Después de 4 años sin noticias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sus padres y madres reciben con esperanza el anuncio de la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, que aclare el paradero de sus hijos y castigue a los responsables de su desaparición.
"Es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esperanza".
Las palabras de Epifanio Álvarez , el padre de Jorge, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, reflejan el vuelco en las expectativas de sus familiares tras la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador.
El futuro presidente se reunió este miércoles con ellos para oficializar la promesa que hizo en campaña: la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia. La habrá sí o sí -aseguró-sin esperar un eventual fallo del tribunal que ratifique o no su constitucionalidad.
Se ha comprometido además a instruir por decreto a todas las instituciones del estado para que no obstruyan la investigación y a reabrir las puertas del país a expertos y supervisores internacionales.
"Se ha perdido mucho tiempo"
Son demandas históricas de las familias y de organismos nacionales e internacionales que han acompañado el caso, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos o la Comisión Interamericana de derechos humanos. Todos ellos muy críticos con la labor del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y la Fiscalía.
"Se ha perdido mucho tiempo" se lamentaba este miércoles Epifanio, lleno de rabia y ansia por volver a abrazar y besar a su hijo, tras recordar las penurias vividas en estos cuatro años de búsqueda incesante de sus hijos. Tuvieron que dejarlo todo, trabajo y resto de familia, para peregrinar de institución en institución, pasando frío y calor en mil y una marchas y protestas para no conseguir nada.
La impunidad y la "verdad histórica"
El rastro de sus hijos se pierde la tarde del 26 de septiembre de 2017 en Iguala, donde tras apoderarse de unos autobuses para ir a una manifestación, sufren una cacería durante horas, con emboscadas, persecuciones y tiroteos que acabaron con 6 muertos, una veintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Miles de diligencias y 170 detenidos después, el caso sigue impune, los estudiantes sin localizar y el gobierno anclado en la llamada verdad histórica.
Es la versión oficial de la Fiscalía mexicana, que sostiene que policías corruptos se llevaron a los 43, los entregaron a un grupo criminal local, "Guerreros Unidos", que los asesinó, quemó en el basurero de Cocula y lanzó después sus cenizas al río San Juan.
Varios peritajes internacionales han demostrado, sin embargo, que es científicamente imposible que los incineraran. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos ha documentado además una treintena de casos de tortura a detenidos, cuyos testimonios sirvieron para reconstruir los hechos. Los supervisores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han detectado irregularidades, lagunas y contradicciones en la investigación y piden que se revise integralmente.
Más preguntas que respuestas
Cuatro años después de la desaparición de los 43 hay más preguntas que respuestas sobre el caso. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Fueron sólo policías municipales o también federales y militares, como demuestran las evidencias? ¿Por qué se los llevaron? ¿Se subieron los estudiantes al autobús equivocado? ¿Iba cargado de droga?
El futuro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido llegar hasta el final, investigar a todos ¿También a los militares?, le preguntaron este miércoles. A todos-respondió.
Todo un desafío para el presidente electo, ante el cansancio, la incertidumbre, el dolor y la rabia acumulados por los padres y madres de los 43, que se han sentido despreciados y engañados por el actual gobierno y que sólo encontraran la paz, si hay justicia.