Los ejecutivos central y vasco han llegado a un acuerdo para que el Gobierno retire los recursos que había anunciado contra los presupuestos autonómicos de este año y contra la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha informado este martes tras el Consejo de Gobierno de que este lunes se reunió en Madrid la Comisión Bilateral para hablar de la "conflictividad" en el Tribunal Constitucional y de las transferencias pendientes.
En la cita se llegó a un acuerdo para que el Gobierno central no haga efectivo ante el alto tribunal español el recurso contra los presupuestos que había anunciado el anterior Ejecutivo del PP.
Esto permitirá a la Administración autonómica subir el sueldo a sus 7.000 trabajadores "con plena seguridad jurídica" un 1,5% con efectos retroactivos al 1 de enero y un 0,25 % adicional entre julio y diciembre.
El acuerdo también permite elevar las aportaciones al fondo de pensiones de los funcionarios Itzarri hasta el 1% a finales de año y garantizar el cobro del 100% del salario desde el primer día de baja.
"Cambios puntuales y muy concretos" en la ley de víctimas policiales
En el caso de la ley de víctimas policiales se ha acordado retirar el recurso antes de las vacaciones de verano a cambio de introducir unos "cambios puntuales y muy concretos" en la norma vasca, que según ha apuntado Erkoreka tendrían en el Parlamento la disposición favorable de todos los grupos salvo el PP.
Esos "pequeños retoques" servirían para "dejar aún más claro" que la norma busca únicamente reconocer y reparar a estas víctimas y no identificar a los autores de las vulneraciones de derechos humanos y exigirles responsabilidades penales.
La Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, fue aprobada en 2016 aunque varios artículos han estado suspendidos por el recurso presentado en su día por el Ejecutivo del PP, que ahora el actual Gobierno del PSOE va a retirar.
También se han mostrado contrarios a esta ley asociaciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de víctimas del terrorismo alertadas por la posibilidad de que se agravie "con total impunidad" la dignidad de las víctimas de ETA y de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ekoreka ha explicado que con los cambios que se introducirán en la ley "quedarán despejadas todas las dudas" suscitadas "en algunos sectores" porque se subrayará que "no se invaden competencias del poder judicial" y se "salvaguardará" la presunción de inocencia, el derecho al honor y la protección de datos de carácter personal. Se recalcará además que la ley persigue "solamente" en reparar a las víctimas y no "profundizar en los autores". "Nuestro objetivo nunca ha sido el de sustituir a los tribunales ni el de hacer un señalamiento de culpas", ha dicho Erkoreka.