Cada rescate en el Mediterráneo retrata a la Unión Europea y deja al descubierto uno de sus flancos más débiles: la ausencia de una verdadera política migratoria común. La interpretación de las leyes del mar mantiene hoy a las 121 personas rescatadas por el Open Arms hace cinco días en el Mediterráneo a la espera de que las autoridades de Italia o Malta den permiso al barco español para desembarcar en tierra firme. Pero ambos países miran para otro lado y ningún otro gobierno europeo, por el momento, les ha ofrecido sus puertos.
[Especial: A bordo del Open Arms
Brindar auxilio a quienes se encuentran en peligro de muerte en el mar es una obligación consagrada en el Derecho Internacional, en particular por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convención CONVEMAR) de 1982, por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) de 1974 y por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR) de 1979.
14 Horas - Open Arms: incertidumbre tras cinco días de espera en medio del mar - Escuchar ahora
“La ley dice que si alguien rescata a unas personas tiene que llevarlas al puerto seguro más cercano, y Libia no es un puerto seguro porque es un país en guerra”, aclara desde el Open Arms Laura Ganuza, miembro de la ONG. “Sólo Italia y Malta dicen que es un puerto seguro, la Unión Europea dice que no, aunque luego financie las patrulleras libias para que los lleven a sus puertos”, denuncia Ganuza.
España no mueve ficha en la Unión Europea
Cualquier estado miembro de la Unión, incluido España, puede hacer una petición a la Comisión Europea para que se coordine entre los países la distribución de los migrantes rescatados por el barco humanitario y así hacer que o Italia o Malta, los países más cercanos, acepten el desembarco. Óscar Camps, director de la ONG del Open Arms ya ha solicitado al gobierno español que haga esa petición, como ya hizo el Ejecutivo alemán en el caso del buque Aylan Kurdi esta misma semana, lo que permitió su acogida en Malta. Pero el gobierno español sigue sin activar el mecanismo.
"Yo creo que España tiene lo que tiene en el sur y lo asume, Grecia tiene lo que tiene y lo asume -mal pero lo asumen-, pero yo creo que Malta e Italia no están asumiendo lo que les correspondería asumir que es la frontera sur europea", afirma Camps. Italia, de hecho, ha aprobado este martes un decreto antiinmigración que eleva las multas a las organizaciones de rescate de migrantes hasta el millón de euros.
Desde el gobierno español apuntan a Bruselas. "Es importante que la Comisión Europea asuma sus responsabilidades", ha afirmado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, al tiempo que ha defendido que la acogida de los migrantes "no puede ser una cuestión voluntarista". Preguntado por si España ofrecerá puerto al Open Arms, Ábalos ha afirmado que "no se puede dar la imagen de que España sea el único puerto seguro".
Manifestación en Barcelona convocada por la organización no gubernamental española Proactiva Open Arms contra la criminalización de las misiones de rescate de migrantes el pasado 13 de julio. AFP/PAU BARRENA
Valencia, como ya hizo con el Aquarius hace un año, ha propuesto su puerto para que el Open Arms desembarque a los 121 rescatados; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, también ha ofrecido todos los puertos catalanes y otras comunidades autonómas, como es el caso de Extremadura o el País Vasco, también se han prestado a acogerles.
“Está muy bien que los puertos de Valencia y Cataluña estén abiertos, pero es el gobierno español el que tiene que decidir, y ahora mismo el panorama pinta que nos multarán con 900.000 euros si vamos a España”, declara Laura Ganuza en relación a la carta enviada a la ONG de rescate el pasado 27 de junio por el Director General de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla.
En esa carta, Núñez Quintanilla prohibió al Open Arms retomar la búsqueda activa de pateras, limitando su actividad y advirtió a la ONG de que afrontaría multas de hasta 900.000 euros si quebrantaba esa disposición. Pero desde la ONG defienden que no hacen un patrullaje activo, si no que los rescates se han producido conforme al derecho internacional, esto es, si cualquier barco se encuentra durante su trayectoria, en el mar con personas en peligro está obligado a asistirlas.
Brindar auxilio en el mar, una obligación
Cuando un centro de coordinación de salvamento de un país recibe el aviso de una emergencia en el mar -es decir, vidas en riesgo-, este país “asumirá la responsabilidad de iniciar” las operaciones de rescate siendo el responsable durante toda esa fase. “Toda unidad que reciba información acerca de un suceso que entrañe peligro empezará a actuar inmediatamente, tomando las medidas que estén a su alcance para prestar ayuda o alertará a otras unidades que pudieran ser capaces de prestar ayuda, y avisará al centro coordinador de salvamento o al subcentro de salvamento del área en que haya ocurrido el suceso”, se especifica en el punto 5.9.1. del Convenio SAR ratificado por Italia con la ley 147 del 3 de abril de 1989.
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Pero el problema surge con la interpretación de la ley. De hecho, según el punto 2 del anexo revisado en el año 2000 del Convenio SAR, debe entenderse como “salvamento” una operación “para rescatar a personas en peligro, prestarles los primeros auxilios médicos o de otro tipo y trasladarlas a un lugar seguro”. Esto sugiere que los rescatados deban ser trasladados a un puerto de un país en el que no hay un conflicto en curso. Algo que descartaría, por ejemplo, países como Libia.
La ONU pide no devolver a los migrantes a Libia
“Muchos aseguran que prefieren morir antes que volver a Libia. Otros tampoco podrían volver a sus países de origen”, explica Yolanda Álvarez, periodista de TVE a bordo del barco español. “Hay personas heridas, que necesitan curas, y deberían pasar por un hospital cuanto antes. Con el paso de los días, el cansancio y la incertidumbre, después de todo lo que han sufrido en Libia y en el mar, les empieza a pesar demasiado”, apunta Álvarez.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, “no se debe instar a las ONG y los buques comerciales a transferir a las personas rescatadas a la Guardia Costera de Libia, ni se les debe ordenar que las desembarquen en Libia”, explican en un comunicado hecho público este martes.
“La situación de seguridad extremadamente volátil, el conflicto en curso, los informes generalizados de violaciones de los derechos humanos y el uso rutinario de la detención arbitraria para las personas desembarcadas en Libia subrayan el hecho de que no es un lugar donde la seguridad sea viable”, explican desde ACNUR.
No obstante, en los casos de inmigrantes rescatados fuera de la zona SAR declarada por cada país, este mismo tratado no establece que el destino final de los rescatados deba ser el país de origen del centro de coordinación de los rescates. Además, el punto 3 del Convenio SAR también indica que debe haber cooperación entre los estados vecinos –por ejemplo, Malta e Italia-, los cuales deben respectivamente autorizar “a sus centros coordinadores de salvamento que, cuando se les solicite, presten ayuda a otros centros”, algo que supone también permitir la entrada de buques en sus aguas territoriales si allí se encuentra el puerto seguro más cercano.
¿Qué es un puerto seguro?
La pregunta es: ¿Quién determina qué es un puerto seguro? Y la respuesta, tan sencilla como ambigua: las autoridades que gestionan el rescate SAR, junto con los ministerios del Interior de los países involucrados. Para ello se rigen tanto por sus leyes internas como por el Derecho Internacional. ¿Cuál prevalece?
Según el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el paso de una nave por las aguas territoriales de un país está permitido “mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño”. En el mismo artículo, su segundo punto incluye como perjudiciales para la paz, el buen orden y la seguridad “cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño”. Una circunstancia que puede alegar Italia. Algo que se ve reforzado porque el Código Mercantil italiano prevé que el Ministerio de Transportes puede adoptar estas medidas “por motivos de orden público”.
También existen otras ramas del Derecho Internacional como el derecho de los refugiados y los derechos humanos que deben ser tenidos en cuenta. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Todas estas leyes prohíben retornar a las personas a territorios donde su vida sería puesta en peligro.
La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, va a proponer un nuevo pacto migratorio a los países de la Unión para acabar con situaciones como la del Open Arms, pero eso no será hasta noviembre, cuando ella tome posesión y las 121 personas rescatadas por remolcador español no pueden esperar tanto tiempo.