Recorren cientos y miles de kilómetros para llegar a España y lo hacen solos, sin familiares ni tutores. Tienen menos de 18 años y huyen de la pobreza, de la trata, el maltrato o la guerra. Cuando alcanzan la costa española se convierten en un ‘MENA’ más, un menor extranjero no acompañado que se enfrenta a un duro proceso de identificación y tutela por parte del Estado y al riesgo de cumplir la mayoría de edad en una situación de irregularidad, desamparo o incertidumbre que los lleve a la marginalidad.
El Gobierno español volvió a poner el miércoles el foco en esta cuestión tras la reunión de la Mesa de Coordinación Interautonómica sobre MENAS en el Ministerio de Sanidad para abordar la atención que se da a estos menores en España, fomentar la acogida solidaria y analizar el funcionamiento del protocolo de actuación. Como resultado de dicha reunión, el Estado dotará a las autonomías, muchas veces desbordadas por la saturación de los centros de menores, de 40 millones para la mejora en dicha atención.
La noticia ha sido bien recibida por los colectivos y ONG de defensa de la infancia, pero estas organizaciones también han vuelto a poner en evidencia las deficiencias de un protocolo -Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados- que ni tiene rango de norma -se creó en 2014 para mejorar la coordinación entre las autonomías- ni se cumple íntegramente ni de igual forma en las distintas autonomías.
RTVE.es ha hablado con Save The Children y con Unicef para valorar dicho protocolo, basado entre otras en la Ley de Extranjería, Ley de Infancia y el Código Civil, y las carencias en las distintas fases en las que se encuentra el menor en su estancia en España. Carencias que ya identificó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en un informe a principios de año y que se puede descargar aquí.
Determinar su edad, clave para recibir o no protección
Tras llegar a España, las autoridades deben establecer la edad del menor si éste llega indocumentado, algo que marcará su futuro y que, de hacerse de forma errónea (probable en el caso de adolescentes de entre 16 y 17 años) devolvería a los jóvenes a situaciones de riesgo y desprotección. Sara Collantes, de Unicef, lamenta además que muchas veces los menores se someten a las pruebas para determinar su edad antes de haber recibido protección o acogida, al revés de lo que establece el protocolo.
Las pruebas a las que son sometidos son principalmente médicas: radiografías de muñeca y análisis de la cavidad bucodental, o incluso radiografía de clavícula. Pruebas como la de la muñeca que datan "de principios del siglo XX, con un amplio margen de error -4 años de diferencia- y que están basadas en adolescentes caucásicos”, puntualiza Catalina Perazzo, de Save the Children.
A veces también les someten a un desnudo integral para evaluar el desarrollo de sus genitales y vello púbico. Unas pruebas a las que los menores acuden “sin intérprete, sin estar acompañados por nadie -salvo por un policía o por un tutor esporádico-, sin cuidar los términos de la infancia y de forma invasiva”, critica Perazzo, contradiciendo así en la práctica lo que dice el protocolo en teoría, y es que el menor debe ser correctamente informado de las pruebas y dar su consentimiento.
La experta añade que en todo el proceso de pruebas médicas el menor no cuenta con un abogado ni puede recurrir en caso de que se le haya considerado mayor de edad. Añade también que muchas veces el fiscal responsable de cada caso determina la edad del joven sin haberle visto en persona.
Perazzo también pone en el foco de la cuestión que incluso si el menor llega documentado con un pasaporte legal se le tiende a realizar las pruebas médicas. “No se puede dudar directamente de su pasaporte” basándose en que la Ley de Extranjería “no aclara qué es un menor indocumentado”, apostilla esta experta.
Riesgo de las devoluciones en caliente
El principal riesgo al que se expone un menor que erróneamente haya sido considerado mayor de edad es la expulsión del país. Una de las deficiencias que señalaba Naciones Unidas en su informe es el de las devoluciones en caliente, contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, por las que se puede repatriar sin apenas tramitación a los adultos extranjeros que vienen de forma irregular.
“Las devoluciones en caliente no permiten identificar si hay un refugiado, una víctima de trata ni a un menor“
“Los menores de 16 y 17 años pueden pasar perfectamente por mayores de edad sólo por su complexión física. Las devoluciones en caliente no permiten identificar si hay un refugiado, una víctima de trata ni a un menor”, denuncia Perazzo desde Save The Children.
Otra posibilidad es que, al determinar su mayoría de edad “normalmente se realiza una orden de expulsión”, tras la que pueden ser llevados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y posteriormente ser devueltos a su país o quedar en la calle “en situación irregular y sin poder trabajar”, añade Perazzo.
Comparativa de Save The Children sobre la realidad de los MENA en España Save The Children
Centros de acogida masivos
Por contra, si las pruebas determinan que el joven es menor de edad, en la mayoría de los casos -en los que el menor no pueda ser devuelto a sus familias en su país de origen por situación de riesgo- comienza un proceso de acogida en el que las ONG también destacan algunas irregularidades.
Uno de los más llamativos es la existencia de macrocentros que acogen a decenas e incluso centenas de menores. Centros que “no se adaptan al perfil ni a las necesidades que pueda tener cada niño por su trayecto migratorio” y con los que “no se puede hacer un proyecto individualizado”, lamenta Perazzo.
“Los niños salen adelante cuando sienten que importan a alguien, que tienen cerca a alguien que se ocupa de ellos“
Sara Collantes, de Unicef, destaca que estos centros “no ayudan a que se generen vínculos afectivos entre niños ni educadores” y que los menores “necesitan un apoyo educativo muy fuerte y cariño para poder desarrollarse”. “Los niños salen adelante cuando sienten que importan a alguien, que tienen cerca a alguien que se ocupa de ellos”, añade. Tampoco existen, afirma, "mecanismos de queja que los niños puedan tener dentro del centro para que haya más protección".
Otra de las irregularidades que denuncian las ONG es el retraso del reconocimiento de su situación de desamparo, clave para obtener un permiso de residencia de larga duración, o incluso para solicitar la nacionalidad. “A veces llegan adolescentes con 17 años y esperan nueve meses hasta que se les reconozca esta situación de desamparo. Al final no llegan a documentarles y se van a la calle a los 18 años”, lamenta Perazzo. En un informe de 2017, Save The Children esquematiza el futuro que les espera a los menores según la edad y circunstancias con las que lleguen a España y el tratamiento que reciban.
Riesgo de marginalidad a los 18 años
Al igual que los menores españoles, los MENA pueden trabajar a los 16 años con la aprobación de su tutor, pero con una condición extra: disponer de un contrato laboral de 18 meses, algo que, según denuncian las organizaciones, es casi imposible. De no lograr dicho contrato antes de cumplir los 18, lo que añadiría a su permiso de residencia un permiso de trabajo, podrían salir a la calle sin la posibilidad de trabajar y sin ningún amparo.
En algunas comunidades autónomas existen centros de acogida para cuando estas personas cumplen la mayoría de edad. Les proporcionan amparo durante algún tiempo más para que puedan estabilizarse y realizar una transición hacia la vida adulta, pero aquí llegan la minoría de los casos. Son pocos centros y tienden a ser pequeños, relatan las ONG.
Jóvenes que al cumplir la mayoía de edad se han trasladado a un piso en Cádiz de la ONG 'Voluntarios por otro mundo' jmv
“Los hay que tienen mucha suerte, hacen alguna formación que incluye periodo de prácticas y ahí destacan. Se esfuerzan un montón y el empresario, si puede, los contrata por los 18 meses”, expone la experta de Save The Children, aunque destaca que esto no es lo habitual y que el riesgo de marginalidad y mendicidad es muy alto.
“El niño se acuesta cada noche con el estrés de pensar que dentro de unos meses se ve en la puerta“
“El niño se acuesta cada noche con el estrés de pensar que dentro de unos meses cumple 18 años y se ve en la puerta”, denuncia Collantes desde Unicef, quien critica que “la calle es la imagen del fracaso del sistema”.
Tras la reunión del miércoles, el Gobierno también ha anunciado su intención para revisar la eficiencia del protocolo de menores extranjeros no acompañados. Desde Unicef, Sara Collantes estima que al tratarse de un protocolo que afecta a los derechos humanos debería "tener un mayor rango normativo".