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El Gobierno convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera este viernes

  • El CPFF no se reunía desde el verano de 2018 y su última convocatoria fue telemática

  • El Gobierno trasladará a las comunidades autónomas la senda de estabilidad presupuestaria

RTVE.es
2 min.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reunía desde el verano de 2018, vuelve a hacerlo este viernes, según ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha anunciado la convocatoria de un nuevo encuentro del CPFF en el que trasladará a las comunidades autónomas la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública, comprometidos con Bruselas.

Asimismo, Montero ha explicado que en la reunión se informará de la "andadura" prevista por el Gobierno, conforme a la nueva senda de estabilidad, para acometer los trabajos preparatorios de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

El último encuentro del Consejo de Política Fiscal se produjo telemáticamente el pasado 22 de agosto de 2018, y de manera presencial en julio de ese mismo año.

La prioridad son los presupuestos

La ministra de Hacienda ha destacado que cada administración debe "preservar e impulsar" sus competencias, pero ha remarcado que todas las políticas tienen que tener como "mirada única" dirigirse al bienestar de los ciudadanos, y ha hecho hincapié en que es "más necesario que nunca" estrechar los lazos institucionales y mejorar la coordinación territorial.

De igual forma, ha indicado que España es un Estado "ampliamente descentralizado", por lo que se requiere un "trabajo compartido y fluido para afrontar numerosos retos". A este respecto ha citado la "prioridad" de sacar adelante las cuentas públicas de 2020.

En el CPFF podría abordarse el asunto del IVA autonómico de 2017, unos 2.500 millones que el Gobierno da por liquidados al no haber podido aprobar la "solución" por el rechazo a las cuentas públicas del año pasado. Varias regiones han denunciado ya esta decisión, entre ellas Madrid o Galicia, y también algunas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha.

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