El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un acto de desobediencia contra el Estado. El Tribunal Constitucional había suspendido la ley con la que el Parlament quería validar la consulta en la que sustentarse después para declarar la independencia. Pero sus líderes decidieron seguir adelante pese a las advertencias del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del rechazo de la Justicia española y de la mitad de la cámara del Parlament.
En una entrevista para La Sexta una semana antes del 1-O, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contemplaba la posibilidad de ser detenido por la Policía. Un año después, él y varios de sus consellers están presos o huidos y otros tantos están siendo procesados en España por desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Este es el mapa judicial de los líderes del 'procés.'
Políticos presos
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La mayor parte del Govern del expresidente Carles Puigdemont y parte de la Mesa del Parlament han sido procesados en la causa que ha instruido el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2017 asumió la causa que hasta entonces llevaba en la Audiencia Nacional la juez Carmen Lamela. En julio, el magistrado dictó auto de conclusión del sumario y envío a la Sala de enjuiciamiento el caso.
De los procesados, son nueve los que se encuentran en prisión. Entre ellos, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, el de Presidencia Jordi Turull, el de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, la de Trabajo Dolors Bassa y el de Interior, Joaquim Forn.
- ¿Qué hicieron? Junqueras y Forn están procesados junto con Puigdemont por participar en una reunión policial previa al 1-O, llamar a la movilización e impulsar un operativo de los mossos 'comprometido' con la votación ilegal frente a la acción policial del Estado. A Romeva, por su parte, se le acusa de impulsar la creación de las estructuras de Estado y el proyecto de votación electrónica para residentes en el extranjero. Turull impulsó las movilizaciones dese su función de portavoz, gestionó la publicidad del 1-O y coordinó infraestructuras para votar y reclutar voluntarios. Rull participó en múltiples reuniones para la estrategia independentista e impidió que un ferry destinado a acoger policías nacionales atracase. Bassa, por último, asumió el control de los locales de su consejería para el referéndum y permitió que su departamento sufragara gastos del mismo.
También están encarcelados la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exdirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
- ¿Qué hicieron? Forcadell está acusada de poner el Parlament al servicio del "violento resultado obtenido" con el 1-O y la proclamación de la república, mientras que los líderes de ANC y Òmnium movilizaron a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza frente a la policía el 1-O. También se les responsabiliza de las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía para impedir la actuación policial.
Huidos y declarados en rebeldía
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El resto de miembros del Govern y miembros de formaciones independentistas están huidos y/o declarados en rebeldía en la causa que lleva el Supremo. Estos son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el conseller de Salud Antoni Comín, el de Cultura Lluis Puig, la de Agricultura Meritxell Serret, y la de Enseñanza Clara Ponsatí, la secretaria general de ERC Marta Rovira y la diputada de la CUP Anna Gabriel.
La causa del TS para ellos está suspendida hasta que se les pueda juzgar en España, pero la situación en la que se encuentran es diferente:
- Carles Puigdemont: El expresidente fue detenido cuando volvía a Bruselas desde Finlandia. La justicia alemana rechaza el delito de rebelión y le deja en libertad bajo fianza. El juez Llarena confirmó su procesamiento el 9 de mayo.
- Clara Ponsatí: Fue la máxima responsable de la apertura de los colegios el día del referéndum. Fugada a Bruselas, y con una euroorden de detención, el 23 de marzo se entregó a la policía escocesa y quedó en libertad bajo fianza.
- Huidos de España: Varios dirigentes huyeron fuera de España tras el referéndum independentista y permanecen más allá de las fronteras españolas. Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret permanecen en Bélgica, donde la justicia rechazó extraditarles pese a la euroorden de detención española. Los tres deben permanecer en el país y comunicar una dirección fija. El Supremo les procesa por impulsar y aprobar el referéndum ilegal y emplear fondos públicos para ello. Marta Rovira y Anna Gabriel se encuentra huidas en Suiza y aún existe una orden de extradición contra ellas. A Rovira se le atribuye una participación esencial en la estrategia del 1-O, así como su impulso en el Parlamento con las leyes para su realización, mientras que a Anna Gabriel está imputada por su grado de implicación en las decisiones del Govern respecto al 1-O.
En julio, el juez Llarena comunicó en julio a la Mesa del Parlamento de Cataluña que quedaban suspendidos en sus funciones como diputados autonómicos Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Rull y Jordi Sánchez en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo sustituirles “temporalmente” otros integrantes de sus respectivas candidaturas.
Otros procesados por el Supremo
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En la causa del juez Llarena hay también otros nueve procesados que no están en prisión ni fugados.
Así, se declaran como procesados por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos a la exconsellera de Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borrás, el de Justicia Carles Mundó y el de Empresa Santi Vila.
Por desobediencia están también imputados, sin ir a prisión, la concejala del municipio leridano de Les (Valle de Arán) Mireia Boya (CUP) y varios miembros de la Mesa del Parlament: el exvicepresidente Lluis Corominas, el vicepresidente primero del Lluis Guinó, y los exsecretarios Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
La AN procesa a la excúpula de los Mossos
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En abril, la Audiencia Nacional procesó al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona, donde una multitud intentó impedir una operación de la Guardia Civil, y por el referéndum independentista del 1 de octubre.
También están procesados por organización criminal y un único delito de sedición por el 1-O el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. Lamela ya dejó a ambos en libertad con medidas cautelares el pasado 9 de marzo, tras prestar declaración.
La instructora procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.
Policías, profesores y hoteleros
Mientras, el Ministerio Fiscal investiga varias causas. Una, contra profesores que que habrían incitado al odio al señalar a hijos de guardias civiles en colegios catalanes. Por otra parte, a los ayuntaminetos de Calella y Pineda de Mar y a los hoteleros de estas localidades que expulsaron a policías y guardias civiles que se alojaban en sus establecimientos por el operativo especial del Estado para el referéndum.
Sin embaro, son múltiples las causas judiciales que se están llevando a cabo en juzgados de distintas localidades catalanas. Tanto es así, que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido a RTVE.es que no puede realizar un resumen detallado de todas las que están abiertas en este mismo momento.
Por último, del referéndum del 1 de octubre no sólo han salido procesados líderes y activistas independentistas. Con la imputación de dos policías nacionales el pasado viernes, el juez que investiga las cargas del 1-O en Barcelona eleva a 24 los agentes imputados por su intervención "desproporcionada" contra el referéndum.