El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el inicio de los trabajos previos para tramitar la Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, que incluye el abuso sexual y el acoso a través de las redes sociales.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado en rueda de prensa que la normativa pretende desarrollar medidas específicas para la protección de grupos de menores en especial situación de vulnerabilidad, como "niñas, las víctimas de trata, los menores con algún tipo de discapacidad, losmenores extranjeros no acompañados o los menores que están en el ámbito de la diversidad sexual: lesbianas, gais, transexuales y bisexuales".
El objetivo, según Montón, es “poder actuar de la manera más eficaz y contundente” contra esta violencia y “asegurar que todos los niños disfruten de una infancia plena y feliz”.
La norma también contemplará la existencia de un registro unificado sobre menores víctimas "que permitirá disponer en una sola unidad toda la información sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia", ha informado la ministra de Sanidad, quien cree que hay que "cuantificar" el número de menores que sufren malos tratos y conocer "quiénes son los que ejercen esta violencia contra ellos".
Inhabilitación para los agresores
En esa línea, la normativa prevé para los adultos que ejerzan la violencia infantil la "inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores", incluyendo la privación de "patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción", ha precisado la ministra.
Montón también ha señalado que en los trabajos previos, además de Sanidad, tomarán parte varios ministerios como Educación, Interior, Justicia y Trabajo, además de la Fiscalía de Menores, sociedades científicas y administraciones locales, entre otros.
Uno de los pilares de los trabajos será la Convención sobre los Derechos del Niño; además, se tendrán en cuentan las aportaciones que hagan los propios menores y se contemplará la creación de un registro de menores víctimas.
La ministra ha adelantado que la legislación llegará al Congreso de los Diputados para su tramitación en el primer trimestre de 2019.