Las competencias en políticas activas de empleo que ha reclamado este jueves el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en pleno debate de investidura, cuentan actualmente con un presupuesto de 5.716 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en vigor, pero son unos fondos transferidos a las Comunidades Autónomas.
Estas políticas son las referidas a programas de ayudas a parados y formación para empleados a través de distintos programas y servicios que se coordinan desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si bien los fondos de las mismas están transferidos en buena parte a las comunidades autónomas.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de Empleo, es el que coordina estas políticas dentro de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias.
Casi 6.000 millones para estas políticas
Conforme a los Presupuestos de 2018, actualmente en vigor, en las políticas activas de empleo se incluyen bonificaciones a la contratación (1.936 millones), formación profesional para el empleo (2.284 millones) y oportunidades de empleo (278 millones de euros).
Y en el proyecto de Presupuestos para 2019 que finalmente no vieron la luz, se destinaba a políticas de fomento del empleo 5.985 millones de euros, un 4,7% más que en 2018, según el proyecto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y consensuado con Podemos.
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elevó, en su reciente revisión del gasto público, a entre 6.100 y 6.500 millones de euros la partida de gasto total que se destina en España a Políticas Activas de Empleo.
En la última Conferencia Sectorial sobre estas políticas se acordó el reparto de 2.317 millones, un 9% más que el año pasado, para estas políticas. A estas cantidades, se suman programas específicos de regiones y entes autonómicos.
En concreto se gestionan desde el Sistema Nacional de Empleo (SNE) formado por el SEPE, encargado de fijar los criterios de reparto, y los 17 servicios públicos de empleo autonómicos.
Incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la protección por desempleo, la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y el desarrollo de dicha ordenación.
De esta forma, de haberse producido el acuerdo que ha propuesto Iglesias en la tercera jornada de investidura, Podemos gestionaría el pilar de una de las tres secretarías de Estado que tiene el Ministerio de Trabajo, junto a la de Seguridad Social y la de Migraciones.