El Tribunal Supremo ha avalado el recorte del plus de productividad a una funcionaria por disminuir su rendimiento, al desestimar la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo el recurso que la trabajadora del Tribunal de Cuentas presentó contra la rebaja de sueldo que adoptaron sus superiores, una decisión que, a juicio del alto tribunal, entra dentro del "margen de discrecionalidad" que la ley concede a la Administración en las retribuciones de sus trabajadores.
Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso TVE, y que, en cualquier caso, "no fija doctrina sobre productividad", según han señalado fuentes del Supremo a RTVE.es, recalcando que "se refiere a un caso concreto durante un período concreto", esto es, que no existe ninguna modificación sobre lo que la Administración ya podía hacer hasta ahora.
Con todo, el sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, ha denunciado que el complemento de productividad se está otorgando sin unos fundamentos claros, por lo que ha exigido que se negocie una atribución sin lugar a arbitrariedades: "Es un concepto que se aplica en virtud de criterios poco transparentes y poco objetivos", ha señalado su secretario nacional de Acción, Francisco Lama, en declaraciones al Canal 24 Horas.
Por este motivo, ha reclamado que "el Gobierno y los partidos se sienten a negociar con CSIF la valoración del desempeño de todos los empleados públicos", insistiendo en que "las retribuciones tienen que estar regladas de manera objetiva".
CSIF reclama criterios claros para la aplicación de los pluses de productividad a los funcionarios
Una disputa por el rendimiento en el puesto de trabajo
La sentencia conocida este miércoles se pronuncia sobre el recurso que presentó una funcionaria del Tribunal de Cuentas a quien, en el segundo semestre de 2016, se le recortó el plus de productividad, que habitualmente había sido de 1.313,32 euros, hasta los 737,55 euros, a causa de una baja de 15 días "más un descuento adicional de 414,35 euros en concepto de penalización".
La dirección de su departamento justificaba ese recorte en que no atendía llamadas telefónicas, no seguía las instrucciones y realizaba un menor volumen de trabajo, según los correos electrónicos de su superiora directa -posteriormente cesada- y en el registro de la aplicación informática utilizada para supervisar la labor de los funcionarios.
Ella, por su parte, aportó 16 documentos sobre comunicaciones con el servicio técnico en las que pedía que le repararan su terminal telefónico y sus papeles de trabajo, correspondientes al examen de expedientes de contratación y revisión de contratos asignados. Y, aunque en el semestre siguiente se le pagaron 200 euros más de productividad, seguía reclamando 214,35 euros.
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Margen para bajar la productividad de la Administración
El Tribunal Supremo, sin embargo, desestima esa reclamación, al señalar que la normativa sobre productividad en la función pública deja claro que "lo asignado en determinado período de tiempo no significa idéntica asignación en otro, sino que se realizará según las apreciaciones que correspondan".
En este sentido, el alto tribunal recuerda las leyes de presupuestos en las que se fundamenta ese complemento y, en concreto, que "la valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa”.
Así, la sentencia recalca que la decisión adoptada en este caso se enmarca en el "margen de discrecionalidad" que tiene la Administración sobre las retribuciones de los funcionarios.
De hecho, la sentencia recoge que la dirección del departamento ha constatado que "tras los cambios habidos en la unidad donde la recurrente desempeña sus funciones [en referencia al cambio de subdirectora] el rendimiento ha mejorado". Un extremo que llevó, ya en el primer semestre de 2017, a que la funcionaria recuperara su plus de productividad en la misma cuantía.