El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual y pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima. La norma castigará con hasta 15 años de cárcel los casos más graves de violación e introducirá el delito de acoso "callejero".
"Todos los días vemos cómo se niega la existencia misma de la violencia de género y se menosprecia colectivos que combaten esta lacra", ha señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, después de anunciar la aprobación del anteproyecto en vísperas de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer.
Junto a ella, en rueda de prensa, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que con la nueva ley de libertad sexual España se convertirá en un país "más seguro" para las mujeres y se impedirá que "los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro". También ha recalcado que la norma volverá a convertir al país en un "referente internacional" de la defensa de la igualdad.
14 horas - Ley de libertad sexual: 'solo sí es sí' - Escuchar ahora
El texto del anteproyecto recoge el conocido 'solo sí es sí', una reivindicación del movimiento feminista que saltó con fuerza a las calles de toda España a raíz de la polémica primera sentencia del caso de La Manada.
"La ley del 'solo sí es sí' es la ley del movimiento feminista", ha dicho Irene Montero en agradecimiento a esa movilización "insistente e incansable" de las activistas.
El propósito de las reformas que se lleven a cabo tras la aprobación de esta ley que la ministra de Igualdad califica de "histórica" no solo será condenar los delitos sexuales, han subrayado desde el Gobierno , sino trabajar para erradicar toda la violencia sexual y concienciar a la sociedad.
Protección "integral" del derecho de libertad sexual
En esa comparecencia, Irene Montero ha insistido en el carácter integral de la ley, que tiene como objeto una protección global del derecho de libertad sexual de todas las personas y la erradicación de todas las violencias sexuales que afectan a las mujeres de manera desproporcionada.
Se reconocerán como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual: agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta, también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación, o la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual.
El consentimiento, en el centro
Otra de las claves de esta ley es la adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea lo que determine si se ha producido un delito de violación y que no dependa, como hasta ahora, de la intimidación y la violencia.
Con esta reforma será castigado con pena de prisión como culpable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunsatancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
Según la propuesta, se establecerán penas de 1 a 4 años para castigar cualquier comportamiento "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento".
"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", señala el texto, según ha señalado Irene Montero.
No se distinguirá entre abuso y agresión sexual
El texto de la nueva ley también pone fin al polémico desdoblamiento entre abuso y agresión sexual. Cuando se apruebe la norma, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación.
También se considerará agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva, así como los que se ejecuten sobre las personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusara y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa.
Hasta 15 años de cárcel por delitos de violación
El anteproyecto de ley también refleja que se harán cambios en las penas del delito de violación. La penetración sin consentimiento se castigará con penas de 4 a 10 años, mientras que antes era castigada con penas entre 4 y 12.
Además, la violación con una agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años y si se le suman dos agravantes, con entre 9 y 15 años, han informado a Efe fuentes de Igualdad.
Se introducen agravantes
En lo relativo a los delitos sexuales también se modificará el Código Penal para introducir como agravante que la agresión sexual haya sido precedida o acompañada de violencia y grave daño. Además, se matizará la agravante de parentesco para dejar claro que se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.
Suben las penas de acoso
Por otro lado, subirán las penas por acoso sexual de 3-7 meses a 6-12 meses, que implicaría "solicitar sexualmente en el ámbito laboral, docente o de desigualdad, provocando intimidación, hostilidad o humillación graves".
Este castigo podrá ir acompañado de inhabilitación profesional o para el cargo.
Crea un delito de acoso "callejero" ocasional
Una de las novedades es la inclusión en el Código Penal del delito de "acoso ocasional", que considerará como un delito leve aquellas "expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas" que pongan a la víctima en una situación "objetivamente humillante, hostil o intimidatoria".
Este delito conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas para los agresores, y castigará así el conocido como acoso "callejero", situaciones que no tienen por qué darse en vía pública: pueden ocurrir en bares, fiestas privadas, conciertos, establecimientos.
El Ministerio de Igualdad ha explicado a Efe que hasta ahora solo estaban penadas estas situaciones en el ámbito de la violencia doméstica, es decir, entre familiares, pareja o expareja.
Red de asistencia y "centros de crisis" 24 horas
La nueva ley pondrá el foco en la prevención de las violencias sexuales, la sensibilización, el acompañamiento de la víctima en todas las fases del proceso y la reparación de las víctimas, así como en la garantía de no repetición.
Su aprobación también conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con "centros de crisis" que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día. Según la ministra de Igualdad, la sensibilización y la prevención serán pilares básicos de su funcionamiento.
Campañas y formación para profesionales
Además de esas medidas, Irene Montero ha señalado que la nueva ley también llevará más formación en perspectiva de género dirigida a todos los profesionales que vayan a atender a víctimas de violencias sexuales.
Asimismo, se llevarán a cabo diferentes campañas de sensibilización de conductas invisibilizadas para que la sociedad sea capaz de detectarlas y contribuir así a que disminuyan.
Por otra parte, se obligará a que los agresores condenados a menos de dos años de prisión que no tengan que entrar en la cárcel deban participar en programas formativos de igualdad y educación sexual y se le impondrá la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, igual que en la violencia de género.
Se modificará la Ley de Extranjería
La nueva ley, que también cambiará el Código Penal militar, también modificará la Ley de Extranjería para que las víctimas de violencia sexual no puedan ser deportadas mientras se resuelve su caso, al igual que ya ocurre con la violencia de género.
Juzgados especializados
En lo relativo a la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos, la norma establece que se encargarán de ellos juzgados especializados y que el Poder Judicial tendrá un año para revisar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y decidir así si se encargan de estos asuntos o se crean nuevos órganos con tal fin. La especialización de jueces y fiscales será otro de los puntos que aborde la ley.