El ciberactivista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido detenido este jueves por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que las autoridades ecuatorianas le hayan retirado la inmunidad diplomática que le había protegido durante los últimos siete años de la Justicia de Reino Unido, que le reclama por haber violado la libertad condicional en 2012 y, según se ha revelado tras su arresto, para atender una petición de extradición de Estados Unidos por conspirar para infiltrarse en ordenadores gubernamentales.
Assange, de 47 años, permanecía refugiado en la legación diplomática desde 2012 para esquivar una petición de extradición de Suecia, que entonces reclamaba su entrega por dos presuntas violenciaciones, aunque el periodista siempre ha defendido que el objetivo último era extraditarle a Estados Unidos.
Tras una larga y profusa batalla legal, que le ha mantenido varado estos siete años en el reducido espacio de la embajada, su encierro ha acabado con los agentes británicos entrando en las dependencias diplomáticas y sacándole por la fuerza: Assange, envejecido y con una abundante barba blanca, ha sido introducido en un furgón y trasladado a una comisaría londinense.
Apenas unas horas después, Assange ha sido puesto a disposición judicial y un juez de la Corte de Magistrados de Westminster le ha declarado culpable por haber infringido los términos de su libertad condicional cuando decidió no presentarse ante la Justicia para responder a la petición de extradición desde Suecia y se asiló en la embajada ecuatoriana. Por este delito recibirá una pena de hasta doce meses en el Reino Unido cuando sea sentenciado más adelante y, además, el caso podría revivir: una de sus presuntas víctimas ha pedido ya reabrirlo a la Fiscalía.
Sin embargo, el mayor riesgo que afronta Assange es la petición de extradición desde Estados Unidos, que le ha sido comunicada en comisaria, poco después de su arresto. Según un portavoz de Scotland Yard, el informático y activista ha sido detenido "en nombre de las autoridades de Estados Unidos" y "en virtud de la Sección 73 de la Ley de Extradición", mientras que la abogada de Assange, Jennifer Robinson, ha indicado que Washington emitió en diciembre de 2017 una orden de arresto contra el periodista por conspirar con Chelsea Manning, la soldado estadounidense que filtró cables diplomáticos confidenciales del Gobierno de ese país.
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EE.UU. desvela los cargos
Poco después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desvelaba por primera vez los cargos que esgrime contra Asaange, ya que, hasta ahora, siempre se había opuesto a darlos a conocer alegando que, en caso de conocerlos, el acusado podría optar por darse a la fuga.
En un comunicado, detalla que "Julian P. Assange, de 47 años y fundador de Wikileaks, fue arrestado hoy en el Reino Unido conforme al acuerdo de extradición entre EE.UU. y Reino Unido, debido a su implicación en una acusación federal por conspiración para infiltrarse en ordenadores al acordar sortear la clave de un ordenador del Gobierno con información clasificada".
La nota explica que, en marzo de 2010, el activista australiano se coordinó con Manning -que por aquel entonces trabajaba como analista de inteligencia para el Departamento de Defensa bajo el nombre de Bradley Manning- para acceder a material clasificado del Gobierno. Esta colaboración dio pie a la filtración en el portal WikiLeaks de más de 700.000 documentos clasificados como secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado, lo que supuso un grave revés para la diplomacia estadounidense.
Hasta ahora se creía que Assange había actuado como mero receptor de los documentos, pero los cargos desvelados este jueves indican que Washington considera que el australiano y Manning trabajaron en equipo para obtener los documentos y dificultar la identificación del origen de la filtración.
"Manning, que tenía acceso a los ordenadores debido a sus obligaciones como analista de inteligencia, estaba empleando los equipos para descargar informes clasificados y transferirlos a WikiLeaks", sostiene el comunicado. Es por esta colaboración que Assange "se enfrenta a una pena máxima de cinco años en prisión en caso de ser declarado culpable", aclara el Departamento de Justicia.
Los 250 mil documentos distribuidos por Wikileaks se han convertido ya en la mayor filtración de la historia. Un revulsivo que ha azotado los cimientos de la comunidad internacional y ha puesto en jaque a la mismísima diplomacia de Estados Unidos. Una fuga de información, que comenzó con filtraciones sobre las guerras de Irak y Afganistán y ha seguido desvelando secretos de numerosos países, desde los que vinculan a las mafias rusas con el Kremlin, hasta el peligro nuclear de Irán buscando uranio en América Latina. En el caso de nuestro país incluye también datos confidenciales sobre las más altas instancias del Estado. Informe Semanal analiza las consecuencias éticas y jurídicas de estos informes confidenciales, no contrastados, cuya exactitud niegan algunos de los aludidos.
Ecuador asegura que ha acordado con Reino Unido que no será extraditado
El juez ante el que ha comparecido Assange en Westminster ha indicado que Estados Unidos deberá presentar su caso contra el fundador de WikiLeaks el 12 de junio, en lo que previsiblemente será el inicio de otra compleja batalla legal: una fuente gubernamental británica, que ha requerido el anonimato, ha estimado en declaraciones a Reuters que el proceso de extradición puede llevar entre dos y cinco años. Por el momento, el periodista australiano se ha negado a ser extraditado.
A su vez, Ecuador -que ha justificado la decisión de retirarle el asilo "por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia", según ha explicado el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno-, defiende que había alcanzado un acuerdo con las autoridades de Reino Unido para que Assange no sea extraditado a países terceros donde corra riesgo su vida.
Así, el Gobierno ecuatoriano ha señalado, a través de un comunicado oficial, que "la decisión de Ecuador se ha producido luego de contar con las garantías otorgadas por Gran Bretaña de que no existen riesgos para la vida e integridad del señor Assange".
Quito asegura en la nota que se ha alcanzado un pacto con Londres que impediría la extradición a Estados Unidos: "Gran Bretaña ha ofrecido garantías, a pedido del Ecuador, de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición, éste no sería entregado a un país donde le pueda ser impuesta y ejecutada la pena de muerte o esté sujeto a torturas o malos tratos", recalca la nota.
En cualquier caso, Assange ya no es ciudadano ecuatoriano: el Ministerio de Asuntos Exteriores ha indicado que, además de la inmunidad diplomática, también se le ha retirado la nacionalidad que se le otorgó en diciembre de 2017, además de un cargo diplomático, con la intención de solucionar su salida de la legación, una iniciativa que no tuvo éxito ante la negativa de Reino Unido a falicitarle un salvoconducto para que viajara al país latinomericano.
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Disputas entre Assange y Ecuador
Pese a estas prevenciones, WikiLeaks ha calificado la decisión de de las autoridades ecuatorianas de "ilegal", al considerarla una "violación del derecho internacional". La semana pasada, el portal ya había adelantado que su fundador iba a ser expulsado en "unas horas o días" de la legación diplomática.
También la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Agnès Callamard, ha opinado que la decisión de Ecuador al retirarle su protección coloca a Assange ante "un riesgo real de graves violaciones de sus derechos fundamentales".
Además, el relator especial de la ONU para derecho al respeto de la vida privada, Joe Cannatacci, que tenía previsto visitar a Assange el 25 de abril en la embajada de Ecuador, ha indicado que no anulará su viaje a Londres y que pretende "visitarle y hablar con él en una comisaría o en cualquier otro lugar de Reino Unido donde pueda estar detenido".
Quito, mientras tanto, trata de justificar que haya retirado el amparo a Assange: "Ecuador es un país de brazos abiertos. Un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos el asilo", ha recalcado Lenín Moreno en un vídeo institucional, en el que achaca su decisión a "la conducta irrespetuosa y agresiva de Assange" y las "declaraciones descorteses y amenazantes hacia Ecuador" de los últimos meses, en los que llegó incluso a demandar al Estado ecuatoriano por "vulneración de derechos".
Lo cierto es que la situación de Assange había cambiado en los últimos meses con la llegada al cargo de Moreno, que consideraba su caso como "una piedra en el zapato", ya que, pese a los intentos por desencallar el problema, Londres se negaba a dejarle salir sin detenerle y el activista australiano rechazaba un acuerdo que exigía el cumplimiento de seis meses de cárcel en Gran Bretaña y que, a su juicio, no garantizaba que no sería extraditado a un tercer país en ese período. En última instancia, el celo británico ha dado sus frutos y, siete años depsués, Assange se encuentra de nuevo en manos de la Justicia.