El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone juzgar a los actores Imanol Arias y Ana Duato junto a otras 29 personas físicas y jurídicas por el llamado caso Nummaria, el despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos
En el auto, el juez acuerda el procesamiento de esas 31 personas físicas y otras seis jurídicas por delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal y da 10 días a las partes para que presenten sus escritos de acusación o defensa.
En el caso de los dos protagonistas de la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, los delitos por los que les procesa son contra la Hacienda Publica y en el de Duato, también por falsedad documental.
El despacho Nummaria, expone el juez, "facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes" que, según el juez, "eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas".
Los dos actores han realizado ingresos por cuotas no abonadas
Con la estructura societaria creada para Manuel María "Imanol" Arias Domínguez, se ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie, con lo que se calcula que defraudó 2,7 millones de euros a Hacienda en cuotas de IRPF. El actor, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria y a la apertura de esta causa, ha realizado diversos ingresos por un total de 2,3 millones de euros en pago por las cuotas no abonadas de los ejercicios 2009 y 2010 y por declaraciones complementarias.
Del mismo modo, añade el auto, la actriz Ana Consuelo Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeu, "ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor", en la serie.
El informe elaborado por el auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Duato en su IRPF en un total de 1,9 millones de euros desde los ejercicios de 2010 hasta 2017, y en el caso de su marido la cantidad defraudada por ese mismo concepto asciende a un total de 708.130, 55 euros en los ejercicios de 2011, 2012, 2014 y 2015.
Al igual que su compañero de reparto, la actriz, tras la apertura de esta investigación, ha pagado ya 838.163 euros por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
La estructura creada para Duato, muy similar a la de Arias, consistió en la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad bajo su control, Gaumukh Aeie, participada en un 40% por la sociedad inglesa Nevington Ltd y en el 60% por Grupo Ganga Producciones (de la que también es partícipe junto con su marido).
Estas sociedades se encargaron de firmar los contratos con terceros y facturar por los servicios realizados por la actriz para la que fijan, al igual que en el caso de Arias, una retribución por un importe muy inferior a lo facturado por los servicios en forma de renta vitalicia.
Fernando Peña, también acusado de blanqueo
El auto atribuye también a Peña la creación de otra estructura de sociedades con la finalidad "de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera". En la labor de control de esa estructura fue ayudado por su hijo Pedro Angel Peña Bello y sus jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico).
De este modo, Peña llegó a eludir sus obligaciones tributarias tanto de IRPF como en el IVA, por los que dejó de pagar 9,8 millones por el primer concepto y 5,8 millones por el segundo.
Todas estas circunstancias han llevado al juez a decretar la apertura de una pieza separada para investigar a Peña y a José Luis Álvarez por presuntos delitos de blanqueo y que se integrará en otra pieza abierta el pasado año para cursar una comisión rogatoria a Suiza.
El juez relata en su auto, de 15 folios, que las estructuras societarias creadas son casi idénticas para todos los clientes afectados con el objeto de "evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF".