantes (MPP en inglés), comenzó a aplicarse a comienzos del año pasado en algunos puntos de la frontera con México y se expandió a partir de junio a raíz de un acuerdo con el Gobierno mexicano.
Esa medida fue impugnada por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, sigla en inglés) por considerar que "el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por EE.UU." en materia de migración y asilo.
Entre estas obligaciones, se asume la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas, al que los demandantes aseguran que ocurre en México, donde los solicitantes de asilo pueden ser víctimas de redes de tráfico de humanos o secuestradas para exigir un rescate.
Desde el inicio de su aplicación se han registrado más de 800 casos de asesinatos, torturas y violaciones
Se calcula que cerca de 60.000 personas que buscaban asilo en Estados Unidos han sido devueltas a México en el marco de este programa, y que solo se ha concedido el asilo a 263 personas.
Además, la organización American Inmigration Council, calcula que desde el inicio de su aplicación, se ha informado de más de 800 casos de asesinatos, torturas, violaciones, secuestro y otros ataques contra las personas que están acogidas en el programa mientras esperaban en México la resolución de sus demandas migratorias en Estados Unidos.