Este viernes 1 de noviembre iba a ser el día D: el Reino Unido saltaría al abismo al abandonar la Unión Europea. Un precipio sin acuerdo casi garantizado ante la parálisis parlamentaria que impidió la ratificación del Acuerdo de Retirada del primer ministro, Boris Johnson, que durante meses había prometido un Brexit "a vida o muerte". Pero por tercera vez en lo que va de año, el país ha vuelto a aplazar su Brexit day.
Meses y meses de intensas negociaciones y tensos desencuentros en el Parlamento británico han llevado al país a aceptar la tercera prórroga, esta vez hasta el 31 de enero, aunque podría abandonar el club antes si ratifican el nuevo acuerdo, eso sí, siempre y cuando Boris Johnson regrese al poder tras las elecciones del 12 de diciembre.
El Brexit transformará al Reino Unido en un país tercero que ya no se regirá por las normas europeas: ni libre circulación de personas, ni de bienes ni mercancías. La opción menos nociva sería una salida con acuerdo, conforme a las nuevas condiciones pactadas, con una factura de unos 45.000 millones de euros para los británicos y un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que no se aplicará ningún cambio.
Este período está acordado, precisamente, para forjar la nueva relación, en la que según el acuerdo actual, Londres abandonará el mercado único y la unión aduanera, por lo que deberá negociar un acuerdo comercial -es prorrogable si no hay consenso-, unas negociaciones que se complicarán mucho más que las del acuerdo del divorcio.
Y en dos años y medio de negociaciones, cada vez que se tensaban las conversaciones de un lado u otro, Bruselas y Londres amenazaban incrementando los preparativos para un divorcio sin acuerdo, un escenario que no se puede descartar si no hay consenso al final del período transitorio. Estos son los principales preparativos en el Reino Unido y España hasta la fecha:
Caos en el Reino Unido
El Gobierno de Theresa May activó en junio de 2018 la denominada Operación Yellowhammer para preparar al país para una salida sin acuerdo. En agosto de este año, el diario The Sunday Times reveló parte del impacto que manejaba el actual Ejecutivo de Boris Johnson: volvería a haber una frontera física en Irlanda, con su influencia en el proceso de paz en la isla; habría desabastecimiento de medicamentos y alimentos frescos, con las respectivas subidas de precios; el 85% de los camiones que cruzan cada día el Canal de la Mancha se enfrentarían a retrasos de hasta 2,5 días en la aduana francesa; subiría el coste de los cuidados sociales y habría retrasos en aeropuertos, el eurotúnel y en Dover.
Johnson confirmó en septiembre que el caos se apoderaría del país en este escenario y, a pesar de que intensificó la Operación Yellowhammer el 21 de octubre, la paralizó una vez confirmada y aceptada la prórroga.
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Además, Downing Street lanzó en septiembre su campaña Get ready for Brexit (prepárate para el Brexit), con carteles informativos para concienciar a los ciudadanos, una campaña tildada de "propaganda" por la oposición. Entre otras cuestiones, recomendaban a los británicos que fueran a viajar a la UE llevar el pasaporte con al menos seis meses de vigencia y contratar un seguro médico. Y aunque los derechos de los comunitarios estarían garantizados en caso de divorcio pactado, en los últimos tres meses han aumentado las solicitudes entre las más de tres millones personas que viven actualmente en el país.
Una de las cuestiones más delicadas es la referida al paso fronterizo del Canal de la Mancha. El 7 de enero de este año, May lanzó la Operación Brock, un simulacro en Kent, al sur de Inglaterra, destinado a prevenir los atascos en este escenario. Solo participaron 90 de los 150 camiones invitados, una cantidad poco representativa de la circulación diaria.
Con respecto a las consecuencias para la economía, el Banco de Inglaterra prevé la ralentización, con un crecimiento a su menor ritmo en 10 años y la oscilación de la libra, el coste de la deuda y el valor de las acciones "en cualquier dirección", según ha señalado recientemente su gobernador, Mark Carney.
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España: protección para empresas y ciudadanos, prioridad
Más de 300.000 británicos viven España, la mayoría concentrados en la Costa Blanca y la Costa del Sol. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en febrero el Real Decreto Ley 5/2019 con los planes de contingencia, que se adhieren a los previstos por la Comisión Europea, para un divorcio sin acuerdo. Dicho plan contempla, entre otras medidas, que los británicos pasarían de ser ciudadanos europeos a residentes legales en España, manteniendo sus derechos de trabajo, seguridad social y asistencia sanitaria hasta diciembre de 2020; siempre y cuando fuera recíproco para los españoles que viven allí.
[Consulta la página oficial de los preparativos del Gobierno de España]
Además, Moncloa incrementó el personal para garantizar el tráfico de bienes y mercancías en las fronteras. Estudia también la fórmula para ampliar la licencia de empresas como la aerolínea Iberia, que tiene capital británico, y poder seguir operando. Otro sector en el que el Gobierno ha puesto el foco, además del turismo, ha sido en el pesquero, que captura 9.000 toneladas de pescado en aguas británicas y dejaría de ingresar 27 millones de euros y perdería 100.000 puestos de trabajos.
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