La Audiencia Nacional juzga desde este lunes la salida a bolsa de Bankia. En este proceso se sientan en el banquillo una treintena de exdirectivos, incluido su expresidente Rodrigo Rato, que por primera vez desde que empezó a cumplir su condena por las tarjetas black ha salido de prisión por unas horas. La sección cuarta de la sala de lo Penal presidida por la juez Ángela Murillo enjuicia las supuestas irregularidades del salto al parqué de la entidad el 20 de julio de 2011.
En la primera sesión del juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha indicado que podría modificar sus conclusiones provisionales y añadir falsedad contable al delito de estafa a los inversores que inicialmente atribuye a cuatro de los acusados: Rato (cinco años de prisión), el exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años), el exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y el exconsejero delegado, Francisco Verdú (dos años y siete meses). Para cada uno de ellos pide una multa de 60.000 euros.
La fiscal Carmen Launa -que sustituye a Alejandro Luzón tras su nombramiento al frente de Anticorrupción- ha destacado que los acusados eran "conscientes" de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se "ocultó el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores", perjudicando así a los inversores, según recoge Europa Press.
Por eso no ha descartado que en su acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, se incluya el delito de falsedad contable. Aún así, Launa ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas.
Durante su intervención, Launa ha pedido además que se incorpore documentación que, hasta ahora, no obraba en el procedimiento. Son, sobre todo, informes que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete entidades que constituyeron Bankia) que, según el Ministerio Público, "ocultaba gran parte de los deterioros" que se arrastraron a las cuentas de 2011, según señala Efe.
Asimismo, ha incluido el diario de sesiones de la comisión que investiga el origen de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados a fin de que la sala conozca los relatos tanto de Rato, como del exconsejero Ildefonso Sánchez Barcoj, y del inspector José Antonio Delgado.
Las acusaciones populares y particulares piden hasta 12 años
Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado incluyen por ahora la falsedad contable, como sí lo han hecho el resto de acusaciones, que han solicitado penas de hasta 12 años de prisión tanto para los cuatro antiguos administradores de hecho de la entidad, como para los otros 26 exdirectivos y el socio auditor, así como multas millonarias para Bankia, su matriz (BFA) y la firma Deloitte.
Las acusaciones consideran que el folleto informativo de la operación mostraba cuentas que no reflejaban la imagen fiel del banco. Unos cargos que refutan los acusados, los cuales sostienen que se disponía del "colchón" necesario para hacer frente a cualquier deterioro.
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Luis de Guindos o Christine Lagarde, entre los testigos
Antes de iniciarse el juicio, las partes habían solicitado las comparecencias de testigos como el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que llegó a estar involucrado en la causa; el exministro de Economía Luis de Guindos; los presidentes de BBVA y Bankia, Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri, respectivamente, e incluso la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Pero también la del autor de los polémicos correos reacios con la salida a bolsa, el inspector José Antonio Casaus, que junto a los dos peritos judiciales son las pruebas más esperadas por las acusaciones.
A falta de un calendario definitivo, está previsto que se extienda, al menos, hasta el próximo junio, en casi 80 sesiones que se celebrarán en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), habilitada para macrojuicios.