Hasta 426.000 personas se encontraban a la espera de recibir atención a la dependencia en España en 2019, lo que supone 50.000 más que a finales del año anterior, según el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que destaca que se trata de la primera vez desde 2016 que aumenta el número de personas con necesidad de recibir este tipo de ayuda.
En concreto, hay 266.000 personas en la lista de espera para recibir atención, lo que supone 20.000 personas más que en 2018, y otras cerca de 160.000 personas pendientes de valoración, 30.000 más que en el ejercicio anterior.
El documento pone de relieve que en ocho regiones españolas ha crecido la lista de espera en 2019, situándose a la cabeza Extremadura (7,9 %), seguida de Asturias (7,8 %), Comunidad de Madrid (4,3 %), Región de Murcia (3,9 %), Islas Baleares (3,3 %), Comunidad Valenciana (1,9 %), Galicia (0,6 %) y la ciudad autónoma de Melilla (0,3 %).
Además, el Sistema de la Dependencia: más dependientes en lista de espera, mayor brecha entre regiones y 30.000 personas que mueren cada año sin recibir atención, denuncia el Observatorio coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que urge al Gobierno central a aumentar ya 459 millones de euros su financiación.
"La dependencia se para y en 2019 se inicia la fase de ralentización; 2020 puede ser el despegue del sistema si el Gobierno de España habilita esos 459 millones de euros" para aumentar el Nivel Mínimo -lo que da a las comunidades autónomas para atender a los dependientes-, ha dicho el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, quien ha pedido arrinconar "discursos progresistas cuando siguen vigentes los presupuestos de Montón".
Ralentización del incremento de beneficiarios
En paralelo al aumento de las listas de espera, los autores del estudio concluyen que en 2019 "se ralentiza" el incremento de personas beneficiarias, ya que el aumento de personas que sí fueron atendidas fue un 39 % inferior que el año anterior (con 99.444 beneficiarios en 2018 y 60.904 en 2019).
En relación con el plazo de tramitación, se sitúa en una media de 426 días, "con grandes variaciones territoriales", según denuncia el Observatorio, que añade que al ritmo de incorporaciones de beneficiarios de 2019 se tardarían casi cinco años en lograr la plena atención.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo se sitúan Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).
Durante 2019, murieron 31.000 personas sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. "No fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", destaca el informe, que ilustra la situación con una cifra: "Diariamente fallecen más de 85 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios".
La dependencia afecta a un 3 % de españoles
El dictamen pone de relieve que el 3 % de la población española necesita apoyos para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. De este modo, a 31 de diciembre de 2019 había en España 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes de valoración.
Del total de personas con dependencia reconocida, el 65 % son mujeres y el 35 %, hombres. El 72,6 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,2 %.
Además, según el informe, el 42 % de las personas desatendidas en 2019, es decir, 113.275 en total -15.000 más que el año anterior- son dependientes con Grados III o II, con necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
"El recorte en dependencia, único que no se ha recuperado"
Por otro lado, el dictamen sostiene que la pérdida de recursos económicos en dependencia desde 2012 asciende a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. "El recorte a la dependencia es el único recorte de los años crisis, que aún no ha sido recuperado", advierte.
En este sentido, apunta que un total de 8.891 millones de euros es el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2019, de los cuales las administraciones públicas aportaron 7.050 millones de euros y 1.840 millones los usuarios "en forma de copago regulado", lo que supone un 20,7 %.
"Del gasto público directo en dependencia en 2019, la administración general del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80 %. Muy lejos de la pretendida aportación al 50 %", denuncia el dictamen, que añade que el Sistema de Atención a la Dependencia en 2019 generó 263.024 empleos directos, 16.000 más que el año anterior. El impacto sobre el empleo es de 37,3 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, ha subrayado.