La policía chilena cometió "graves violaciones de derechos humanos", que incluyen uso excesivo de la fuerza, abusos en las detenciones y uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios para contener las protestas sociales, según recoge un informe de Human Rights Watch (HRW).
Las conclusiones se encuentran en el documento que este organismo internacional, con sede en Nueva York, ha difundido este martes en Santiago y que ha elaborado tras observar 'in situ' el estallido social de Chile, que mantiene ya durante 40 días a miles de ciudadanos manifestándose por mejoras sociales y ha causado al menos 23 fallecidos.
"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", ha expresado José Miguel Vivanco, director en América para HRW.
Dos semanas de investigación
Durante la duración del estudio, se han entrevistado a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso (centro) en noviembre, entre víctimas, agentes policiales y autoridades.
El organismo dice haber recabado "pruebas consistentes" de que la policía "utilizó la fuerza de manera excesivaen respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".
HRW asegura que algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios, mientras que otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías.
Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según el organismo, "debido a errores estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros", por lo que se llamó al Gobierno a acometer una "urgente a una reforma policial".
Disparidad de cifras
Mientras que el Gobierno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el comienzo de las protestas, el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes.
Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una paliza policial en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares (durante el estado de excepción que mantuvo 9 días al Ejército al cargo de la seguridad en buena parte del país) y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina.
Se menciona también el caso de "un manifestante con una afección cardíaca murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos policías emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".
Finalmente, HRW recoge que la Fiscalía también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente consideran suicidios.
El informe también recoge que si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, "algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados", y que más de 1.896 agentes de policía resultaron heridos y cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves.