El secretario de Trabajo de EE.UU., Alex Acosta, ha anunciado su dimisión este viernes por su actuación en el caso del magnate acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein cuando era fiscal federal del distrito sur de Florida.
En una comparecencia no anunciada en la Casa Blanca junto al presidente Donald Turmp, Acosta ha explicado que le ha comunicado a Trump por la mañana que "lo correcto era hacerse a un lado". "Ha sido su decisión, no la mía", ha dicho Trump, que ha nombrado a Patrick Pizzella como su sustituto temporal.
Acosta, el único latino en el Gobierno, llegó al gabinete de Trump en abril de 2017 después de ser fiscal federal del distrito sur de Florida entre 2005 y 2009. Fue entonces cuando se enfrentó a la primera acusación de tráfico sexual con niñas que salpicaba a Epstein, y fue uno de los responsables de un acuerdo judicial por el que Epstein solo cumplió 13 meses de cárcel.
Más de diez años después, las autoridades neoyorquinas acusaron el lunes al millonario de explotar y abusar sexualmente de docenas de adolescentes gracias a la recopilación de nuevas pruebas y testimonios, ante lo que Epstein se ha declarado no culpable. Según los fiscales, Epstein, de 66 años, se llegó a llevar a varias jóvenes a sus mansiones para forzarlas a mantener relaciones sexuales.
Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual
Cede a la presión
Este martes, la presidenta demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la oposición en el Senado, Chuck Schumer, pidieron inmediatamente la dimisión de Acosta. El ya exsecretario de Trabajo se defendió con un mensaje publicado en Twitter en el que tildó los que los crímenes cometidos por Epstein de "horribles", y se mostró satisfecho de que la Fiscalía de Nueva York estuviera actuando.
El miércoles sostuvo en rueda de prensa que, de no haber sido por su acuerdo judicial en 2009, Epstein hubiera tenido una condena más suave. Además, evitó responder sobre cómo hubiera actuado ahora, en plena era del #MeToo. Pero lo cierto es que Epstein podría haberse enfrentado a la cadena perpetua por estas acusaciones.
Ya en febrero, un juzgado federal de West Palm Beach (Florida), sentenció que el acuerdo de 2008 violaba los derechos de las víctimas.