El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley -que debe ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso- por el que transferirá 5.503 millones de euros a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales referidas al año 2019. En concreto, las regiones recibirán 4.682,29 millones y los ayuntamientos, 821,87 millones de euros.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien ha asegurado que la Abogacía del Estado ha dado el visto bueno a esta medida. "Es un hito que las comunidades autonomas hayan creado un precedente: que ni las comunidades ni los servicios puedan estar supeditadas a un gobierno con plenas capacidades o a un proyecto de presupuestos", ha señalado.
"Nunca hasta la fecha se había dado el caso de actualizar unas entregas a cuenta con unos presupuestos prorrogados y un Gobierno en funciones", ha precisado la ministra en funciones.
La titular de Hacienda ha explicado que la Abogacía del Estado -que se había negado a ello- ha dado el visto bueno ahora a esa transferencia por la imposibilidad de que haya un nuevo gobierno con plenas capacidades que pueda plantear actuaciones en este ejercicio y por la urgencia actual, ya que "alguna comunidad autónoma puede tener dificultades de pago en el mes de noviembre".
Estas son las dos nuevas circunstancias que sirven como fundamento legal para que Hacienda desbloquee las entregas a cuenta para comunidades y ayuntamientos. "Este Ministerio no ha cambiado de criterio. Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago", ha dicho la ministra Montero.
Las corporaciones locales también reciben entregas a cuenta
En opinión de María Jesús Montero, esta medida aprobada por el Ejecutivo central "refuerza la autonomía financiera de las comunidades", que ingresarán este año 102.800 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7,1% más que el año anterior. "Supone la mayor cifra jamás registrada", ha destacado Hacienda.
La comunidad autónoma que más ingresos recibirá será Cataluña (875,33 millones) -precisamente la que abrió este debate y que amenazó con ir a los tribunales para obtener el dinero-, seguida de Andalucía (831,98), Madrid (679,25 millones) y Comunidad Valenciana (460,43). Del otro lado se sitúan La Rioja (39,32 millones), Cantabria (75,8) y Baleares (101,63), así como las ciudades autónomas de Ceuta (1,1) y Melilla (0,88).
Además de las regiones, las corporaciones locales recibirán algo más de 800 millones por el mismo concepto, con lo que el importe total que recibirán este año por el sistema de financiación se sitúa en los 18.879,21 millones de euros, un 4,6% más respecto a las de 2018, según los datos facilitados por Hacienda.
Precisamente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había exigido este jueves al Gobierno que les abonara también a los municipios el dinero que les correspondía por este concepto y que ascendía a 1.203 millones de euros.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda también ha informado de la estimación provisional de la liquidación del sistema de financiación de 2018, que asciende a 10.955,4 millones, dinero favorable a las comunidades autónomas, que lo recibirán en 2020.
Montero: no se puede compensar el IVA de 2017 sin Presupuestos
Lo que no ha aprobado el Consejo de Ministros ha sido la liquidación del IVA de 2017, concepto este último que también exigen cobrar las regiones. María Jesús Montero ha vuelto a reiterar que "no se puede" hacer porque el Gobierno está en funciones y el Presupuesto en vigor es el prorrogado de 2018.
La titular de Hacienda ha insistido en declaraciones tras la reunión del órgano colegiado recogidas por Efe que este problema se iba a resolver con el Presupuesto de 2019 y que ya advirtió de que sin estas cuentas no podría abordarse porque incluían las figuras tributarias que iban a sufragarlo.
La ministra ha afeado a los partidos de la oposición que "hoy estén exigiendo a un Gobierno en funciones y sin Presupuestos que arregle un problema que provocó el señor (Cristóbal) Montoro" cuando "tumbaron un proyecto de Presupuestos que arreglaba esta cuestión".
Qué ocurre con el IVA de 2017
El conflicto se remonta a 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha el nuevo suministro inmediato de información (SII) del IVA, que implicó la ampliación del plazo que tienen las empresas para liquidar este impuesto. Esto supuso que el IVA que en condiciones normales se hubiera ingresado en diciembre de 2017 no lo hizo hasta enero de 2018, por lo que, en la práctica, el impuesto recaudó en 2017 ingresos equivalentes a once meses en lugar de doce.
Este desfase -según señala Efe- no supuso un problema para las comunidades autónomas -que reciben la mitad de la recaudación de IVA- en ese momento porque habían ingresado adelantos equivalentes a doce meses, pero sí este año, que es cuando han liquidado el ejercicio 2017 en el que solo tienen derecho a ingresos de once meses.
Para resolver esta cuestión, el Gobierno propuso adelantar el plazo para que las empresas liquidaran el IVA en diciembre, de manera que esos ingresos volverían a entrar en el último mes del año y, de manera extraordinaria, 2019 tendría trece meses de IVA -al incluir diciembre de 2018 y diciembre de 2019-. El adelanto de estos ingresos hubiera eliminado el impacto de la mermada liquidación de 2017 de las comunidades autónomas al incrementar los recursos de 2019, pero no pudo ponerse en marcha al resultar rechazado el proyecto presupuestario.