El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado por el 1-O a los diputados de ERC Josep María Llové -miembro de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat- y Lluis Salvadó, que fueron altos cargos del Govern con Oriol Junqueras. Están acusados de cometer delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y se les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros.
En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa al exsecretario general de la vicepresidencia Josep Maria Jové y al exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó, concluye que tuvieron una "participación activa" en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas "estructuras de Estado".
La juez, que ha citado a los dos diputados de ERC el próximo 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos.
La magistrada detalla en su escrito que ha descartado decretar prisión preventiva para Jové y Salvadó dada la "imposibilidad" de que destruyan pruebas y la "inexistencia" de indicios de fuga.
En el auto de procesamiento, que se puede recurrir, la juez aprecia indicios de criminalidad respecto a Jové por su "participación activa" en la preparación del 1-O y porque, por su cargo, "conoció y autorizó" gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal.
Más de dos millones en la preparación del referéndum ilegal
La juez, que basa parte de sus indicios contra Jové a partir de las anotaciones en su agenda 'Moleskine' intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20S de 2017, cita como gastos públicos atribuidos al exnúmero 2 del vicepresidente Junqueras los relativos a la publicidad y difusión del 1-O al suministro de papeletas y censo electoral, la cartelería y propaganda, observadores internacionales y el registro de catalanes en el extranjero, todo ello por un valor global de 2.166.661 euros supuestamente malversados.
Además, según la juez, Jové "desoyó" los mandatos del Tribunal Constitucional al intervenir activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum, como reflejan los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas intervenidas o la carta que Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat enviaron a los alcaldes de Cataluña para que cedieran locales para la votación.
La magistrada también procesa a Jové por un delito de prevaricación por la firma de un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) con el que se consiguieron los datos personales del Registro de población y el de catalanes en el exterior, con la finalidad de contar con un censo para el 1-O.
Salvadó contribuyó a elaborar las estructuras de Estado
En cuanto a Salvadó la magistrada esgrime en el auto su implicación en la elaboración de las denominadas estructuras de Estado, haciendo especial hincapié en la Agencia tributaria de una eventual Cataluña independiente y en la recaudación de todos los impuestos.
Jové y Salvadó fueron dos de los detenidos en la operación de la Guardia Civil el 20S de 2017 para impedir el 1-O, dirigida por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona -que ha procesado a una treintena de personas, entre ellos varios exaltos cargos del Govern, por los preparativos del referéndum ilegal-, si bien su causa acabó en el TSJC cuando ambos fueron elegidos diputados de ERC en el Parlament.
Precisamente, Jové ya declaró en junio del año pasado ante el mismo tribunal para dar explicaciones sobre el documento Enfocats, que recoge una hoja de ruta independentista en un power point, y la agenda 'Moleskine' que recoge detalles de las reuniones que los líderes catalanes mantuvieron durante 2015 y 2016 para abordar el 'procés. Ambos fueron encontrados en su casa durante el registro de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. En su declaración, Jové no reconoció como suyos ninguno de estos dos documentos, que sirvieron como pruebas en el juicio del 'procés'.
Críticas de PP y Cs por la presencia de Jové en la mesa
El procesamiento de Jové no ha pasado desapercibido entre los críticos con la mesa de diálogo con Cataluña. El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "invita a la sede de la Presidencia del Gobierno de todos los españoles a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia" por, según ha calificado, "la preparación de un golpe al Estado".
Ha opinado, además, que "España no merece esa humillación por unos votos a un presupuesto". La mesa de diálogo entre gobiernos es la condición de ERC para facilitar la continuidad del Gobierno con cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado.
También la portavoz parlamentaria de Ciudadanos y candidata a liderar el partido, Inés Arrimadas, ha comentado en su perfil de Twitter la noticia, criticando que Jové va "de la mesa con Sánchez al banquillo de los acusados". A continuación, ha pedido a Sánchez que "abandone de una vez esa mesa de la vergüenza y del chantaje".