Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos socialistas de la Junta son los acusados del juicio sobre la llamada "pieza política" del caso de los ERE, que terminó el 17 de diciembre de 2018, un año después de haber comenzado en la Audiencia de Sevilla. La sentencia se conocerá este martes 19 de noviembre.
Los 21 se enfrentan a penas de hasta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación por presuntamente haber ideado un sistema "totalmente opaco" para el reparto discrecional de 680 millones de euros -según cifró la Fiscalía en la exposición de su informe final- a empresas en crisis durante más de una década (2000-2011) con riesgo de menoscabo para los fondos públicos.
1. Manuel Chaves, expresidente de Andalucía
Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía EFE
Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años (1990-2009) y expresidente del PSOE (2000-2012) se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que le atribuye la Fiscalía.
Durante su declaración en el juicio, el exdirigente socialista aseguró que conocía que se daban ayudas sociolaborales pero que no correspondía a su "ámbito político de decisión" cómo se adjudicaban estas. "Para mí, es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", señaló.
2. José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Hacienda
José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Economía y Hacienda EFE
José Antonio Griñán, expresidente de la Junta (2009-2013) y exconsejero de Economía y Hacienda (2004-2009), se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Dimitió en agosto de 2013 por el caso de los ERE.
En su interrogatorio como acusado durante el juicio, Griñán aseguró que desconocía el programa de ayudas de los ERE y que "jamás" fue alertado de las irregularidades que la Intervención General de la Junta de Andalucía detalló hasta en quince informes porque no requerían, argumentó, ninguna actuación suya como consejero, entonces, de Hacienda.
3. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo EFE
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo en Andalucía (1999-2008), se enfrenta a la petición de pena más alta -8 años de cárcel y 30 de inhabilitación- como uno de los principales acusados como "responsable directo" de las concesión de las ayudas y subvenciones investigadas. Durante la instrucción, estuvo en prisión preventiva en dos ocasiones.
En el juicio, Guerrero no ratificó sus declaraciones ante la Policía y la Guardia Civil durante la investigación del caso y negó que hubiera hablado de "fondo de reptiles" para referirse a la partida presupuestaria 31L. Desde este programa presupuestario se inyectaba dinero, mediante transferencias de capital, al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) para que otorgara las ayudas.
4. José Antonio Viera, exconsejero de Empleo
José Antonio Viera, exconsejero de Empleo EFE
José Antonio Viera, exconsejero de Empleo (2000-2004), se enfrenta también como Guerrero a una petición de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por presunta prevaricación y malversación. Era el responsable de Empleo cuando se firmó en 2001 el convenio entre su consejería y el instituto IFA-IDEA para la puesta en marcha del sistema de concesión de ayudas presuntamente ilegal.
Durante su declaración en el juicio, Viera aseguró que la Intervención nunca se refirió a él "con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad".
5. Antonio Fernández, exviceconsejero y exconsejero de Empleo
Antonio Fernández, exviceconsejero y exconsejero de Empleo EFE
Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo (2000-2004), consejero de Empleo (2004-2010) y presidente de IFA-IDEA (2001-2003). Como tal firmó con Viera el convenio que en 2001 dio lugar al sistema de cocesión de ayudas que se investiga en el caso de los ERE. La Fiscalía pide para él, como para Guerrero y Viera, 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.
Durante el juicio, Fernández -que también estuvo en prisión preventiva durante la fase de instrucción del caso- descargó toda la responsabilidad sobre la gestión de las ayudas en el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, de quien dijo que "trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad".
6. Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo
Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo EFE
Agustín Barberá fue el número dos de Empleo con Antonio Fernández como consejero entre 2004 y 2010. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
En su declaración en el juicio, Barberá defendió la legalidad del sistema de ayudas puesto en marcha en 2001, aseguró que los parlamentarios andaluces "sabían perfectamente" en qué consistía este y, en cualquier caso, aseguró que la concesión y gestión directa de las ayudas era competencia de los directores generales: primero de Guerrero y luego de Juan Márquez, que le sustituyó.
7. Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo
Juan Márquez, ex director general de Trabajo EFE
Juan Márquez Contreras, que ocupó el cargo de director general de Trabajo en sustitución de Guerrero entre 2008 y 2010, se enfrenta a una petición de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.
Durante el juicio, Márquez insistió en que, durante su etapa, las subvenciones se "ajustaban a la legalidad" porque no contaron con "reparo" alguno por parte de la Intervención. Su "cometido" al frente de la dirección general fue "continuar con el trabajo" encargado a este departamento, que ya llevaba "ocho años" funcionando con este "programa presupuestario" y un modelo para la tramitación de ayudas excepcionales a trabajadores de empresas en crisis, informa Europa Press.
8. Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia
Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia EFE
Gaspar Zarrías, mano derecha en el gobierno andaluz de Manuel Chaves donde ejerció de consejero de Presidencia entre 1996 y 2009, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 10 años de inhabilitación por presunta prevaricación.
Durante su declaración en el juicio, defendió que "había regulación" para las ayudas de los ERE y que su existencia era "pública y notoria". Igualmente, señaló que "nunca" despachó con el ex director general de Trabajo, José Antonio Guerrero.
9. Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda
Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda EFE
La exministra socialista Magdalena Álvarez se sentó en el banquillo de los acusados como exconsejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004. La Fiscalía pide para ella 10 años de inhabilitación por prevaricación.
En el juicio, Álvarez alegó que en ningún momento conoció el procedimiento por el cual se otorgaban las ayudas a empresas en situación de crisis y aseguró que no tuvo conocimiento de ninguna irregularidad ni de ninguna objeción sobre las transferencias de financiación.
10. Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta
Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía EFE
Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. A pesar de advertir hasta en quince informes de las presuntas irregularidades, está acusado de no actuar, de no tomar medidas, para poner fin al procedimiento de concesión de ayudas ahora juzgado.
En su declaración, Gómez Martínez insistió -como hizo ante el Supremo- en que hasta tres consejeros recibieron sus alertas sin hacer nada: José Antonio Griñán como titular de Hacienda, Antonio Fernández como responsable de Empleo y Francisco Vallejo como consejero de Innovación. Su abogado, aseguró que su cliente es el "clavo ardiendo" al que se están agarrando los acusados "para eludir responsabilidades".
Los otros 11 acusados en el juicio de la pieza política de los ERE
La Fiscalía pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación para:
11. Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA.
12. Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación.
13. Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA-IDEA.
14. Javier Aguado Hinojal, ex secretario general de Trabajo y Empleo
15. Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Empleo.
El Ministerio Público reclama 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación para:
16. Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera y exconsejera de Hacienda. Era la número dos de Griñán en este departamento. El Ministerio Público reclama 6 años de prisión y 30 de inhabilitación.
17. Jacinto Cañete, ex director general de IFA-IDEA. La Fiscalía rebajó su petición de cárcel de 8 a 6 años por malversación. El Ministerio Público pedía también 30 de inhabilitación por prevaricación.
18. Lourdes Medina, ex secretaria general técnico de Empleo. El Ministerio también rebajó su petición de cárcel inicial desde los 8 a los seis años.
La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para:
19. José Salgueiro Carmona, exviceconsejero y exconsejero de Hacienda.
20. Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos.
21. Francisco del Río Muñoz, exjefe de Gabinete Jurídico de la Junta.
El juicio comenzó con un encausado más en el banquillo, el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, pero la Fiscalía -que pedía para el 10 años de inhabilitación- retiró finalmente la acusación contra él.