Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han ratificado este martes que las transferencias de financiación se usaron "indebidamente" e "ilegalmente" para pagar las ayudas del caso ERE, afirmaciones con las que han discrepado los expertos de la defensa.
Ángel Turrión, jefe del equipo de la IGAE que desde diciembre de 2013 y por orden judicial ha emitido "275 informes con 3.899 páginas y 22.850 anexos" sobre los 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que el Gobierno andaluz repartió entre 2001 y 2011, ha asegurado en su declaración que las transferencias se usaron "indebidamente y, por qué no decirlo, ilegalmente".
El juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos socialistas del Gobierno andaluz -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusado de crear y mantener un sistema específico para conceder y pagar estas ayudas, ha entrado desde este martes en una nueva fase, centrada en las pruebas periciales, con la comparecencia de nueve catedráticos en Derecho Administrativo y Hacienda Pública que han elaborado diversos informes de parte, todos ellos ratificados durante esta jornada.
Las discrepancias entre los peritos de la IGAE y los de la defensa se han puesto de manifiesto desde las primeras preguntas del fiscal.
Así, según los expertos estatales, la clasificación económica de un crédito determina a qué se destina, y las transferencias de financiación a la agencia pública IDEA para pagar ayudas concendidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta se usaron "en contra de lo que dice la ley".
A esta cuestión ha replicado Juan Zornoza -coautor de un informe pericial encargado por la defensa de Griñán- afirmando que "la clasificación económica" de una partida "indicia la naturaleza económica del gasto, no necesariamente su finalidad", y en este caso solo distinguía entre transferencias de capital y corrientes pero "ni el destino ni la cuantía".
Expectación mediática
El inicio de la prueba pericial, que se prevé dure un mes, ha despertado expectación mediática y de público en la sala, a la que han acudido acusados como los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández o el exinterventor Manuel Gómez.
El dictamen de la IGAE es la pieza clave para las acusaciones, cuyas conclusiones se sustentan "en textos normativos o en los documentos facilitados" por el juzgado sin "ningún juicio de valor", han defendido sus autores.
A esas conclusiones han replicado varios acusados con informes encargados a los peritos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez (por la defensa de Griñán), Juan Ramallo (por Magdalena Álvarez), José Ignacio López (por Antonio Fernández) y Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jiménez (por Carmen Martínez Aguayo).
Discrepancias
Las discrepancias entre unos y otros no han tardado en aparecer, por cuanto al contrario que la IGAE, los peritos de la defensa sostienen que la clasificación económica de un gasto no determina su finalidad.
"Eso no es cierto", ha asegurado el perito estatal Ángel Zurrión, para quien el destino de un crédito "está definido de manera taxativa" en las órdenes de la Consejería de Hacienda que fijan las instrucciones para elaborar los presupuestos de la Junta y a ese destino se tienen que ajustar pues "si no se podrían pagar gastos de personal con créditos para la construcción de carreteras".
El catedrático Zornoza le ha replicado que es la Ley de Presupuestos la que fija la finalidad de los créditos y no la orden de elaboración pues "pretender lo contrario es decir que se puede imponer al Parlamento destinar el Presupuesto a lo que diga una consejería" (Hacienda).
Turrión ha aclarado que "obviamente los créditos hay que ejecutarlos según se hayan consignado en los Presupuestos pero eso es cuando ya están aprobados" y ha insistido en que se aprueba un Proyecto de Ley elaborado según las instrucciones de las órdenes de Hacienda.
El papel de esta Consejería (que en el periodo investigado dirigieron Álvarez, Griñán y Aguayo) ha sido el otro gran debate.