Desde hace años septiembre se ha convertido en uno de los meses clave para medir el estado del independentismo en Cataluña. La Diada del día 11 es desde 2012, año en el que la movilización soberanista marcó un antes y un después, el termómetro que marca la temperatura independentista. Esta será una Diada especial, la primera desde celebración del referéndum ilegal del 1-O y la proclamación fallida de la independencia de Cataluña, que ha llevado a prisión provisional a la cúpula del exGovern por la causa del 'procés', que se enfrentará a un juicio previsiblemente en el mes de noviembre.
Todo ello, con un clima de creciente tensión a cuenta de la colocación y la retirada de los lazos amarillos y el resto de simbología independentista que aumenta la crispación en las calles; y con el president Quim Torra y el expresident Carles Puigdemont como principales impulsores de la 'Crida Nacional de la República' con la que pretenden unir en un mismo movimiento a todo el soberanismo, a pesar de las reticencias de ERC, que sigue de la mano de Junts per Catalunya en el Govern pero mirándose ambos constantemente de reojo.
La semana que arranca tiene varias citas marcadas en el calendario que, seguro, calentarán aún más la Diada bajo el lema que deja clara la hoja de ruta: "Hacemos la República Catalana". El principal mensaje de la Asamblea Nacional Catalana, organizadora de la concentración, será reclamar el "mandato del 1-O".
Imagen de la Diada de 2018 de la entidad independentista Asamblea Catalana.
Torra marcará la hoja de ruta mientras Llarena declara en Bélgica
El próximo martes 4 de septiembre se presenta como una jornada clave en el devenir de la política catalana. El president Torra dará inicio a este 'otoño caliente' en Cataluña- con sus múltiples derivadas en la política española- con una conferencia política en la que marcará los pasos a seguir para la consecución del objetivo de construcción de la república, no se sabe si con fechas y planes concretos y con desafíos abiertos al Estado. Según La Vanguardia, volverá al punto de inicio: referéndum o ruptura.
En el encuentro que mantuvo Torra con Puigdemont en Waterloo, ambos pactaron la estrategia a seguir en el inicio de este curso político y auguraron un "otoño reivindicativo" para hacer "real" la declaración de independencia.
Mientras, Ciudadanos y PP ya piden al Gobierno la aplicación de nuevo del artículo 155. Tras la decisiva conferencia del martes, Torra y todo el grupo de Junts per Catalunya viajarán a Bruselas a reunirse de nuevo con Puigdemont en unas visitas que se intensificarán para visualizar el denominado 'Consell de la República' que comandará el expresident.
Puigdemont y Torra comparecen ante la prensa en Waterloo (EFE) EFE
Pero el martes el foco no solo lo tendrá el presidente catalán, el juez del Tribunal Supremo encargado de la causa del 'procés', Pablo Llarena, está citado en Bélgica por una demanda civil presentada por Puigdemont y los exconsejeros huidos, que piden la recusación del juez. El Gobierno ha pasado de considerar este asunto como "privado" a elevarlo a "asunto de Estado", tal y como apuntó el presidente Pedro Sánchez. El Gobierno ha contratado un bufete belga por 545.000 euros para defender al juez.
En esa vista la defensa de Puigdemont corregirá el error en la traducción al francés de las declaraciones en un acto privado de Llarena que motivaron la demanda y que podrían dar un giro al caso civil, puesto que el juez del Supremo no dijo ante la prensa que los investigados fueran culpables, como arguyen los procesados independentistas.
También en el ámbito judicial, el miércoles 5 el juez que investiga las cargas policiales del 1-O ha citado a declarar a los primeros policías nacionales acusados de actuar de forma "indiscriminada y desproporcionada". La sala especial del Tribunal Supremo decidirá ese mismo día sobre las peticiones de recusación que once procesados presentaron contra los cinco magistrados del Supremo encargados de enjuiciar la causa del "procés".
La semana 'caliente' de Cataluña continúa con el 6 y 7 de septiembre, otras dos fechas clave recordadas porque un año antes, esos días se celebraron dos plenos históricos con los que el independentismo decidió dar el salto al vacío con la aprobación, previa prohibición del Tribunal Constitucional, de la principal de la leyes de desconexión con España: La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
El deshielo en las relaciones se complica
El president Torra se reunió con el presidente del Gobierno en La Moncloa el pasado mes de julio en un encuentro que no se daba desde hacía dos años, marcando una nueva era en las relaciones Moncloa-Generalitat con el resultado de la reactivación de una comisión bilateral, inactiva desde 2011.
Sánchez recibe a Torra en La Moncloa el pasado mes de julio (EFE)
El propio Torra invitó al jefe del Ejecutivo a repetir el encuentro en la primera quincena de septiembre pero esta vez en el Palau de la Generalitat. De momento, lo que ya ha avanzado el propio Sánchez es la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que acabe el año.
La posición del Ejecutivo ha sido la de "no elevar el tono" y no entrar en lo que varias veces han denominado "provocaciones", poniendo siempre el énfasis en ese deshielo bilateral. Pero a pesar de la mejora en las relaciones las fricciones continúan y van en aumento, por días.
El presidente avisó a Torra esta semana: "Sabe perfectamente cuál es el camino que depararía volver a la quiebra de la legalidad".
El Gobierno anunció recientemente también un recurso contra el decreto de la Generalitat para reabrir las 'embajadas catalanas', aunque su objetivo sigue siendo dejar de "judicializar" el conflicto catalán.
El PP quiere aumentar su presencia en Cataluña, consciente de que Ciudadanos se ha hecho con la totalidad de la tarta del electorado en la comunidad, y, en esta nueva línea, celebrará su Junta Directiva Nacional del día 8 en suelo catalán, ese que el líder, Pablo Casado, prometió pisar a fondo como prioridad de su reciente liderazgo.
La crisis de los lazos amarillos
El último choque entre Gobierno y Generalitat ha venido a cuenta de las competencias en materia de seguridad ciudadana que se atribuyen ambos "en exclusiva". Y todo ello por el debate de los lazos amarillos, asunto del que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quiere hablar la próxima semana en la Junta de Seguridad convocada para el jueves 6 y la Generalitat se opone al considerar el "orden público y la convivencia" de su total competencia.
Por otro lado, la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación ante las identificaciones practicadas por los Mossos a algunas personas que han retirado de espacios públicos estos lazos. El Govern apoya la actuación de la policía autonómica, mientras que el Gobierno defiende la investigación de la Fiscalía, en otro nuevo enfrentamiento.
En las últimas semanas ha arreciado la tensión política en las calles de Cataluña a cuenta de estos lazos, símbolo de la reivindicación independentista y del apoyo a los políticos presos, colocados por unos y retirados por otros, lo que ha derivado en situaciones de crispación y de cierta violencia, cobrándose su primer detenido por delito de odio. Cada vez más organizadas, las 'brigadas' de limpieza vecinales salen a la calle en grupo a "retirar basura contaminante y propaganda secesionistas ilegal".
Ciudadanos ha querido erigirse abanderado del movimiento de limpieza de los lazos al más alto nivel, de tal forma que los propios líderes Albert Rivera e Inés Arrimadas han salido a la calle a quitar lazos.
Rivera y Arrimadas salen a la calle a retirar lazos amarillos. EFE
Partidos como el PSC tratan de mantener cierta equidistancia y acusan a las formaciones independentistas, por un lado, y a PP y Ciudadanos, por otro, de "inflamar el conflicto por intereses partidistas".
Los independentistas, con su propia guerra interna por el liderazgo entre Junts per Catalunya y ERC, y Ciudadanos se mueven bien en esa polarización que evidencia que Cataluña sigue dividida en dos. Arranca así un septiembre caliente con unos presupuestos autonómicos que aprobar y con una amenaza de repetición electoral constante.