La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes en prisión preventiva, Oriol Junqueras, Jordi Rull, Josep Turull, Jordi Sànchez y Raül Romeva, así como del expresident catalán Carles Puigdemont, todos ellos procesados por rebelión en la causa por el "procés" que instruye el juez Pablo Llarena.
En un auto, la Sala desestima los recursos de apelación formulados por los procesados y señala que la medida "no es fruto de una decisión discrecional" del instructor, sino que está prevista en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que tenga un cargo público quedará "automáticamente suspendido" mientras siga en prisión.
Además, la Sala considera que la suspensión de cargo público no se refiere únicamente a los delitos de rebelión cometidos por bandas armadas y señala que la gravedad de los hechos es "de tal evidencia, que autoriza una motivación implícita que resultaría perceptible por cualquiera".
Los diputados independentistas afectados por la suspensión de cargo público recurrieron el auto y argumentaron que la mención a "individuos rebeldes" que hace la ley no se les puede aplicar al no haber actuado en el marco de bandas armadas o actividades terroristas.
La Sala reconoce la importancia de los derechos suspendidos pero considera la medida "proporcionada a unos hechos que, aunque provisionalmente, han sido calificados como constitutivos de delitos que (...) atacan a la misma esencia del Estado democrático".
El Supremo ordena nombrar instructor para las recusaciones
Además, el Tribunal Supremo ha ordenado designar a un instructor que estudie la petición de recusación del presidente y tres magistrados del tribunal que enjuiciará la causa abierta por el "procés", solicitada por los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y por el exlíder de la ANC Jordi Sànchez.
Dos de ellos, Marchena y Martínez, junto con Antonio del Moral, han dictado este lunes una providencia en la que se da un plazo de tres días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que manifiesten si apoyan o no la recusación o si conocen alguna otra causa por la que los cuatro magistrados deban apartarse del tribunal.
La semana pasada la defensa de Turull, Rull y Sànchez solicitó la recusación del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y de los jueces Andrés Martínez, Ramón Berdugo y Luciano Varela por su proximidad con el instructor, Pablo Llanera, y porque admitieron la querella contra Carme Forcadell.
Precisamente, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva han presentado este lunes otro incidente de recusación contra los mismos magistrados y contra Antonio del Moral por presunta falta de imparcialidad contra cinco de los magistrados que deben juzgarles en la causa que investiga el proceso soberanista.
Junqueras y Romeva han pedido recusar a la sala que juzgará el 1-O porque sus "valores, creencias e ideología" podrían entrar en "colisión" con los de los procesados y afectar a su imparcialidad.
La sala de enjuiciamiento del caso del 1-O en el Supremo estará presidida por Marchena e integrada por los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, aunque es posible que se puedan sumar otros dos jueces, que casi con toda probabilidad, según fuentes jurídicas, serán Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.