La fase testifical del juicio del 'procés' ha terminado este jueves 23 de mayo con la declaración de los cuatro últimos testigos de los 422 citados dejando dos versiones diametralmente opuestas de lo que pasó en Cataluña desde que el Parlament aprobó las llamadas leyes de desconexión a principios de septiembre de 2017 hasta la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre tras la celebración del referéndum del 1-O.
Durante 39 jornadas, los testigos propuestos por la acusaciones -entre ellos más de un centenar de guardias civiles y policías nacionales- han descrito un verdadero "periodo insurreccional" promovido presuntamente por los 12 acusados para presionar al Estado y lograr la independencia con el uso de "violencia", lo que encajaría con el delito de rebelión. Mientras, los propuestos por las defensas -entre ellos varios ciudadanos heridos en las cargas del 1-O- han insistido en que la única "violencia" que hubo en el 'procés' fue la ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en que lo que ocurrió en Cataluña fue un acto de "desobediencia civil" siempre "pacífico" para defender el derecho de autodeterminación.
El Supremo estima que el juicio acabará el 12 de junio tras acabar este jueves la fase testifical y pericial. La próxima semana se verán los vídeos del 1-O en la fase documental y el lunes 3 de junio Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular (Vox) expondrán sus informes finales. Los días 10 y 11 será el turno de las defensas y finalmente el miércoles 12 los acusados tendrán 15 minutos cada uno para hacer uso de la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia. Estas son las 10 claves que dejan las doce semanas de testigos:
1. "Asedio" frente a protesta "festiva" ante Economía el 20S
Los dos tenientes de la Guardia Civil responsables del registro en la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 sostienen que no pudieron salir por la puerta cuando terminaron porque existía un riesgo "objetivo y evidente", tanto para su integridad física como para el material requisado, por la concentración de decenas de miles de personas. "Nos habrían machacado", resumieron ambos en su declaración, en la que sostuvieron también que hubo un intento de "asalto" por la noche además del destrozo de los vehículos. Por su parte, la letrada de la Administración de Justicia explicó que ella sintió "miedo" al ver la cantidad de gente que había fuera y relató cómo salió saltando por una azotea para alcanzar la calle a través del edificio colindante.
Los testigos de las defensas, entre ellos políticos independentistas, voluntarios de la ANC y varios ciudadanos, han descrito sin embargo un ambiente "festivo" y "pacífico". "El acto de mayor hostilidad que yo presencié fue un chico de 18 años que lanzó una botella de agua de plástico vacía a la fachada y se tuvo que marchar de allí de la reprimenda que recibió de los presentes", resumió un diputado de ERC en el Parlament. Todos sostienen que no vieron a nadie dañar los coches de la Guardia Civil y solo reconocen que a primera hora de la mañana había ya periodistas sobre ellos y que luego los vieron llenos de pegatinas.
2. El "extraño caso" de Sànchez el 20S...
La descripción por parte de los testigos del papel del entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, en la manifestación del 20S frente a Economía recuerda a la novela El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson, por la descripción de dos actitudes completamente distintas de él. Mientras los tenientes de la Guardia Civil aseguran que "nunca accedió" a ninguna de las propuestas que le plantearon y que él era el que llevaba la "voz cantante" y que los Mossos "acataban", los mediadores de los Mossos que actuaron ese día destacaron la "colaboración" en todo momento de Sánchez.
En esta línea, otros testigos han asegurado que ni siquiera fueron ideas suyas algunos de las hechos que ocurrieron ese día. El exdiputado catalán y cantautor Lluís Llach, por ejemplo, se atribuyó la idea de que 'los Jordis' subieran a los vehículos de la Guardia Civil para que la multitud les viera mejor cuando iban a desconvocar la protesta; y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, el hecho de que se llamara a la gente a seguir con la protesta al día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esa fue la "condición" que la CUP puso a 'los Jordis', aseguró en el juicio, para respaldarles porque desde su partido no estaban de acuerdo con desconvocar.
La sorpresa saltó cuando un último testigo propuesto por una de las defensas no dejó en muy buen lugar a Sànchez. El responsable de los antidisturbios de los Mossos relató que la actitud inicial del expresidente de la ANC fue "altiva, prepotente y muy complicada", que nada más llegar les soltó un "largaos de aquí" y que llamó a alguien, supuestamente del Govern, para pedir que sacaran a la Brigada Móvil de allí. El testigo, no obstante, recalcó que luego esa actitud cambió y colaboró con ellos.
3. ...y el segundo plano de Jordi Cuixart
Los dos tenientes de la Guardia Civil responsables del registro de la Consellería de Economía reconocieron en su declaración que apenas hablaron con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El que se presentó como "interlocutor válido de la masa" desde la mañana fue Sànchez, explicaron. Son varios los testigos que aseguran que no vieron a Cuixart hasta última hora.
Por el Supremo han pasado varios testigos, entre ellos varios policías locales de Badalona, que sí han relatado cómo el 25 de septiembre de 2017 Cuixart participó en la recuperación de unos carteles que previamente habían requisado a un grupo de personas que los estaban colocando en la calle. Uno de los agentes declaró que el líder soberanista les insinuó que podían haber "pasado de largo" pero que el líder de Òmnium fue "uno más" de los ciudadanos concentrados.
4. Dos versiones diametralmente opuestas del 1-O
Tanto los mandos como los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que actuaron sobre el terreno el día del referéndum del 1 de octubre de 2017 han sostenido en el juicio que hubo una resistencia "violenta" organizada y que los ciudadanos concentrados en los colegios no solo gritaban "som gent de pau" -como han insistido en todo momento las defensas- sino que fueron los primeros que agredieron a los agentes con "patadas", "empujones" y "puñetazos" y los primeros que les insultaron llamándoles "hijos de puta", "asesinos"... Una actitud "hostil" y "violenta" que se reprodujo también, según los agentes, en los registros que se realizaron en las semanas previas en Cataluña.
Sin embargo, los ciudadanos llamados como testigos por las defensas -muchos de los cuales resultaron heridos en las cargas policiales- han reiterado jornada tras jornada que los "únicos golpes" que vieron el 1-O "fueron de la Policía a la gente" porque la resistencia fue en todo momento pacífica y que si hubo algún ciudadano que insultó, amenazó o golpeó a los agentes fue algo "puntual" y "reactivo", siempre en respuesta a las cargas, que se produjeron -insisten- sin "mediar palabra", algo que niegan los agentes. Las personas que acudieron a los colegios a votar reconocen que intentaron "dificultar" el cierre de los colegios pero enmarcan esta resistencia -que definen como "el mayor acto de desobediencia civil de Europa en los últimos años"- en un movimiento "espontáneo" y "autoorganizado" de la población.
5. El papel de los Mossos d'Esquadra: ¿"estafa" o dispositivo pactado?
El coordinador del dispositivo judicial policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, calificó directamente de "estafa" el despliegue de los Mossos d'Esquadra el día del referéndum durante su declaración como testigo. Aseguró que la "inacción" de la Policía autonómica ese día con el envío de los famosos binomios de mossos a los colegios fue una de las sorpresas del día junto a una resistencia "violenta" organizada más virulenta de lo esperado. Los mandos policiales también sostienen que los Mossos les espiaron.
El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, entonces máximo responsable del cuerpo, defendió en el juicio que esta actuación estaba "pactada" con el resto de cuerpos policiales y que el dispositivo "no tenía otro objetivo" que cumplir el mandato judicial de cerrar los centros. Su número dos, el comisario Ferrán López insistió en que todo se pactó con De los Cobos. La disparidad de estas dos versiones hizo que el abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn pidiera un careo entre De los Cobos y Ferrán López, sobre el que todavía tiene que pronunciarse el tribunal.
6. Las advertencias de los Mossos desoídas por el Govern
El mayor de los Mossos Trapero y sus comisarios el 1-O Ferrán López, Joan Carles Molinero, Manuel Castellví y Emili Quevedo explicaron ante el Supremo que hubo dos reuniones con el Govern para intentar que desconvocara el referéndum. La primera se celebró el 26 de septiembre con la presencia del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller de Interior Joaquim Forn y la segunda el 28 de septiembre con ellos dos y el exvicepresidente Oriol Junqueras.
En estos encuentros, los mandos trasladaron su preocupación por los "conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana" que se iban a producir "necesariamente" por la presencia de muy probable de 2 millones de personas queriendo votar y los efectivos policiales actuando para intentar impedir el referéndum por orden judicial.
Puigdemont, que insistió en que él tenía un mandato que cumplir, llegó a decir que si se producían incidentes violentos y ocurría "alguna desgracia" declararía ese mismo día la independencia, según aseguraron Ferrán López y Molinero. Trapero, por su parte, reveló que los Mossos prepararon la detención del Govern.
7. Malversación
El exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico no descartó en su declaración que se hubieran empleado fondos públicos en la preparación del 1-O a pesar de la fiscalización a la que estaban sometidas las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central porque, si hubo alguna contratación "irregular", esta habría quedado "al margen del control". Dos altos cargos del Govern actual lo negaron tajantemente hace unos días.
Los exdirectivos de Unipost -la empresa postal en cuyas instalaciones se la Guardia Civil encontró tarjetas censales y cartas certificadas del referéndum- aseguran que no repartieron nada porque no sabían a quién facturar. El comercial de una de las empresas que imprimieron cartelería del 1-O declaró, por su parte, que a él le dijeron que pagaría la Generalitat pero que tampoco llegó a cobrar. Otros proveedores que sí lo hicieron explicaron ante el Supremo que devolvieron el importe cobrado.
También se ha hablado mucho de las facturas de TV3 y Catalunya Ràdio a la Generalitat por emitir el famoso anuncio de las vías sobre el referéndum y que el Govern se niega a pagar alegando que entra dentro del convenio marco de publicidad institucional; y del pago de supuestos 'observadores electorales' por parte de Diplocat. Algunos han admitido los pagos pero insistiendo en que eran "visitantes" no "observadores".
8. Los testigos de cargo y descargo de Forcadell
El secretario general del Parlament y el ex letrado mayor de la Cámara que a principios de septiembre de 2017 advirtieron a la Mesa de que no podía admitir a trámite las leyes de transitoriedad sostuvieron en el Supremo que, aunque con carácter general solo se pueden valorar motivos de forma, se pueden inadmitir propuestas por motivos de fondo si son contrarias a la Constitución.
Sin embargo, los excompañeros de Forcadell en la Mesa Lluís Corominas y Anna Simó -que serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña por los mismos hechos- avalaron la versión de la acusada al sostener que la admisión a trámite de los asuntos se guía por criterios formales para favorecer el debate.
9. La detallada declaración de Urkullu
Si hay una declaración de un político que ha destacado sobre todas las demás en el juicio esta ha sido la del lehendakari Íñigo Urkullu por la detallada descripción que hizo de lo que ocurrió a nivel político antes y después del referéndum del 1-O. En su declaración reveló que había mantenido contactos directos con Mariano Rajoy como "intercesor" después de que se lo pidiera el expresidente catalán Carles Puigdemont. Un día antes Rajoy se había limitado a decir que "escuchó" al político vasco negando que hubiera habido ningún "mediador" en Cataluña.
La declaración de Urkullu completó el relato -iniciado por el exconseller Santi Vila como acusado- de cómo Puigdemont, que estuvo a punto de convocar elecciones autonómicas tras el 1-O se echó para atrás en el último momento por la presión "de la calle" y de su propio grupo parlamentario poniendo en marcha la declaración unilateral de independencia, que acabó con la aplicación del artículo 155. Un escenario, el de la DUI y el 155, que ni Puigdemont ni Rajoy querían, según Urkullu.
10. "Profundo malestar" del tribunal
El primer día que declararon los testigos, el 27 de febrero, el presidente del tribunal pronunció un "no empezamos bien" cuando tuvo que interrumpir al primero de ellos, el exdiputado de ERC Joan Tardá, para advertirle de que no existe el "testigo opinante" porque un testigo por ley solo tiene que explicar aquello que percibió por sus sentidos.
A lo largo de estas doce semanas de la prueba testifical, Marchena ha tenido que recordárselo a varios testigos, a los que también ha explicado que la ley les obligaba a hablar en castellano -solo se permitió el catalán para los acusados, pero lo rechazaron porque la traducción iba a ser consecutiva y no simultánea- y que todo lo que ocurre en un juicio es por "imperativo legal" no solo tener que responder a Vox, que ejerce de acusación popular.
El presidente del tribunal ha reconvenido a todos -también a la Fiscalía por recriminar a una testigo que fuera a votar aun sabiendo que el referéndum no era legal- pero ha tenido los enfrentamientos más tensos con algunos abogados de la defensa, entre ellos Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, y con los letrados de Jordi Cuixart. La semana pasada el tribunal expresó su "profundo malestar" con su estrategia de defensa de estos últimos.