Han pasado casi dos años desde que el Congreso aprobó el pacto de Estado para hacer frente a la violencia machista, pero el concepto de violencia de género sigue intacto en la práctica. Pese a que el Convenio de Estambul -la base sobre la que se asienta el acuerdo- exige que se reconozca dentro del término todo tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo, España solo considera como víctimas a las mujeres que fueron asesinadas por su pareja o expareja.
Rezan en el registro oficial las 1001 mujeres asesinadas desde 2003, pero quedan fuera las asesinadas que no mantuvieron una relación sentimental con su agresor, las mujeres que sufrieron agresión sexual o las que murieron en vida cuando sus parejas o exparejas asesinaron a sus hijos con el cruel objetivo de prolongarles el dolor eternamente.
[Especial 1000 mujeres asesinadas]
Ninguno de estos casos está reconocido oficialmente como violencia de género porque se sigue lo establecido por la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2014, que define este tipo de violencia como la perpetrada por un hombre sobre una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja o sobre los hijos de ella.
España aún tiene pendiente plasmar el contenido del pacto de Estado tanto en la legislación como en las políticas dirigidas a la lucha contra esta lacra, una deuda con la sociedad que no olvidan algunas víctimas directas, familiares, asociaciones o magistrados.
Víctimas que no mantuvieron relación con su agresor: Laura Luelmo o Diana Quer
Entre los casos que no han recalado en el fatídico contador de víctimas de violencia machista están los de Laura Luelmo, la profesora asesinada en El Campillo (Huelva) en diciembre del pasado año por Bernardo Montoya, un vecino que la intimidaba y que confesó el crimen, y el de Diana Quer, asesinada en 2016 por José Enrique Abuín, 'El Chicle', un hombre al que no conocía de nada.
Fuera del registro público de violencia de género quedan también otros nombres como el de Cristina Iglesias, una profesora de 35 años que fue asesinada en Torre-Pacheco (Murcia) en 2016 por un vecino. La joven intentó defenderse y gritó para pedir ayuda, pero su agresor terminó matándola. En su declaración, uno de los guardias civiles declaró que, para él, el móvil fue sexual u obsesión.
Su madre, María Betanzos, no logra entender por qué su hija todavía no está considerada como una víctima de violencia de género.
“Sigo pidiendo una reforma para que mujeres como mi hija entren a formar parte de las listas oficiales. Por mi hija ya no puedo hacer nada, pero sí puedo hacer por que ninguna mujer más sea no considerada víctima oficial simplemente porque no le una ningún tipo de relación con su asesino”, señala Betanzos, que lamenta que el Pacto de Estado no se haya "respetado".
Su petición coincide con la de Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, la enfermera de 20 años que fue asesinada en Pamplona en los Sanfermines de 2008. La joven se resistió a ser violada y José Diego Yllanes le arrebató la vida, pero el crimen tampoco está catalogado como violencia de género por las mismas razones que los anteriores.
"Yo no entiendo el matiz. ¿Por qué es importante que sean pareja? Para mí, es la fuerza de un hombre contra la mujer y está claro que a Nagore la mató porque no se pudo defender", explica Casasola, que defiende la necesidad de llamar a las cosas por su nombre: "Si es violación, no lo llames abuso", dice.
Ella, además, carga con la injusticia -explica- de que el agresor de su hija no fuese condenado por asesinato, sino por homicidio, a pesar de que la joven recibió 36 golpes y fue estrangulada hasta la muerte. El responsable del crimen pasó menos de nueve años en prisión y volvió a trabajar en un centro psiquiátrico.
Víctimas de agresión sexual: el caso de 'La Manada'
Otras víctimas que quedan al margen de la violencia de género son las que sufrieron agresión sexual. Uno de los casos más reconocibles es el de 'La Manada', citado, además, por muchas de las entrevistadas para recalcar la importancia de proteger, defender y apoyar a las mujeres desde el momento en el que se detecta la violencia.
La frase "No no es abuso, es violación" llenó las calles de España hasta el mismo día en que el Tribunal Supremo confirmó en sentencia firme que se trató de una violación múltiple y elevó la condena desde los 9 a los 15 de cárcel.
"La violencia de género no sólo se produce en el ámbito doméstico, sino en todos los espacios en los que las mujeres interactúan. Lo que se reivindica por las personas que conocemos los tratados internacionales y de derecho internacional es que la legislación española se adecúe a lo contenido en el Convenio de Estambul", subraya la presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas, Gloria Poyatos, que considera que el caso de 'La Manada' ha marcado "un antes y un después".
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El asesinato, señala Poyatos, es "la cara más atroz" de la violencia machista, pero cree que el registro "no debe excluir al resto de tipos". Y alude también a la Convención sobre la Elminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), otra guía, como el Convenio de Estambul, que además ayuda al órgano judicial a integrar en sus resoluciones la perspectiva de género de la que, dice, "carece nuestro ordenamiento jurídico".
Víctimas de violencia vicaria: Ruth Ortiz o Margarita Dopico
Dentro del Pacto de Estado está contemplado abrir el término de violencia de género a los casos mencionados previamente, los de mujeres asesinadas que no mantuvieron una relación sentimental con su agresor y los de agresión sexual. En cambio, hay una petición popular cuya respuesta quedó en el aire: la de considerar como víctimas de violencia machista a las mujeres que sufrieron violencia vicaria, es decir, la violencia que se ejerce sobre una tercera persona para herir a la mujer.
Ese sufrimiento lo conoce Ruth Ortiz, la madre de los dos menores asesinados por su padre, José Bretón, en 2011.
"Lo que queremos hacer patente es que nuestros hijos están muertos por culpa de la violencia machista y de la educación machista que está instaurada en nuestro país. Nosotras somos las mujeres que hemos sufrido la violencia de género y que además vamos a sufrir el maltrato psicológico por la ausencia de nuestros hijos durante toda la vida. Las mujeres que fueron asesinadas están muertas y no pueden hablar, pero nosotras sí podemos hablar", dice Ortiz a RTVE.
En el momento en el que se aprobó el pacto, ella pensó que finalmente sería considerada como víctima de violencia machista, pero asegura que todo quedó "en el aire" y que "no se ha materializado en nada práctico", como posibles ayudas psicológicas o económicas.
Sus palabras están en la línea de las que pronuncia Margarita Dopico, la madre del bebé de 14 meses al que su pareja asesinó en 2010. Desde entonces, se ha sentido “desamparada” incluso por las autoridades y la justicia [VER VÍDEO].
Margarita Dopico, una mujer cuyo hijo de 14 meses fue asesinado en 2010 en A Coruña por su expareja, recurrirá la sentencia que absuelve de denegación de auxilio al guardia civil que la atendió cuando acudió a denunciar las amenazas antes del crimen. Hasta tres veces denunció las amenazas de su expareja antes de que asesinara al hijo de ambos, de 14 meses.
"Luché igual que Ruth Ortiz por una cuestión común, porque estamos desprotegidas. Asesinar a tu hijo es el mayor daño que te pueden hacer. Eso es matarte en vida", explica Dopico, que relata los obstáculos con los que se ha encontrado para que se las reconozca como víctimas de este tipo de violencia.
Una de las personas que más han luchado junto a ellas para hacerlo posible es Gloria Vázquez, presidenta de la asociación Vela-Luz, que llegó a someterse a una huelga de hambre de 26 días en la Puerta del Sol junto a otras mujeres para exigir al Gobierno la creación de urgencia de un Gabinete de Crisis y pedir que la violencia machista sea “cuestión de Estado”. Lo reclamaron, incluso, en el Senado en una intervención en la que leyeron una carta de Dopico.
"La violencia machista es mucho más amplia que la de género. Lo que yo entiendo es que tiene que haber una ley de violencias machistas en la que cada tipo de violencia tenga un marco específico con la ley clara para que el juez pueda identificarla", subraya Vázquez, que considera que el pacto de Estado se hizo "rápido y deprisa" e incide en la necesidad de que "se lo tomen en serio y se invierta el dinero en las víctimas".
¿Qué dicen desde el Observatorio contra la Violencia de Género?
Aprobado en 2017, el pacto de Estado al que se refieren exige ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres, en base al Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la Mujer, conocido como Convenio de Estambul. Esto implica reconocer también el asesinato fuera del ámbito de la pareja, las agresiones sexuales, la trata con fines de esclavitud, el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina.
El acuerdo también contempla un apartado específico sobre seguimiento estadístico en el que aparece como obligatorio “obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados” sobre todas esas formas de violencia contra la mujer.
A finales de 2018, el Gobierno anunció que llevaba varios meses preparando un nuevo listado en el que se incluirían las víctimas mortales que no mantuvieron una relación con su agresor, pero no se precisó cuándo se empezaría a publicar la estadística.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, explica en una entrevista con RTVE que el concepto de violencia de género ha evolucionado mucho en España, pero admite que lo que falta es "que esa evolución se plasme" en las leyes y en las medidas políticas.
Se refiere a que se dé cumplimiento al Convenio de Estambul que, precisa Carmona, reconoce de manera amplia como víctimas de violencia machista a todas aquellas mujeres que sufren actos de violencia basados en el género, o que les afecten desproporcionadamente, actos que implican daños, ya sean físicos, sexuales, psicológicos o económicos, así como las amenazas y las coacciones.
Esa es la línea en la que, dice, debe trabajar España para que dentro de la violencia de género "quepan realmente todos los actos de violencia contra las mujeres por el mero echo de ser mujeres".
Compromiso firme de "ampliar" el concepto de violencia machista
"En el Observatorio ya estamos incluyendo en nuestros estudios las sentencias dictadas como consecuencia de un asesinato machista, ya sea cometido por la pareja o ex pareja de la víctima o no", apunta Carmona, que no detalla cuándo podrán verse cumplidas las promesas.
Sobre los casos de Ruth Ortiz y Margarita Dopico, coincide con ellas en que sus casos son "sin duda asesinatos por violencia machista" y señala que esos crímenes ya se están instruyendo en los juzgados de violencia sobre la mujer.
Carmona añade que en la última reunión del pleno del Observatorio, celebrada el pasado 25 de junio, todas las instituciones decidieron dar un impulso a las medidas del pacto de Estado que restan por implementarse y, entre ellas, explica "las dirigidas a visibilizar y ayudar a las familias de todas las víctimas", atendiendo al concepto "ampliado" de violencia machista.
"Debemos seguir esforzándonos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y no sólo en el ámbito legislativo, sino también -y esto es vital- en el de la educación de nuestra infancia y juventud. El fin de la violencia machista sólo llegará cuando consigamos cambiar nuestra mentalidad y desterrar los estereotipos machistas que aún perviven en nuestra sociedad", concluye Carmona.
A las víctimas, por tanto, solo les queda esperar que todas las cuestiones que han quedado paralizadas por la situación política se conviertan en asuntos prioritarios para el nuevo Ejecutivo. A día de hoy resulta complejo adivinar cuándo se producirá la mutación real del lóbrego concepto de la violencia de género.